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El Ejecutivo y el Poder Judicial de Santa Fe fueron requeridos por la justicia de Liechtenstein para que informe sobre Austral Construcciones, la firma que proveyó las 140 máquinas viales a la provincia. Un tribunal de primera instancia de ese principado europeo tiene bloqueados 10 millones de dólares de esa empresa santacruceña, en el marco de una investigación por lavado de dinero.
Nicole Netzar es juez del tribunal de primera instancia que requirió los informes también en Santa Cruz. Por no poseer representación diplomática en el país, fue la embajada Suiza la que tramitó el pedido a las autoridades nacionales. La Argentina no tiene un convenio de reciprocidad con el principado enclavado en el valle del Rin, en los Alpes, entre Suiza y Austria.>
El dinero pasó por el banco Macro Bansud y por el Sud Bank and Trust Ltd. de las Bahamas, para terminar en el Hypo Investment Bank AG de Liechtenstein. Los fondos fueron depositados en una cuenta abierta por Trade 24 Ltd. de Victoria, la capital de la república de Seychelles, conformada por más de un centenar de pequeñas islas ubicadas en el océano Indico, al noreste de Madagascar.>
Esa cuenta fue abierta bajo requerimiento administrativo de normas de seguridad internacionales; según ese trámite allí debían moverse fondos provenientes de la venta de sistemas de calefacción, pero los únicos recursos que finalmente se movieron fueron los de la empresa santacruceña.>
Los autorizados para operar la cuenta, el británico Paul Anthony Cardy y el neozelandés Mark William Spiers, son los dos imputados en la investigación penal abierta en el Viejo Continente. En esa causa, consta que el 15 de mayo de 2006 se depositaron 10 millones de dólares provenientes de Austral Construcciones SA de la Argentina, y que la transacción no cumplió con los estándares internacionales requeridos para la operación.>
Para justificar el depósito, Spiers y Cardy entregaron al banco de Liechtenstein un contrato de asociación y participación de venta directa de títulos entre Trade 24 Ltd. y la constructora santacruceña Austral que -en contra de lo que sucede habitualmente en ese tipo de operaciones- sólo firmaron dos personas; por la firma santacruceña lo hizo Fernando Javier Butti.>
Luego de embargados los fondos, Frank Clement y Jean Mourlan se apersonaron ante el juzgado de Liechtenstein en representación de Austral Construcciones, argumentando que el depósito provenía de actividades comerciales de la empresa y que su destino había sido acordado durante un encuentro entre Butti y Cardy en Londres.
Sin embargo, en la investigación aun no se determina por qué en el Hypo Investment Bank AG no se abrió una cuenta a nombre de Austral Construcciones tal como figuraba en el contrato, y en cambio sí se depositó el dinero en la cuenta de Spiers y Cardy.>
Cuando fue requerido por la justicia de Liechtenstein para que explique el origen de los fondos, Butti presentó documentación firmada por autoridades de Santa Cruz y por el ex titular de la DPV de Santa Fe, Antonio Grbavac, con la que el empresario pretendió justificarse.>
Sin embargo, en el caso de Santa Fe, al tribunal de Liechtenstein no le consta que la certificación presentada con la firma de Grbavac haya sido expedida por la provincia con los respaldos administrativos del caso, ni quien fue el que le solicitó al ex funcionario santafesino que emita la certificación, si es que en realidad lo hizo.>
Al tribunal europeo le llama la atención el recorrido del dinero, que incluyó una maniobra de compra venta de títulos en su paso por Bahamas. La investigación judicial también ha puesto el ojo sobre las razones por las cuales el dinero de Austral Construcciones se depositó en una cuenta en la que la empresa santacruceña no aparecía comprometida directamente.>
Lázaro Baez vive en una fortaleza con custodia, en las afueras de Río Gallegos, y no se deja sacar fotos. Muchos lo comparan con Yabrán, porque además tuvo una carrera empresaria rápida y exitosa.
Se inició como cadete del Banco de la Nación pero llegó a gerente adscripto del Banco de Santa Cruz en su proceso de privatización. Hoy maneja al menos dos petroleras, Mishar Argentina y Epsur, que acaban de ganar varias áreas para exploración licitadas por la provincia de Santa Cruz.
Esas dos empresas tienen la misma dirección que Austral Construcciones: avenida Gregores 290, en la capital santacruceña. Baez fue parte del directorio de Austral Construcciones; en investigaciones del ARI afirman que en realidad es la cabeza del grupo que suma varias empresas más y que tiene una fuerte vinculación con el presidente Néstor Kirchner.
Austral Construcciones llegó a sumar 3.500 millones de pesos en 5 años, en adjudicaciones de obras pública en especial en Santa Cruz, según la investigación del ARI.
Al menos para la provisión de maquinarias a la provincia de Santa Fe, Austral Construcciones era presidida por Julio Mendoza. Según un informe del diputado provincial Hugo Marcucci, el 4 de agosto de 2005 el Tribunal de Cuentas de la provincia envió a Antonio Grbavac -ex titular de Vialidad Provincial- un informe en el que le solicita, en primer lugar, la acreditación de "las facultades de la firma Austral Construcciones S.A. para la realización de la operación objeto de esta licitación, atento a que en el contrato constitutivo de la misma no se le acuerdan ellas, pudiendo darse el supuesto de no quedar obligada la firma en los términos de los arts. 58 y 268 de la ley de Sociedades Comerciales N° 19.550".
Grbavac fue el responsable de la polémica licitación de 100 motoniveladoras, con la que se terminaron comprando 140 máquinas chinas Dinsheng Tiangong, adquiridas por la DPV a la constructora santacruceña por más de 51 millones de pesos.
Claro que Austral Construcciones habrá pagado a su vez a los chinos por las máquinas, aunque el detalle de esa cifra no se conoce. Pero el contador de Austral, Fernando Butti, terminó mostrando en Liechtenstein papeles supuestamente firmados por el funcionario santafesino para justificar en parte la procedencia del dinero utilizado con maniobras cuyas irregularidades se investigan.
Entre las hipótesis que se investigan como maniobras de lavado figura la compra -a través de terceros- de títulos o pagarés a empresas de dudosa reputación, que son depositados como garantía para tomar créditos reales en bancos que operan legalmente. La maniobra permite reingresar el dinero justificado como un financiamiento legal, cuando la garantía es dinero propio cuya procedencia no se puede justificar en términos legales.
