Fruto de una larga lucha; lucha para recuperar simplemente lo que les pertenece. Con estas frases, representantes de las comunidades aborígenes de la provincia resumieron -y celebraron- la firma del decreto con el que el Poder Ejecutivo reglamentó, después de casi tres años, la Ley 12.086 que permite restituirles tierras e islas fiscales.

"Esto es el resultado de una lucha que venimos sosteniendo desde la Organización Provincial de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (Ocasfe) para la restitución de las tierras que ancestralmente fueron ocupadas por poblaciones aborígenes", sostuvo Clara Chilcano de Ocasfe consultada por El Litoral.

Clara es integrante de la organización; pertenece a la comunidad mocoví de Alcorta, donde están asentadas unas 48 familias. Al acto que se hizo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno para presentar el decreto firmado, asistieron también representantes de la comunidad toba, de la Asociación Amigos del Aborigen, y de asentamientos de Recreo y Calchaquí, entre otros distritos.

La reglamentación dispone la constitución de una comisión de Adjudicación que estudiará cada caso antes de la restitución de las parcelas. Estará integrada por representantes de cada uno de los municipios y comunas en cuyo territorio se encuentren las comunidades; además, referentes de los ministerios de Gobierno, de Educación, de Salud; de la secretaría de Promoción Comunitaria y Medio Ambiente; y los subsecretarios de Comunas y Municipios, quienes ejercerán la función de coordinación..

En la provincia de Santa Fe existen entre 40 y 45 mil aborígenes distribuidos en todo el territorio, a través de 175 asentamientos en los diferentes departamentos. "No tenemos un censo hecho, pero como indígenas conocemos la realidad de nuestras familias", explicó Clara.

Como miembro de Ocasfe, resaltó la actitud del actual gobierno provincial y particularmente de Jorge Obeid, quien en abril los recibió en la ciudad de Reconquista, y les propuso integrar una mesa de trabajo para avanzar en la aplicación de las leyes vinculadas con estas comunidades.

"Por un lado, hablamos de la Ley 11.078, que ya tiene 13 años de antigüedad y que sólo se ha reglamentado parcialmente. Ello permite crear el Instituto Provincial Aborigen Santafesino (Ipas) en el que estamos trabajando. Por otra parte, está la Ley 12.091 sobre las tierras de la cuña boscosa santafesina, compartidas con los pequeños agricultores del departamento Vera".

Algo empezó a hacerse, pero todavía falta. "El reclamo que hoy está pendiente es para que a través de la calidad de los derechos humanos, podamos tener participación plena dentro de las decisiones y de las nuevas políticas, que podemos generar los pueblos indígenas conjuntamente con el Estado. Esto por un lado. Por el otro -completó-, están pendientes los títulos de propiedad de las tierras a nivel individual. Porque si bien la Constitución Nacional plasma los derechos, es necesario que esto no sea un mero deseo sino que podamos hacerlo operativo al menos en una provincia del Estado argentino. Esto implicaría una reivindicación como hecho histórico sobre las tierras", remarcó.

Consultada sobre la cantidad de tierras que deberían ser restituidas a las comunidades aborígenes, Clara Chilcano rememoró: "Sabemos que en el primer gobierno que tuvo la provincia de Santa Fe, se habían pactado 73 mil hectáreas en el departamento San Justo con el cacique Mariano Salteño. Esas tierras son ancestrales, y hoy está allí asentada la comunidad aborigen de Colonia Dolores, pero no tienen título de propiedad. Por eso decimos que hay que buscarle la legalidad al asunto para que todo esto se haga operativo".

Respecto de las tierras que les restituirían a partir del trabajo que realice la Comisión de Adjudicación estipulada en el reglamento, precisó que serían "aproximadamente 40 mil hectáreas, pero de parcelas, cuñas o cavas, y restos de parcelas pequeñas que han quedado o islas, la mayoría fiscales. Queda todavía un largo trabajo, porque muchas de ellas hoy están ocupadas", concluyó.

El subsecretario

de Asuntos Penales, José Luis Benaglia, resaltó durante el acto de presentación de la reglamentación, que el decreto para ceder tierras a comunidades aborígenes se enmarca dentro de la política de "promoción y respeto de los derechos humanos" que impulsa la provincia. "Se trata de pagar deudas con estas comunidades. Esperemos que podamos seguir trabajando para que esta entrega simbólica, esto que hoy concretamos en los papeles, se termine haciendo realidad", expresó.

La Ley 12.086 dispone que las adjudicaciones de lotes y parcelas de islas fiscales a las comunidades aborígenes de la provincia sean con carácter de "reparación histórica como Pueblos originarios y preexistentes a la Nación".

Según la norma, dichas adjudicaciones serán "de manera gratuita y libre de ocupantes, en forma comunitaria o individual, según el interés de cada grupo o comunidad". Se procurará que dichas tierras estén ubicadas en el lugar donde habita la comunidad o zonas más próximas, siempre con el consentimiento libre y expreso de sus integrantes.

El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, efectuará un relevamiento territorial tendiente a establecer la ubicación de los núcleos de las comunidades aborígenes en la provincia, con el fin de que las adjudicaciones se ajusten a lo dispuesto en la normativa. También, gestionará la aplicación de programas de desarrollo social y comunitario u otros, con la debida prestación de asesoramiento técnico y capacitación y teniendo en cuenta las costumbres y técnicas aborígenes.

Las tierras adjudicadas -dice el artículo 8 de la ley- no podrán ser vendidas ni dadas en garantía, y no podrán ser usadas, explotadas o alquiladas por personas que no sean aborígenes. Las escrituras traslativas de dominio y las mensuras necesarias de realizar, serán gratuitas y realizadas por la escribanía mayor de Gobierno y Catastro. Las tierras adjudicadas estarán exentas del pago de impuestos y/o tasas de servicios de orden provincial.