En el marco de las investigaciones sobre posibles irregularidades en el manejo de los subsidios para el transporte de colectivos, la Policía Federal viene realizando un control detallado de todas las unidades que se encuentran circulando en Santa Fe. Desde hace algunas semanas, uniformados recorren las empresas acompañados, incluso, por un mecánico que verifica los números de motor y de chasis de cada coche.

Este operativo fue ordenado por el juez federal N° 1, Reynaldo Rodríguez, y de acuerdo con lo informado por fuentes cercanas a la investigación, se espera que en pocas semanas la Policía termine con estas verificaciones.

Desde hace tiempo, sobrevuela en Santa Fe la sospecha de que se manejó información falsa acerca de la cantidad de unidades que se encontraban circulando. Como las empresas reciben desde la Nación subsidios de acuerdo con el número de coches en funcionamiento, se sospecha que se pudo haber "inflado" la cantidad de colectivos para cobrar más dinero de forma irregular.

Existen tres líneas diferentes de subsidios: una a través del denominado Sistau, que es un apoyo general al transporte de colectivos para todo el país; otro por medio de un precio diferenciado en la compra de gasoil y, finalmente, aparece un tercero específico para las empresas de Santa Fe, por haber sufrido las consecuencias de la inundación del río Salado.

El objetivo de este control ordenado por el juez Rodríguez es comparar los datos obtenidos por la Policía Federal con las declaraciones juradas que en algún momento hicieron los empresarios sobre la cantidad de unidades en circulación, y con la información que maneja la Municipalidad sobre el sistema de transporte.

Estas sospechas no son nuevas. El 13 de febrero pasado, la Justicia provincial recibió la denuncia de un ciudadano particular que decidió presentarse ante el fiscal Carlos Romero para dejar planteadas sus dudas y para reclamar una investigación al respecto.

En ese momento, el caso recayó en el Juzgado de Instrucción N° 5, a cargo del fallecido Eduardo Giovannini. El juez tomó declaración testimonial a los concejales de Encuentro para Santa Fe, Leonardo Simoniello y Jorge Henn, acerca de un informe que éstos hicieron público a través de su página web, en el que se planteaba la posibilidad de que existieran datos falsos en las declaraciones juradas.

Pero poco después, la Justicia provincial se declaró incompetente para avanzar en este caso, porque si hubieran existido irregularidades se habrían producido en el manejo de fondos provenientes de impuestos nacionales. Por eso el caso fue derivado a la Justicia Federal.

La ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) establece penas de prisión que van desde tres años y seis meses a nueve años, para quienes en forma "engañosa se aprovecharen indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional directo de naturaleza tributaria, siempre que el monto anual sea superior a los 100 pesos".

Esta no es la primera vez que se realiza un control que apunta a determinar cuál es el número real de colectivos en funcionamiento.

Dentro de este clima de sospechas sobre información falsificada, el 7 de marzo de este año la Municipalidad organizó un llamativo operativo en la Av. Costanera para llevar adelante un conteo de las unidades en funcionamiento.

Aquella mañana de verano, quienes pasaron por la Costanera se encontraron asombrados con una avenida repleta de colectivos, en los cuatro carriles, desde el Faro hasta unas cuadras antes del Monumento al Brigadier López.

En el lugar estaban, incluso, el intendente Martín Balbarrey; el secretario de Servicios Públicos, Martín Gainza, y el subsecretario de Transporte, Julio Michelli.

Sin embargo, poco después se conocían a través de El Litoral y del programa Después del Cierre, que se emite por Cable & Diario, nuevas denuncias de irregularidades, como las del ex encargado de uno de los talleres de líneas operadas por la Unión Tranviarios Automotor que detallaba cómo se sacaban fotos de unidades "tiradas" y en desuso, que no tenían ni siquiera motor, para falsear el resultado del conteo.

Incluso se denunció que una de las empresas habría pedido coches prestados para presentar en el momento del relevamiento realizado por la Municipalidad en la Costanera.