El nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 habilita una serie de reflexiones cuyos contenidos forman parte de un debate que los argentinos aún no agotaron. Esta nueva fecha se recuerda en un contexto especial, ya que el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, promueve un acto oficial cargado de simbologías e imágenes.

Como es de público conocimiento, el mandatario ha resuelto retirar los retratos de Videla y Bignone y ha impulsado el proyecto de que las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada se transformen en el Museo de la Memoria. Por lo pronto, la iniciativa ha provocado tensiones y conflictos. El pedido de pase a retiro de militares de alta graduación y el malestar de los principales gobernadores del peronismo por sentirse discriminados a causa de objeciones a su participación ponen en evidencia no sólo las diferencias existentes en el tema, sino los imprevistos de una situación cuyo desenlace se ignora.

Históricamente, el 24 de marzo de 1976 ha quedado registrado como una fecha condenable. El asalto de las Fuerzas Armadas al poder constitucional no se justifica ni siquiera por el indudable desprestigio del gobierno de Isabel Martínez de Perón y, mucho menos, por la actividad de las organizaciones terroristas; muchas de ellas ya estaban debilitadas para entonces.

Lo ideal habría sido, en ese momento, comprometer al conjunto de la clase dirigente y de los factores de poder para respetar el orden institucional. La consigna del dirigente radical, Ricardo Balbín -"llegar con muletas al '77"-, expresaba con inusual realismo una de las posibilidades que, lamentablemente, las Fuerzas Armadas descartaron a favor del golpe de Estado.

Tan grave como el asalto a las instituciones fue la metodología de la que se valieron los militares para combatir a las organizaciones subversivas. La decisión de recurrir al terrorismo de Estado para poner punto final a la insurgencia se ha revelado como un error cuyas consecuencias negativas aún están pagando la sociedad y las propias Fuerzas Armadas.

Es necesario decirlo una vez más: la condena a la violación de Derechos Humanos practicada por las Fuerzas Armadas no significa una justificación ni un aval al accionar de los grupos terroristas responsables de la ola de violencia y muerte que embargó al país durante los '70.

La condena al terrorismo, en cualquiera de sus variantes o signos ideológicos, implica, por lo tanto, asumir hasta las últimas consecuencias una ética de la paz y la no violencia que el Estado autoritario instalado por las Fuerzas Armadas y las organizaciones insurgentes no fueron capaces de asumir.

Hay un debate abierto acerca de si existían otras posibilidades para resolver la crisis de 1976. Sin embargo, más allá de las especulaciones teóricas, lo que queda claro es que la resolución no fue la más correcta y, en muchos casos, hay motivos para pensar que fue la más desafortunada.

Lo que no se puede perder de vista es que, no obstante estas consideraciones, el golpe del 24 de marzo de 1976 fue aceptado o apoyado por una amplia mayoría de la sociedad, harta del desgobierno y la corrupción de la gestión de Isabel Martínez de Perón. El dato debe tenerse en cuenta porque no se puede ignorar el consenso que en su momento tuvo el pronunciamiento militar, aunque los militares en el poder en pocos años lo dilapidaron.

El terrorismo de Estado, los desaciertos económicos, el espíritu belicista aventurero -cuya máxima expresión fue la descabellada aventura en Malvinas- deterioraron a la dictadura militar y sentaron las condiciones para su derrumbe y su prolongado desprestigio.

Otra conclusión que habilita el aniversario es que, a contramano de lo que expresan los sectores más radicalizados de las llamadas instituciones de Derechos Humanos, en la Argentina hubo juicio y castigo a los culpables. Ni el Punto Final ni los indultos impidieron que los principales protagonistas de la Junta Militar del autodenominado "Proceso" estén presos. La lógica funcional del Estado sigue condenando la asonada golpista y la misma sociedad continúa sancionando a los militares que violaron los derechos humanos.

En la Argentina no hubo ni hay impunidad, por más que la izquierda recalcitrante insista en esa cuestión y olvide que lo que se hizo o se está haciendo en nuestro país prácticamente no tiene precedentes en Occidente. Y, al respecto, basta con prestar atención a lo que se decidió en Brasil, Uruguay o Chile, países donde los acuerdos o pactos con las Fuerzas Armadas fueron los signos dominantes.

Por último, la fecha obliga a reflexionar acerca de la discriminación ejercida por la señora Hebe de Bonafini contra quienes, desde su óptica, también condenan lo sucedido aquel 24 de marzo de 1976. Lo sorprendente, en este caso, no es que algunos sectores radicalizados de la sociedad pretendan imponer sus condiciones ideológicas; lo curioso es que sea el presidente de la Nación quien avale esas prácticas.

Una vez más, es necesario recordar que la defensa de la democracia y de los Derechos Humanos es tarea de todos y, por lo tanto, no hay lugar para la discriminación y la intolerancia que siempre siembran fracturas sociales.