El caso involucra a 63 alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán y a tres empleados no docentes. Analizan si habrá un expediente para cada uno o se unificará el trámite
Tras el pedido de declaración indagatoria por parte de la fiscalía a 63 estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), implicados en el caso de adulteración de calificación de exámenes, la Justicia Federal analiza si se abrirá una gran causa o si habrá un expediente por cada uno de los implicados.
Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal número 2, estudia cómo instrumentará el pedido de citación a declaración indagatoria contra 63 alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y tres empleados no docentes, realizado por el fiscal federal Carlos Brito.
"Una de las variantes procesales es abrir un legajo por cada imputado y otra, más compleja, es que todas las eventuales citaciones sean concretadas en una única gran causa", explicaron fuentes judiciales.
Brito solicitó a Racedo, a cargo del juzgado en el carácter de subrogante, que llame a prestar declaración indagatoria a Luis Francisco Agüero, titular de la Dirección Registro de Alumnos, así como a los empleados de esa oficina, Marcela Lobo y Ernesto Wilde.
Asimismo, el fiscal elevó una lista de 63 alumnos, quienes, a su vez, desde comienzos de año están suspendidos y no pueden cursar preventivamente ninguna materia, como consecuencia del sumario administrativo en marcha, que corre en forma paralela a la investigación penal.
A los no docentes, Brito les imputó autoría, en concurso ideal, en la supuesta comisión de los delitos previstos por los artículos 117 bis (insertar o hacer insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales, en este caso en el sistema informático) y 292 del Código Penal (falsedad ideológica, aunque en grado de tentativa, en relación con las actas de exámenes).
En cambio, a los estudiantes, el fiscal requirió que los llamen en el carácter de coautores de la supuesta comisión del artículo 117 bis y presuntos partícipes necesarios en el comienzo de la ejecución para adulterar documentos públicos verdaderos (actas de exámenes), de modo que pueda resultar un perjuicio (artículo 292 del Código Penal), también en concurso ideal.
Según la maniobra descripta por el fiscal, los alumnos se inscribían para rendir en mesas de exámenes libres y resultaban desaprobados o no se presentaban, lo que quedaba registrado en las actas de exámenes (luego son encuadernadas) de los docentes.
El fiscal precisó que los resultados de las actas eran volcados a la base de datos del sistema informático de la Facultad por un empleado de la Dirección Registro Alumnos, aunque, posteriormente, tales notas (ausente o desaprobado) eran modificadas por la calificación cuatro.
La investigación había comenzado a mediados de febrero, cuando el decano y el vicedecano de la Facultad de Derecho, José Luis Vázquez y Miguel Marcotullio, respectivamente, denunciaron ante Brito supuestas irregularidades con las calificaciones y, al mismo tiempo, ordenaron un sumario administrativo.
Télam.
