Autarquía, igualdad, gratuidad y equidad
Rectores debaten el futuro de la educación superior
El Lic. Carlos Pérez Rasetti, integrante de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, ofreció un panorama de los debates que las casas de altos estudios de gestión pública y privada llevan a cabo actualmente.

En el marco del curso "La problemática de la articulación escuela media-universidad", organizado por la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), disertó el Lic. Carlos Pérez Rasetti, secretario ejecutivo de los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación (SPU), ex miembro de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria (Coneau), y ex rector de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

El funcionario participa de las actuales discusiones que los titulares de las universidades nacionales públicas y privadas vienen llevando desde comienzos de este año.

Al respecto, comentó que los rectores de las casas de altos estudios del país -nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y en el Consejo de Universidades Privadas (CRUP)- vienen debatiendo los términos de los principales elementos que debería contener (a su criterio) la nueva ley de educación superior.

"Lineamientos para una reforma de la ley de educación superior" es el título del documento que el CIN aprobó a mediados de año y debatió hasta finales de agosto, cuyo resultado fue un informe preliminar sobre la nueva ley.

Dicho documento aclara que "el Estado, en sus distintas instancias, tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho", aclarando que "se debe asegurar claramente la gratuidad de los estudios de grado".

Según Pérez Rasetti, el CIN considera "necesario que la futura ley garantice la autonomía y la autarquía, reafirmando el concepto de la educación superior como derecho personal y social, y como bien público".

Sin embargo, el funcionario advirtió que las posturas no son unánimes: "Algunas universidades hablan de la derogación de la actual ley, en tanto que otras proponen reformar los artículos más polémicos".

El rol del Estado

"Da la impresión de que la discusión viene desde el día en que la actual Ley de Educación Superior fue aprobada: es una norma con la cual nadie quedó conforme, ni siquiera los que la hicieron", afirmó Pérez Rasetti.

El funcionario explicó que el gobierno nacional se ha propuesto una transformación completa de la legislación educativa respecto de la de los años '90: "La de Educación Superior es la que faltaba reformar. Lo que se hizo hasta el momento fue dar lugar a la discusión dentro del CIN y del CRUP".

Según Pérez Rasetti, en los debates se observa la intención de preservar algunos aspectos de la actual normativa: "Hay consenso respecto de que la evaluación debe quedar. Si se la entiende como un compromiso del Estado para el mejoramiento de la calidad, financiando a partir de los resultados, creo que estaríamos cambiándole el sentido a la ley".

-¿Cuál es el objetivo del gobierno con esta reforma?-En la década del '90 se apuntaba a la autonomía universitaria como contrapartida de una fuerte retracción del Estado, que sólo las evaluaba como si fueran bienes del mercado. Esto ha cambiado, poniéndose en marcha programas de apoyo a carreras como Medicina o a las ingenierías. Dejamos de evaluar un producto y abandonar a las universidades en la búsqueda de los recursos, para sostener un proceso donde el Estado podrá negociar con las universidades determinados programas y financiarlos.

Los fondos

Pérez Rasetti entiende que este cambio traerá "racionalidad" en la aplicación de los fondos, abriéndose la posibilidad de "financiar el crecimiento de las universidades con seriedad para articular las propias propuestas de las casas de estudios con las necesidades prioritarias a nivel nacional", aunque considera que el tema está previsto en la vigente Ley de Financiamiento Educativo.

"Más allá de las discusiones gremiales, la verdad es que ha habido una recomposición importante -que no ha sido completa ni suficiente- de los profesores universitarios. Hay un problema de arrastre que es la antigüedad, un distorsivo salarial muy grande. Otra cuestión son las dedicaciones", explicó el integrante de la SPU.

"Tendríamos que apuntar a cualificar la planta docente, mejorando y aumentando las dedicaciones exclusivas, en paralelo a la recomposición salarial: si la mayor parte de las dedicaciones son simples es imposible pensar tener una universidad potente", sentenció.

El ingreso

Consultado sobre el ingreso, Pérez Rasetti informó que "tal como es ahora, irrestricto y gratuito, no está en discusión. Hay pocas carreras de universidades públicas que han puesto restricciones al ingreso y no siempre son ingresos selectivos sino que tratan de nivelar".

El sistema privado

Según Pérez Rasetti precisó que las actuales discusiones piensan en una ley de educación superior con un sistema binario: universitario y no universitario, públicas y privadas integradas. "Esto, que fue un avance de la ley actual, parece que hay consenso en sostenerlo. No digo que no haya posturas diferentes: quiero decir que hay un acuerdo mayoritario para un sistema integrado".

De la Redacción de El Litoral