Buenos Aires (C).- La diputada nacional Lilia Puig de Stubrin presentó un pedido de informes acerca del decreto N° 380 del Poder Ejecutivo nacional. Impulsada por Roberto Lavagna, la medida crea una fundación para desarrollar nanotecnología (tecnología de miniatura) con un aporte estatal de 10 millones de dólares, en un emprendimiento asociado con una empresa privada.

La legisladora advierte que la Fundación Argentina de Nanotecnología se crea así "por fuera del marco legal que regula las actividades de ciencia, tecnología e innovación productiva" y "sin la participación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología". El sector privado involucrado en el emprendimiento es, según la legisladora, la multinacional Lucent Technologies a través de sus laboratorios Bell.

Señala Puig de Stubrin, en referencia al decreto cuestionado, que "una adjudicación directa de fondos termina quebrando el sistema científico-tecnológico nacional". Para Puig de Stubrin, la ley N° 25.467 que crea la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica establece claros mecanismos de concursos y licitaciones, en tanto la ley 24.156 de administración financiera reclama dictámenes previos cuando el Estado aporta fondos a una Fundación en la que participa el sector privado.

"Horas antes de que se publicara en el Boletín Oficial el decreto 380/2005, por la que se autoriza al Ministerio de Economía para crear e integrar la Fundación Argentina de Nanotecnología, se confirmaba que se sustentaría la creación en un acuerdo con la empresa Lucent-Bell, y la formación de un directorio presidido por el secretario de Industria e integrado por representantes de la CNEA y de la mencionada empresa, quien pondría a disposición de investigadores argentinos y para formación de personal, testeo de diseños y otras actividades conexas, sus instalaciones. Este acuerdo habría sido gestionado por un investigador que el ministro de Economía designa como Dr. Pérez".

La legisladora, que preside la Comisión de Ciencia y Tecnología en Diputados, advierte que según el estatuto, la Fundación tiene amplios márgenes para actividades más allá de la micro y nanotecnología. Además, pide que el Ejecutivo explique de quién serán las patentes de los productos que se desarrollen en la Fundación y si se ha previsto que, por falta de empresas que desarrollen nanotecnología en el país, los recursos humanos que se capaciten podrían terminar en el exterior.

"Desde el mes de noviembre pasado, el Ministerio de Economía venía informando a través de medios de prensa sobre la implementación de un plan de desarrollo de la nanotecnología, especialmente sobre piezas microscópicas que se utilizan en medicina, óptica y comunicaciones", dice la diputada radical.

En esas comunicaciones, Economía reconocía que "el costo de lo requerido para la producción nanotecnológica llegaba -para la construcción de un cuarto limpio (una suerte de laboratoria aséptico)- a unos 400 millones de dólares, por lo que se necesitaba la cooperación con empresas u organizaciones como Lucent-Bell, relación que estaba ya por concretarse".