El gobierno negó, con énfasis creciente a medida que corrían los días, tener la intención de propiciar una reforma constitucional que elimine la reelección presidencial y extienda el mandato a cinco o seis años. De la misma forma, se desvinculó de una iniciativa parlamentaria destinada a dejar sin efecto el sistema de elecciones internas abiertas y simultáneas.

En ambos casos, se trata de reformas con fuerte implicancia institucional, pero que a la vez califican como "políticas". Por lo mismo, es comprensible el revuelo causado y la sucesión de opiniones cruzadas generadas a partir de su difusión. Y también por esa razón, los miembros del gobierno no pueden argüir inocencia y limitar la cuestión al ámbito de las "opiniones" vertidas casi al descuido y sin otro fundamento que el "análisis político" que está en condiciones de hacer cualquier interesado en la materia.

En lo que respecta a la supresión de la reelección, el criterio parece ir a contramano de las inclinaciones habituales de quienes ejercen el poder que, de hecho, llevaron en 1994 a incorporar el instituto. Sin embargo, no pocos analistas consideraron que el punto principal de análisis debe ser la extensión del período, y combinarla con una eventual estrategia de alternancias pergeñada por el actual mandatario. Pero haciendo abstracción de tales especulaciones, otros objetaron el sistemático manoseo de que se hace objeto a la Carta Magna, cuando las disposiciones de la última reforma ni siquiera llegaron a aplicarse en su totalidad y, de hecho, muchas fueron reformuladas o desvirtuadas, a gusto y conveniencia del Poder Ejecutivo.

Las internas abiertas, por su parte, se gestaron al fragor de la crisis de 2001 y el clamor por "que se vayan todos", como una módica respuesta a una sociedad que rechazaba a los partidos políticos tradicionales y una forma de otorgar un papel más decisivo a la ciudadanía en las decisiones, restando influencia a los "aparatos".

La experiencia práctica demostró, no obstante, que aquél reflejo no tendría correspondencia con la realidad, ya que no llegaron a aplicarse en las elecciones presidenciales -donde además los candidatos justicialistas participaron bajo otras identificaciones partidarias, para evitar la compulsa interna- y en el único caso en que fueron operativas, los comicios legislativos del año pasado, la participación fue irrelevante. Cabe apuntar aquí que la situación de Santa Fe, para los cargos provinciales y locales, es diferente, ya que el sistema que reemplazó a la ley de Lemas prevé internas abiertas y obligatorias.

La manipulación de la normativa general conforme a los intereses específicos de quien detenta coyunturalmente el poder, ha sido la regla en la vida institucional argentina y la gestión del actual gobierno nacional no ha sido la excepción al respecto. Los debates que recurrentemente se generan -con mayor o menor grado de intencionalidad- responden a esa lógica y dejan al desnudo las debilidades que nuestra democracia necesita imperiosamente comenzar a revertir.