Uno de los grandes anuncios del presidente y su ministro de Educación al inicio de sus mandatos fue la construcción de 700 escuelas que iban a culminarse al fin de la gestión. El debate santafesino acerca del tema demuestra el incumplimiento. Cabe, entonces, preguntarse qué pasó.

Los diputados nacionales radicales de la provincia de Santa Fe iniciamos inmediatamente un seguimiento del tema tanto en la Comisión de Obras Públicas como en la de Educación de la Cámara de Diputados y constan nuestros reclamos en las sesiones a las que concurriera el jefe de Gabinete.

El plan de las 700 escuelas no podía cumplirse en los plazos previstos porque se asentaba en el voluntarismo político. El financiamiento del programa está a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo que tiene sus condiciones técnicas para dar la aprobación a los proyectos que debían presentar los gobiernos provinciales a fin de obtener el financiamiento. La elaboración de un proyecto técnico conforme a los cánones del BID requería de personal capacitado en las administraciones provinciales, capaz de conocer las exigencias técnicas y de formular los proyectos.

En la década del '90, los proyectos BID y Banco Mundial fueron formulados por las unidades ejecutoras creadas al efecto, con personal contratado que se retiró del Estado al culminar sus obligaciones.

Cuando los gobernadores aprobaron en el seno del Consejo Federal de Educación el listado de las escuelas que reclamaban, estaban en desconocimiento de las limitaciones impuestas por las condiciones del BID. Por otro lado, la mayoría de los gobernadores que venían de gestionar el Estado durante el proceso de instalación de la Ley Federal de Educación, que incluyó jugosos presupuestos de construcción de aulas, ignoraba que los técnicos que formularon aquellos proyectos no estaban más en sus administraciones.

Durante el primer año de ejecución del plan 700 Escuelas, muchos proyectos provinciales fueron rechazados por los funcionarios del BID que ocupaban una oficina en el Ministerio de Educación de la Nación.

El gobierno nacional, que había embarcado irresponsablemente a las provincias en el programa se vio obligado a constituir un par de años después una unidad central con activa participación del Ministerio de Planificación que ayudara a la formulación de proyectos adecuados a los ministerios de Educación provinciales.

Lo que pretendo dar a entender es que el resultado obtenido al cabo de los 4 años de la gestión del ministro Filmus en relación con la construcción de escuelas se debe al desconocimiento que se tenía de las capacidades estatales tanto a nivel central como a nivel de las provincias. La posibilidad de que un Estado lleve adelante una política pública se asienta en la capacidad de su organización y en contar con una dirigencia responsable que conozca los límites de la misma y también analice críticamente los instrumentos de política pública que están contemplados en la propuesta.

En este caso, la mayoría de los ministros y gobernadores de provincias, y el ministro nacional desconocían el estado de sus administraciones para atender los requerimientos técnicos del BID y debieron, después de haber enviado la nómina de escuelas a construir y de los rechazos correspondientes, reformular oficinas a fin de cumplir en tiempo y forma el desafío. Como en los '90, parecería que lo único que se privilegió en el análisis de la propuesta del BID fue la oferta financiera.

El gobierno nacional y los gobernantes provinciales nuevamente sólo atendieron a la forma de colarse en ella. El atraso que hoy se debate fue anunciado hace más de tres años por los diputados nacionales radicales en el ámbito de la Cámara de Diputados. No fuimos escuchados.

(*) Ex diputada nacional (2001-2005)