La Ley 26.061, que deroga la Ley de Patronato, concibe a la infancia como una sola y reconoce a todos los niños y niñas como sujetos de derechos. De acuerdo con ella, ningún chico ni adolescente puede estar privado de su libertad en un internado por cuestiones asistenciales o de pobreza.
La promulgación de la Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y su posterior reglamentación significaron un giro radical en nuestra legislación ya que, desde ahora, ningún chico que se encuentre en situación de vulnerabilidad podrá ser privado de su libertad mediante la internación en institutos. Por el contrario, deberá ser el Estado el encargado de instrumentar políticas sociales tendientes al fortalecimiento del entorno familiar.
La nueva ley, promulgada en octubre del año pasado y reglamentada en abril de este año, deroga los postulados de la Ley de Patronato, de 1919, que, entre otras facultades, permitía a los jueces privar a los niños de su libertad, por tiempo indeterminado en institutos o centros, así como resolver su destino sin escucharlos ni tener en cuenta la voluntad de sus padres.>
Cabe señalar que la institucionalización por motivos asistenciales o de vulnerabilidad, a diferencia de la institucionalización por motivos penales, consiste en la internación de un chico o adolescente en institutos de menores o establecimientos similares bajo una medida judicial o administrativa por cuestiones vinculadas a la falta de recursos económicos de sus familias, fugas de hogar, maltrato, abuso, violaciones y abandono; casos en los que la internación y el encierro, amparados en la Ley de Patronato, eran considerados como la mejor manera de protegerlos.>
Pero la Ley 26.061, como expone un material difundido por la Red de Diarios de Periodismo Social, "deja en claro que la situación socioeconómica nunca puede dar lugar a la separación de un chico de su seno familiar y obliga a los organismos del Estado a garantizar los derechos del niño a través de políticas públicas y la inclusión en programas de apoyo". En caso de que la separación temporal o definitiva del chico con su familia sea inevitable, "el Estado deberá procurar su convivencia dentro de la familia ampliada -parientes cercanos- o bien con otros miembros de la comunidad ya vinculados a él -familias sustitutas".>
En definitiva, el cambio logrado a partir de la nueva ley "obliga a desmontar un sistema que retiene a miles de chicos en institutos y centros y crear otro nuevo que deje de considerar a los niños como objeto de tutela gubernamental y los reconozca como verdaderos sujetos de derechos". Para ello, es imprescindible que el Estado nacional, las provincias, las comunas y los municipios definan políticas, planes y programas de protección tendientes a evitar que los niños y adolescentes, cuyos derechos se encuentran vulnerados, permanezcan en una situación de riesgo.>
Desde un instituto
Sobre la ruta nacional 19, a la altura del kilómetro 7, se localiza el Hogar Granja San Isidro. Y hasta allí se dirigió El Litoral para conocer cómo funciona, cómo viven los niños y qué opina su director acerca de la nueva ley.
"Esta institución fue creada el 17 de octubre de 1934 por un grupo de personas que, convocadas en la Asociación El Centavo que preside Choli Gayá, se interesó en los niños marginados", contó Germán Poch, director de la entidad desde hace cinco años.>
Pero el Hogar Granja San Isidro tiene una particularidad: sus instalaciones, en un predio de 18 hectáreas, permiten la realización de actividades vinculadas a la siembra y a la crianza de animales.>
Varones desde los seis a los doce años, derivados del Juzgado de Menores y de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, son los que recibe el hogar a través de un convenio por treinta plazas. Actualmente son 24 los niños internados (18 los que duermen allí y 6 los que están con distintas familias para una futura adopción) por problemas afectivos o económicos de sus familias.>
"El hogar trabaja con gente especializada, como son los psicopedagogos, los psicólogos y los asistentes sociales, que tratan los problemas con los que entran estos chicos. Como rutina nuestros niños se levantan, tienden las camas, se higienizan, desayunan y van a una escuela rural; cuando regresan almuerzan, hacen la tarea y se cambian para realizar actividades en la granja, donde tenemos, entre otras cosas, un tambo propio, gallinas y ovejas", contó Poch.>
Sobre el régimen, agregó que quienes están autorizados por el juez pueden salir del hogar o ser visitados por sus familiares. Incluso algunos trabajan en Santa Fe. Eso, considera, "es muy bueno para los adolescentes porque, además de que pueden establecer otras amistades, les gusta que uno confíe en ellos".>
Consultado sobre la nueva ley, indicó estar de acuerdo "si realmente se la aplica como debe ser". "Considero que estar en este tipo de instituciones no es bueno para un chico. Por eso, veo bien que se le dé protección de otra manera", dijo.>
"De cualquier manera, los vínculos con las familias no se dan de un día para el otro, ni en un mes. Es un trabajo en conjunto que lleva tiempo. Los problemas con niños van a existir siempre, es por eso que no creo que estos lugares cierren definitivamente. Igualmente habrá que ver cómo avanza la aplicación de la ley", puntualizó.>
La historia de Walter
Walter es el internado más antiguo del Hogar San Isidro. Es un adolescente de 17 años que, cuando a fin de año finalice el curso de herrería que está realizando, se irá a San Cristóbal a vivir con sus abuelos.
"Walter llegó al hogar a los ocho años, cuando a su mamá le quitaron la patria potestad y un juez lo derivó acá", contó Germán Poch, el director. Y agregó que "cuando se vaya, ya que encontramos a los abuelos, todos sentiremos su ausencia porque es un gran colaborador".>
En diálogo con El Litoral, el joven manifestó que tiene muchas ganas de irse y aprovechar el tiempo perdido con los integrantes de su familia; aunque admitió una profunda tristeza por tener que marcharse del lugar que, desde 1998, lo cobijó.>
"Actualmente trabajo en una herrería de Santo Tomé. Al mediodía corto los yuyos del hogar y por la tarde juego a la pelota con los chicos. También lo ayudo al celador", contó. Y agregó que la vida en la institución es tranquila y mucho mejor que la que ofrece la calle, donde nadie te da de comer, de estudiar ni de vestirte". Sobre la vida en el hogar dijo que entre todos los internados se llevan bien, aunque reconoció que "por ahí hay peleas muy bravas".>
Por último, Walter manifestó estar de acuerdo con lo que establece la nueva ley ya que, en sus palabras, "me hubiese encantado pasar la infancia junto a mi familia".>
Definición
Por privación de la libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como la internación en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad sino por orden de cualquier autoridad judicial o administrativa. La privación de la libertad constituye una severa restricción de derechos que provoca deterioros irreversibles en el normal desarrollo y evolución de los niños, niñas y adolescentes por el nivel de sufrimiento que conlleva. La selectiva aplicación hace más vulnerables a aquellos en situación de pobreza.
El 87,1% de niños, niñas y adolescentes privados de libertad lo está por una causa "de asistencia" o "de protección" y no por causas penales. Aunque en varias provincias -como ser Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Misiones y Santa Fe- el porcentaje supera el 90%. Son más los varones privados de libertad; pero son más las mujeres que lo están por causas no penales. La mayor parte de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad se encuentran en instituciones con un régimen de tipo semiabierto (45.9%). Pero en las provincias de Corrientes, Jujuy, Misiones, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán la relación se invierte ya que son más los niños y jóvenes alojados en instituciones bajo un régimen cerrado.(*) Datos extraídos de Privados de libertad. Situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina, investigación realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la cooperación de la Oficina de Unicef en Argentina.
Mónica Ritacca
