Charla con Eduardo Barcesat

"Se debe investigar el Estado corrupto de la década del 90"

Barcesat marcó diferencias con el gobierno en el tratamiento de la deuda externa. Foto: Luis Cetraro. 

El abogado constitucionalista ponderó el impulso del gobierno a la política de derechos humanos y trazó los nuevos objetivos. Fue convencional constituyente nacional en 1994 y vino a disertar a la Corte en el panel académico de la jornada de derechos humanos.

-El tema derechos humanos fue siempre bandera de organismos, pero este gobierno lo puso en el centro de la escena.

-El movimiento de derechos humanos ha tenido siempre una postura sobre el tema. No podemos dejar de reconocer, y es un gran mérito, que el actual gobierno le ha dado un enorme impulso al conocimiento y decisión sobre el pasado, la experiencia del horror en la Argentina, el Estado terrorista. La anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, el impulso dado a la nulidad de los indultos que se consagrará en breve tiempo, marca un panorama distinto y que vaticino no sólo será el juzgamiento del Estado terrorista sino también el principio de juzgamiento y decisión sobre el Estado corrupto que caracterizó a la década del 90. No solamente habrán de avanzar las causas que refieren a derechos humanos sino también aquellas que refieren a la corrupción cometida desde el dominio de aparato del Estado. >

Insistimos, además, en la necesaria atención que debe prestársele a los derechos económicos, sociales y culturales. En esto hay un atraso enorme en la sociedad argentina. El crecimiento económico no se ha transparentado o revertido en una mayor igualdad, recuperación e inclusión social. Hay todavía grandes bolsones de pobreza, marginalidad y exclusión social forzada que constituyen todo un desafío y una afrenta a la política de derechos humanos. >

Enormes tramos del discurso político institucional están dedicados a los derechos humanos pero no sé si hubiera sido así sin la experiencia del horror. La paradoja es que necesitábamos atravesar una circunstancia extrema, un episodio único y desgraciado en la historia institucional para que los argentinos tomáramos conciencia de que los derechos humanos no eran solamente expresión del mundo ideal de los normas, sino algo que necesitamos en el mundo real y cotidiano.>

-Menciona la necesidad de investigar la corrupción de los 90 pero ¿ las causas no están prescriptas? -En materia de derechos humanos hay imprescriptibilidad pero no todos son crímenes de lesa humanidad. Los delitos económicos no lo son ni propiciamos que lo sean. Por una errónea legislación, la ley 25.990, que está cargada de errores materiales que hacen pensar que hubo mala intención, las causas que van a prescribir son aquellas que refieren a los delitos económicos que por la natural complejidad insumen lapsos mayores que los hechos de la delincuencia común. Hay que luchar por la declaración de inconstitucionalidad de esta norma tan abrupta, impensable, que vino a favorecer aquellos ladrones de guante blanco. -Pero la Argentina tampoco resolvió judicialmente la deuda externa que se multiplicó en la segunda parte de la década del 70.-Éste es el único tema en el cual tengo una gran distancia con el actual gobierno porque creo que debió haberse realizado una investigación de la deuda externa y luego, aquello que era justo, establecer cómo se paga. Tengo la convicción de que hemos enterrado e hipotecado generaciones futuras de argentinos en función de una deuda que lo único que ameritaba era su declaración de nulidad e inconstitucionalidad. Desgraciadamente, al haberlo hecho un gobierno constitucional, bajo mecanismos que no son los que establece la Constitución porque el tema le corresponde al Congreso, este accionar por fuera del mecanismo institucional ha dañado a la Argentina y su futuro. Un crecimiento independiente, una inversión en política de derechos humanos ha sido afectada por una decisión que no ha emergido de los canales constitucionales y que inversamente ante la opinión pública internacional aparece como un reconocimiento irreversible de la validez de la deuda como ha quedado y que más allá de la quita, significa todavía para los futuros compromisos un desembolso de más de 140 mil millones de dólares. -Esta semana coinciden la decisión de reducir el número de ministros de la Corte y la entrada en vigencia de un acotado Consejo de la Magistratura. ¿Es casualidad o decisión política?-Ambas iniciativas no se corresponden. La reducción de la Corte, frente a una desmesura que provocó la decisión menemista de tener una mayoría automática propia, me parece muy justa y ha concitado el apoyo de todo el arco de la opinión política e institucional del país. Nos sumamos al apoyo porque había que salir de esta situación molesta, turbia, de que no se pudieran resolver temas de la Corte porque había que formar mayoría de cinco vocales cuando hay siete ministros. Inversamente, la decisión de achicar el Consejo de la Magistratura no redunda en una mejora institucional sino en un mayor peso del poder político sobre la actividad de los jueces. No parece aconsejable.

El caso López

A dos meses de la desaparición de Jorge Julio López, Barcesat entiende que "esto demuestra que todavía la tarea de deslindar, de establecer una ruptura entre excepcionalidad o bestia institucional, por la dictadura, y el Estado de Derecho es una tarea pendiente de la sociedad argentina. Buena parte del aparato de fuerza, gestado, imbuido, corrupto en el uso de una fuerza oculta, sigue vigente en la Argentina en algunos estamentos o bolsones. Esta es una tarea pendiente que nos compromete. Hay iniciativas que no pueden demorarse. Hay instituciones como la Secretaría de Inteligencia del Estado que no tiene sentido ni razón de ser, no están previstas ni queridas por la Constitución Nacional. Estos organismos al igual que los de inteligencia de las fuerzas armadas no cumplen ninguna función y deberían ser excluidas. Deberíamos dar avances institucionales en el desmontaje de estos bolsones del aparato de terror".

Oralidad

Barcesat marcó pros y contras en el juicio oral en el proceso penal. "El proceso oral es de mayor inmediación, de mayor cercanía entre la justicia y la sociedad civil. Le permite a la sociedad ejercer un control sobre lo que hacen los jueces. No hay que esperar milagros del proceso oral. Sí esperar una razonable cuota de mejora en la administración de justicia, pero no creamos que hay una receta infalible y que pasa por el proceso oral. Mejora el control sobre el Poder Judicial pero no es garantía de nada, ni tampoco de que haya mayor celeridad o ecuanimidad en la decisión de los jueces. Es una herramienta útil, pero una herramienta más", señaló.

Mario Cáffaro