La ministra de Educación de Santa Fe y la visión de lo ilegal
Por Dr. Juan Carlos Gómez Barinaga (*)

Pocos días atrás fuimos sacudidos en nuestro espíritu y en la propia capacidad de comprensión que creemos tener, por las imágenes que filmaran los mismos alumnos que destrozaban las aulas de una escuela técnica de Rosario a la que asistían, y en la que supuestamente ejercían el compromiso de "aprender a ser mejores".

La autoridad escolar les aplicó amonestaciones e instó a los padres para que junto con ellos se hicieran cargo de reparar los bienes públicos salvajemente destruidos.

Así como estoy de acuerdo con el enfoque de que la expulsión -como castigo de sus conductas- no resuelve nada, también afirmo que debemos tomar conciencia de que la lesión moral -tanto en lo individual como en lo social- ha sido profunda, y que la conducción educativa, que sobre la base del ejemplo debe ayudar a construir una comunidad solidaria y de respeto hacia todos, no debe minimizar el suceso ni mucho menos dejar traslucir una visión parcial de la responsabilidad ante lo ilegal.

En caso contrario, cualquiera podría suponer que, si se le antoja, puede romper los vidrios de una escuela, total después los compra mi papá, y yo, simplemente, le ayudo a reponerlos. Es aquí, justamente, donde la ministra de Educación no debe dejar vislumbrar ambivalencias, pues en plena vigencia del Estado de Derecho debemos resaltar con el ejemplo el cumplimiento de la ley, resorte vivo de la armonía social.

Por ello es que, de ser ciertas noticias periodísticas que al parecer no se han rectificado, la prof. Canteros habría expresado ante los destrozos lamentables que nos llenaron de estupor, que lo sucedido era una cuestión exclusivamente educativa, que debía resolverse en ese ámbito.

Que yo sepa, ésta es una cuestión que debe discernir la Justicia sin perjuicio de lo que le cabe al Ministerio de Educación, no porque yo lo diga sino justamente porque lo dice la ley, incluso penando al funcionario que no denuncia delitos que ocurren en su ámbito de actuación.

Ante estos acontecimientos me surge, inquisidora, una pregunta que en realidad nos comprende a todos: ¿es el nuestro un ojo que ha perdido la visión, o es un ojo que se va acostumbrando sin reacción a la visión de lo ilegal y, por lo tanto, a que no haya responsables frente a lo que determina la ley?

El tema hace a la esencia de las crisis argentinas. Éstas, con reacciones como la apuntada, no se van a superar ya que los poderes públicos tienen el imperioso deber de resguardar la ley, custodiando su aplicación para todos como única garantía de nuestras libertades, en el marco indeclinable de entender que debemos hacernos cargo de nuestras obligaciones.

A nadie escapa que los hechos de referencia no fueron una simple falta escolar. Del mismo modo que muchos sentimos que quienes conducen un área vital como la de educación deben asumir con responsabilidad ejemplar su papel en un verdadero cambio cultural, es necesario que quienes reclaman sus derechos adviertan que la otra cara de la moneda les muestra los deberes correlativos y los límites establecidos por la ley.

Si nada de esto hubiera ocurrido desde la declaración de la ministra de Educación, quedaría configurada una mala señal de las instituciones frente a los comportamientos ilegales.