Huelga salvaje de dos gremios aeronáuticos
La Constitución Nacional reconoce el derecho de huelga, pero el límite a su ejercicio es el orden público. En un sistema político democrático no existen derechos absolutos. Todos y cada uno de ellos tienen su contrapeso indispensable para asegurar una interacción social equilibrada. Nadie niega el derecho de huelga, pero hay excesos inaceptables. Para referir su abuso se acuñó el término "huelga salvaje".
Esta es la calificación que merece la huelga llevada adelante por los empleados aeronáuticos de Aerolíneas Argentinas. Al respecto, la experiencia sindical sostiene que nunca conviene jugar al "todo o nada" en un conflicto laboral. Siempre es inteligente dejar abiertos espacios para el diálogo y la negociación. Esa sencilla norma de sentido común parece no haber sido tenida en cuenta por los dirigentes de APLA y APTA, los dos gremios que protagonizan esta huelga.
En tiempos lejanos eran los sindicalistas anarquistas los que propiciaban la huelga por tiempo indeterminado como paso previo a la huelga general revolucionaria y la implantación de un nuevo orden social. No parecen ser éstas las pretensiones de estos dirigentes sindicales, muchos de ellos duchos en las intrigas corporativas, y otros que ocupan cargos políticos, como es el caso de Ricardo Cirielli, subsecretario de Transporte Aerocomercial de la Nación y reconocido por sus enfrentamientos con la referida empresa.
Ni anarquismo ni ideales redentores; por el contrario, en este caso, los reclamos salariales están teñidos por pujas internas de carácter corporativo y operaciones políticas tendientes a provocar cambios en la actual composición de Aerolíneas. Que de los siete gremios que representan al sector sólo sean dos los que protagonizan esta huelga salvaje, demuestra no sólo los niveles de atomización sindical, sino la desmesura de un conflicto que genera perjuicios en todos los niveles, empezando por los pasajeros.
El reciente corte de la autopista Ricchieri comporta un atentado contra la extensa cadena de servicios del turismo y contra el país mismo. Personas de todas las edades y de diversa condición y nacionalidad debieron soportar penurias de todo tipo porque a 200 activistas se les ocurrió interrumpir el tránsito demostrando una absoluta indiferencia por los derechos de los demás.
Se estima que más de 47.000 pasajeros resultaron afectados -entre vuelos internos y externos- y que la pérdida de la empresa hasta el momento es de más de ocho millones de dólares. Las medidas de lucha han sido reprobadas por la mayoría del arco político y por importantes dirigentes sindicales. Buenos motivos hay para cuestionar un paro que perjudica a la sociedad, afecta la imagen del país y daña las fuentes de trabajo e ingresos de millones de compatriotas.
En suma, la huelga es un derecho incuestionable, pero su ejercicio debe ser responsable, máxime cuando se trata de transportes públicos y media el dictado de conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ante el desprecio olímpico de las instituciones y la convivencia civilizada, es hora de que el gobierno ponga los puntos sobre las íes.