Rosario (C).- Desde hace días las instalaciones de un ex sanatorio céntrico rosarino, cerrado hace cinco años, se transformó de hecho en una residencia estudiantil. Y no por un emprendimiento formal sino como resultado de una ocupación unilateral.

Más de un centenar de universitarios, la mayoría del interior santafesino, permanecen allí en forma ininterrumpida. Sostienen que por la imposibilidad material de sustentar una vivienda están al borde de quedar expulsados del mundo académico y requieren una solución legal del Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario.

Los propietarios del inmueble también reclamaron una solución legal. Lo hicieron en la Justicia, mediante un pedido de desalojo por la fuerza ante lo que consideran una usurpación. Esa medida es de cumplimiento inminente. Y si bien la causa de los ocupantes del inmueble no generó una adhesión pública constatable -pese a que el tema estuvo diariamente en la agenda de los medios locales- sí es general la inquietud por un desenlace violento de esta secuencia.

El 2 de octubre por la mañana, varias decenas de universitarios forzaron la puerta de un garaje y entraron al ex sanatorio Rawson, un edificio de tres pisos que conserva en su disposición estética y en las placas identificatorias la huella de funciones que dejaron de cumplirse hace cinco años. Por entonces se ordenó la quiebra del sanatorio y el predio quedó vacío.

Grupos de estudiantes de las facultades de Humanidades, Psicología y Ciencia Política instalaron campamento en el edificio. Pasaron un día sacando basura de la planta baja y acondicionaron el tercer piso como dormitorio. A la tercera noche más de cien se quedaron a dormir. Y durante el día, al igual que en las jornadas siguientes, permanecerían en el vasto hall del acceso unos 50 jóvenes. Que recibieron adhesiones de otros estudiantes e incluso de algunos vecinos.

Cerrado desde diciembre de 1997, las instalaciones del Rawson fueron deteriorándose y ganadas progresivamente por el abandono. Pero cuando la toma del edificio se hizo pública, los propietarios del inmueble presentaron un escrito ante la Justicia reclamando el desalojo.

Y también exigieron que se identificara a los moradores porque ellos, aseguraban, deberían responder patrimonialmente por el daño eventual causado dentro de la antigua clínica.

El trámite no arredró a los ocupantes, que fueron ellos mismos a entrevistarse con el juez que recibió la presentación, quien no los recibió ese día aunque luego sí lo hizo. A esta altura tenían contacto con autoridades de la UNR. El rector, Ricardo Suárez, había rechazado en forma categórica la medida. No era el único: el presidente de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), la consideró "puro infantilismo". Y subrayó que era inorgánica porque no había sido discutida sino adoptada de hecho.

"Seguiremos aquí pacíficamente. Los que vivimos en el interior necesitamos una residencia universitaria porque ya no podemos seguir solventando nuestros estudios", dijo Mario Castells, un alumno de Letras que es oriundo de Gálvez. Planteaba que para al menos 50 de los ocupantes, la opción era la permanencia allí o la deserción de sus carreras. "No queremos problemas con la Justicia. Si nos piden que nos vayamos lo haremos. Sólo queremos que la Universidad escuche nuestro reclamo", agregaba Castells.

A cuatro días de la toma, el juez correccional Horacio Benvenutto, explicaba que el comportamiento de los universitarios violaba el derecho de propiedad privada y era, por tanto, antijurídico. Pero remarcaba que le habían requerido un plazo de tres días para intentar algún entendimiento con los propietarios. Plazo que el juez concedió.

El rector Suárez explicaba que la UNR tiene 40 residencias donde viven 700 estudiantes pero que, dado el restringido presupuesto que se destina a salarios casi en un 97%, no hay fondos para atender el reclamo. Y advertía que la única gestión a su cargo fue intentar garantizar la integridad física de los alumnos cuando llegue el momento del desalojo.

El viernes el juez Benvenutto dictó finalmente tal orden y un oficial de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) se llegó hasta el inmueble ocupado para notificar la resolución. Los estudiantes pidieron, entonces, una respuesta al rectorado para "los 40 compañeros que no tienen forma de seguir estudiando" si se van de allí sin una alternativa. Que el rectorado, ni otros sectores de la comunidad académica, aceptan considerar bajo lo que entienden una forma inaceptable de presión.