La Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario declaró inconstitucional un artículo de la convocatoria a concursos que impedía presentarse a los docentes con cargos titulares. Ahora el Ministerio Educación debe considerar también a esos aspirantes, sin restricciones.
La Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Educación que impedía presentarse a concursos a docentes con cargos titulares.
De esa manera, la Justicia le dio la razón a un grupo de docentes del sector privado que promovió un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación, por establecer una norma que impide presentarse a concursos a docentes titulares.
El argumento que usaron Carina Firpo y un grupo de colegas -quienes fueron las demandantes- era que la disposición del Ministerio atenta contra el principio de "idoneidad". Por eso, solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 7, inciso e) de la resolución N° 0061, que exige como requisito indispensable no poseer cargos titulares, o su equivalente en horas cátedras en instituciones del sistema educativo para poder concursar.
"El requisito resulta inconstitucional por el exceso en que incurrió al vulnerar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias arbitrarias e irrazonables, que contrarían el recaudo de idoneidad establecido en la Constitución Nacional", señalaron los maestros.
El recurso de amparo había tenido el visto bueno del juez Civil y Comercial Nº 15, Carlos Cadierno, pero el fallo fue apelado por los abogados del Ministerio de Educación, que la semana pasada volvieron a tener malas noticias de parte de la Justicia, luego de que la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario -integrada por Ariel Ariza, María Serra y Ricardo Silvestre- ratificara la sentencia en primera instancia.
En su fundamentación, el fallo sostiene que la imposibilidad de participar del concurso puede tratarse de la existencia de "un perjuicio de improbable reparación ulterior". Incluso hasta hace mención a la periodicidad del llamado a concurso en ciertos niveles, donde en algunos casos se llega a una demora de hasta diez años.
Ahora, el Ministerio de Educación provincial deberá acatar el fallo y, al implementar los concursos docentes, permitir la participación de todos los educadores, tengan o no cargos titulares en el sistema educativo.
¿Frenado o en marcha?
El director de la Regional VI de Educación con sede en Rosario, Humberto Cancela, consideró que después de la decisión judicial que avaló el pedido de un grupo de docentes, el Ministerio de Educación se verá obligado a realizar una nueva convocatoria para el concurso de ingreso a la docencia, pero sin la restricción que generó la presentación del amparo.
El delegado del Ministerio de Educación en Rosario señaló que es probable que el llamado a concurso se posponga para el año próximo, ya que sería lógico que lo realice el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre.
La ministra de Educación, Adriana Cantero, dijo por su parte que "el concurso docente no está frenado. Hemos estado atentos en alguna medida al fallo judicial de Rosario porque eso obliga a revisar un aspecto de la convocatoria".
"A raíz de este último fallo, los que tenían un cargo titular también podrán inscribirse aunque integren un segundo escalafón; ésa es la transformación de la convocatoria que tendríamos que hacer", aclaró.
La resolución judicial está siendo estudiada por el área de Jurídicas del ministerio que considerará sus alcances y qué modificaciones habrá que hacer al concurso.
Una fuente de la cartera dijo que probablemente la cuestión se solucione con una convocatoria "ampliatoria" del llamado a concurso para que se inscriban esos docentes que habían quedado afuera. De todas formas, a sólo un mes del cambio de gestión, es muy factible que la prueba de oposición se programe recién para el año que viene.
Como los concursos dependen de decisiones políticas, el gran interrogante es si la futura ministra continuará con el cronograma concursal que le deja la actual gestión o todo el proceso volverá a foja cero.
De larga data
En marzo pasado se realizó la convocatoria al concurso de ingreso a la docencia que generó la polémica judicial. Se inscribieron unos 15.000 docentes para concursar por 2.000 cargos.
En ese momento surgió no sólo el amparo en el ámbito de la Justicia sino también una tensión con el gremio de Amsafe, que reclamaba que los concursos no fueran por oposición (examen) como planteaba el Ministerio de Educación sino sólo por antecedentes para que los reemplazantes más antiguos que están dentro del sistema no pierdan su puesto laboral y queden como titulares.
Amsafe había interpuesto un recurso administrativo, que la cartera educativa aún no contestó. Ese recurso formó parte de la negociación que tuvo lugar en la Secretaría de Trabajo de la provincia durante la conciliación obligatoria entre el ministerio y el sindicato por el conflicto salarial. Uno de los puntos del acta final -firmada el 26 de marzo- prorrogaba por el término de 90 días los plazos no cumplidos del cronograma concursal. Esa prórroga caducó en junio pero Educación debió aguardar a la resolución del amparo en la Justicia rosarina.
Corresponsalía Rosario/Redacción El Litoral
