La instrumentación en la provincia de la escolaridad obligatoria, que la ley 26.206 establece desde los cinco años hasta completar el ciclo de estudios secundarios, se topa con un diagnóstico de base profundamente desalentador y que habilita proyecciones preocupantes en cuanto a sus posibilidades reales de éxito.

La cifra fue revelada por la ministra de Educación, Elida Rasino, en la reunión que mantuvo el miércoles pasado con la comisión respectiva de la Cámara de Diputados y luego con la vicegobernadora y miembros del Senado provincial.

Según puntualizó Rasino, de los 49.839 alumnos que en 2007 culminaron el octavo año del EGB (Educación General Básica), desde ahora segundo año del secundario, son 44. 592 los que se inscribieron para tercer año. Es decir que 5.247 quedaron por ahora fuera del sistema educativo.

En tal sentido, las autoridades enfrentan un doble desafío. Por un lado, garantizar que existan plazas y condiciones de infraestructura suficientes en las escuelas para permitir que toda la población estudiantil esté contenida, conforme a la exigencia legal. Y por el otro, lograr que ese grupo, voluntaria o forzadamente reticente, vuelva al circuito de la educación formal hasta completar el nivel medio.

En el primer aspecto, la provincia cuenta con el aporte comprometido por la Nación en el marco del programa de construcción de escuelas, a la vez que lleva adelante intensivas tareas de reparación, a los efectos de tener los establecimientos en condiciones para el inicio del ciclo lectivo.

En cuanto a la segunda cuestión, la de hacer retornar a las aulas a quienes se han quedado afuera de ellas, los problemas no se circunscriben a los condicionamientos económicos y sociales: la propia titular de la cartera educativa admitió la carencia que la provincia acusa en materia de personal técnico capacitado en asistencia social.

En tal sentido, la cuestión padece los efectos de un cuadro prolongado durante varios lustros, que los sostenidos índices de crecimiento económico recientes no han bastado aún para revertir. La dificultad para insertarse en el mundo laboral, que solamente puede ser atenuada a través de la formación apropiada, choca con las urgencias de la falta de ingresos y resulta saboteada por una marcada presencia de la precariedad en el mercado de trabajo. La ruptura de esta conexión básica y virtuosa entre capacitación y oportunidades e ingresos, cristalizó una cultura en la que cunde el desaliento y se instala la desaprensión y el desinterés. Si a esto se suma la debilidad del propio Estado para destinar esfuerzos y recursos a una política integral y genuina al respecto, el cuadro resulta necesariamente alarmante.

Por eso, la convocatoria a intendentes y presidentes comunales, en la que no deberían estar ausentes referentes sociales y comunitarios, es un compromiso ineludible para otorgar a los jóvenes santafesinos la oportunidad que necesitan, y a toda la sociedad la perspectiva de un futuro más auspicioso.