Dos episodios ocurridos en dos localidades del interior del país expresan la crisis educativa que hoy domina a la escuela pública y, al mismo tiempo, la resistencia de ciertos sectores de la sociedad a la cultura facilista que parece instalarse en la nación con la anuencia de funcionarios y la indiferencia de más de un docente.

En Granadero Baigorria un padre expresó su protesta ante las autoridades porque considera que su hijo no merece pasar de grado. Según esta familia el hijo tiene dificultades de aprendizaje y por lo tanto no es justo que promocione porque carece de los conocimientos indispensables para estar en otro grado y esta aparente "ventaja" con la que ahora es beneficiado mañana se transformará en un perjuicio objetivo.>

El caso es ejemplar porque contrasta con una reciente disposición que asegura la promoción de los niños de primer grado con independencia de su saber. En nombre de un supuesto humanismo se promociona a los niños, una orientación que luego por diferentes caminos, se extiende a todo el sistema educativo a través de modalidades legales y extralegales.>

En Granadero Baigorria un padre decidió decirle no a esta aparente "facilidad" educativa. El señor considera que su hijo debe educarse en serio y por lo tanto debe cumplir con las exigencias básicas de un sistema educativo, incluido sus premios y castigos. No se trata de una regresión al pasado o a métodos educativos perimidos, sino que la educación cumpla con sus fines.>

Las críticas que en su momento se hicieron al autoritarismo y a la escuela tradicional pueden haber sido valiosas a condición, como se dice en estos casos, de no arrojar con el agua sucia al niño de la bañera. La disciplina, el respeto a los maestros, las exigencias pedagógicas son tan indispensables para el proceso educativo como la presencia de docentes capacitados, dedicados a su profesión y preocupados por enseñar a leer y escribir.>

Entre tanto, en la localidad cordobesa de Huinca Renancó el hijo de un fiscal promocionó de curso gracias a un fallo judicial que desautorizaba a los docentes. El escándalo fue tan grande que el propio gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, intervino para solidarizarse con los profesores, además de criticar con duros términos al procurador de la provincia por no haber cuestionado a tiempo un fallo judicial que convalidaba un privilegio.>

Invocando supuestas e improbables persecuciones y desconociendo a las autoridades del colegio, los padres del alumno querellaron a los docentes y el juzgado en primera instancia les dio la razón. La protesta de docentes y padres fue tan extendida y el caso adquirió tanta publicidad que obligó a la intervención del gobernador, no para hacer justicia -tarea que no le incumbe-, sino para referirse críticamente a una decisión fundada en un privilegio y a la exasperante lentitud de la Justicia que no fue capaz de dejar sin efecto un fallo a todas luces arbitrario.>

Ambos casos habilitan un amplio debate acerca de las modalidades de nuestro sistema educativo que, por supuesto, compromete no sólo a docentes y funcionarios sino también a estudiantes y padres.>