El país entero en su momento condenó el asesinato del docente neuquino René Fuentealba. Dirigentes políticos y sociales, oficialistas y opositores, progresistas y conservadores, repudiaron esa muerte provocada por un policía que en la actualidad está siendo juzgado por la Justicia. La muerte de Fuentealba fue un crimen, pero el criminal, o los criminales, no disfrutan de la impunidad.

Comparar lo sucedido en Neuquén con el terrorismo de Estado en tiempos de la dictadura militar es un acto de ignorancia, de mala fe o de excitación ideológica. Los asesinos de Fuentealba no sólo están siendo juzgados, sino que desde la máxima autoridad política estatal se condenó el hecho. Seguramente, en el futuro, los gobernantes deberán controlar con más esmero al personal encargado de velar por el orden público, pero bajo ningún punto de vista puede inferirse que el crimen de Fuentealba fue premeditado.

Hechas estas consideraciones, habría que preguntarse por qué la Ctera, es decir, la máxima conducción gremial de los maestros, promociona un paro de actividades para el 4 de octubre en repudio por el crimen de Fuentealba. No se trata de discutir la solidaridad con los familiares del muerto y, mucho menos, la comisión de un crimen repudiable. Lo que se discute en este caso es la decisión política de una entidad gremial de paralizar la educación en la Argentina por una solidaridad que nadie pone en tela de juicio.

Los organizadores de esta medida de fuerza dirán que los trámites judiciales son lentos, que no están detenidos todos los responsables y otras objeciones por el estilo. ¿Justifican estos escrúpulos que los niños y los adolescentes del país no tengan clases? Siempre se ha dicho que la huelga es un derecho que se ejerce en situaciones muy puntuales, porque el abuso de un derecho pone en discusión no sólo su justicia sino los derechos de otras personas. Si esto es así: ¿cómo calificar un paro promovido por la burocracia sindical docente en un tema en el que daría la impresión que predominan más las evaluaciones ideológicas, que las consideraciones gremiales y humanistas?

En recientes estudios públicos, se ha confirmado que en el 2007 catorce provincias no lograron cumplir con el objetivo nacional de los 180 días de clases. Los burócratas sindicales de la docencia argentina responsabilizan por lo sucedido a los gobiernos que no atienden sus demandas y, por lo tanto, no le dejan otra alternativa que la huelga. El tema merece discutirse, ya que en principio suena como un argumento acomodaticio responsabilizar exclusivamente a los gobiernos por los problemas de la educación.

Los docentes, y muy en particular sus conducciones gremiales, ¿nunca se han interrogado sobre sus propias responsabilidades? ¿Es creíble el argumento de gobiernos insensibles y sindicalistas sabios y combativos? Por último: ¿por qué los niños deben perder un día más de clase para satisfacer las pulsiones ideológicas de los dirigentes gremiales?

Seguramente ya habrá tiempo para empezar a responder estas preguntas, pero los recientes acontecimientos demuestran que el paro previsto para el jueves 4 de octubre no sólo no tiene nada que ver con los reclamos salariales y educativos de los maestros, sino con la realidad de un crimen cuyos responsables están siendo juzgados.