Con todo, fue en junio, y en los días previos a que el gobierno decidiera anticipar el lanzamiento de la candidatura presidencial de Cristina Kirchner, que se inició la seguidilla de imputaciones -todas ventiladas a través de medios de comunicación- contra integrantes del Gabinete.

Una fuente de la Casa Rosada atribuyó este hecho a que "la transición se metió con mucha antelación cuando Kirchner oficializó que él no iría por la reelección y que el cambio recién empezaba de la mano de Cristina". De ahí en más, todos los sectores -agregó- entraron en una puja por posicionarse para lo que viene.>

El hallazgo de una bolsa con casi 200.000 pesos en un armario del baño del despacho de Felisa Miceli desencadenó el, hasta ahora, más escandaloso caso de presunta corrupción de la gestión kirchnerista. A la ex funcionaria -que renunció tras conocerse la decisión del fiscal Guillermo Marijuán de citarla a indagatoria por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción de documento público y encubrimiento- el `error no forzado' como lo calificó socarronamente una fuente gubernamental, le costó el puesto y, casi podría asegurarse, la carrera política. El problema no fue sólo la aparición del dinero, sino el derrumbe en tiempo récord de su coartada -"el dinero me lo prestó mi hermano para hacer una operación inmobiliaria" que luego se frustró, dijo, y el fiscal le respondió que era de origen espurio-. En su entorno, y en varios pasillos del poder, aseguran que su caso es uno de los que revela claramente el nivel de disputa que existe dentro del propio kirchnerismo. "El que le dio al diario Perfil el acta es, por lo menos, del mismo edificio", señaló una fuente, en obvia alusión al histórico enfrentamiento entre la ex ministra y De Vido.>

A los pocos días, un título del diario Clarín que alertó sobre `extraños manejos' en la secretaría que dirige Piccolotti, volvió a poner en un brete a la Casa Rosada. Sin embargo, los reflejos funcionaron con más rapidez en esa ocasión y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió a ponerle el pecho personalmente a lo que consideró como `formidables operaciones' cuyo origen atribuyó a un ex funcionario del área despechado. Lo de Piccolotti fue, cuanto menos, curioso, porque así como la denuncia periodística sobre contrataciones masivas en Medio Ambiente, y el uso excesivo de aviones particulares para su traslado, pareció aludir a graves delitos, en rigor se trató de decisiones administrativas que el gobierno pudo justificar amparado en razones de gestión. El tema se enfrió rápidamente y en su reemplazo surgió, al finalizar esta semana, la sospecha de corrupción sobre Nilda Garré.>

En este caso, el contexto -el día de lanzamiento de la candidatura de Cristina- y el protagonista de la imputación -un juez investigado por el Consejo de la Magistratura- actuaron como atenuante. Todavía no queda claro si la acusación por mal desempeño que votó la comisión homónima de ese cuerpo al día siguiente de la citación a Garré fue una consecuencia de la resolución del magistrado, o si éste decidió adoptarla un día antes de que se lo pusiera al borde del juicio político, porque sabía que terminaría señalado. A la ministra de Defensa la investiga el juez Guillermo Tiscornia por presunto `contrabando agravado', a raíz de una exportación de material bélico a precios subfacturados que detectó la Aduana antes de que partiera a los Estados Unidos. La funcionaria dijo que el magistrado había sobredimensionado su responsabilidad en el caso, y relativizó el rol de su cartera en esa operación. Tiscornia, en tanto, empezó a pensar seriamente en la renuncia, como una forma de evitar una casi segura destitución por parte del Consejo de la Magistratura.>