Por Sergio Serrichio (CMI)
¿Qué tienen en común Uruguay, Polonia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Polonia y Croacia? Sobre una lista de 86 países listados por Wikipedia, son los únicos cuyas tasas de impuesto al valor agregado (IVA) supera el 21 por ciento que el mismo tributo tiene en la Argentina.
El gobierno uruguayo presentó en agosto pasado un proyecto de reducción gradual del IVA, de a un punto por vez, hasta el todavía alto (para los estándares internacionales) 20 por ciento, que también contempla reducir la alícuota sobre los "consumos esenciales" al 10 por ciento. Los países escandinavos tienen "estados de bienestar", de alta fiscalidad, pero redes de seguridad y servicios sociales acordes.
En Polonia y en Croacia, por el contrario, la tasa del IVA es uno de los reflejos de su tránsito rápido desde el colapso comunista a un capitalismo duro e inclemente, inspirado más en el espejo estadounidense que en la tradición europea. Brasil, otro vecino sudamericano, tiene alícuotas de hasta 25 por ciento, pero sólo para unos pocos productos. Hasta el principado de Mónaco, con una tasa de 19,6 por ciento, tiene un IVA menos regresivo que el del fisco K.
¿O sería más justo decir la Argentina que dejó Carlos Menem? Al igual que los Kirchner con las retenciones (impuestos) a la exportación, el senador y ex presidente, en tres saltos audaces, llevó la tasa del IVA del 13 por ciento al 21 por ciento. Allí la dejaron el abúlico Fernando de la Rúa, que pasó dos años de indigencia fiscal (su "impuestazo" fue sobre Ganancias) y el emergencial Eduardo Duhalde.
Y allí sigue, tras más de 58 meses de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, las administraciones más pletóricas en recursos fiscales que tuvo en décadas la Argentina. Ergo, las mejor posicionadas para bajar la tasa del IVA, como durante la campaña había dicho que se haría el entonces referente económico del entonces candidato presidencial Néstor Kirchner, Oscar Tangelson. Un gobierno "popular", explicaba, aliviará la presión fiscal sobre los sectores de menores recursos.
Tangelson fue luego secretario de Política Económica del ministerio de Economía en las gestiones de Roberto Lavagna, Felisa Miceli y Miguel Peirano, y en diciembre pasado dejó su cargo, al no encontrar un lugar en el equipo de Martín Lousteau. Los 55 meses que estuvo en Economía no le alcanzaron, aparentemente, para trabajar en la prometida baja del IVA, que es por definición un impuesto "regresivo". Esto es, uno que recae proporcionalmente más sobre los más pobres, por el simple hecho que éstos consumen todo o una porción mayor de su ingreso.
El sucesor de Tangelson, Gastón Rossi, necesitó apenas tres meses para darle forma al esquema de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas, el tercer aumento de alícuotas del impuesto en apenas 14 meses. Cuando Kirchner llegó al gobierno, las retenciones a la soja y el girasol estaban en 23,5 por ciento. Con el manotazo ordenado por la presidenta Cristina Fernández y pergeñado por Lousteau y Rossi, la tasa superó el 44 por ciento en el caso de la soja y bordeó el 40 por ciento en el del girasol. Además, en los actuales niveles de precios, el esquema implica que por cada dólar que aumenten la soja, el girasol, el trigo y el maíz, el Estado se queda con 81, 78, 48 y 45 centavos, respectivamente.
He aquí que el viernes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner justificó el aumento a las retenciones diciendo que "el impuesto que más recauda en la Argentina es el IVA". Es un ejemplo, estimó, de que a la Argentina la construimos "entre todos". Si pagan los pobres, ¿por qué no los ruralistas? A la presidenta, que se dice progresista y popular, el ejemplo le debería dar vergüenza.
Aunque se trata de impuestos muy disímiles, las retenciones y el IVA tienen un aspecto en común: son fáciles de recaudar. Son impuestos a medida de un Estado (o gobierno) atorrante. Evitan el trabajo difícil de reformar el sistema impositivo, diseñar e implementar tributos progresistas, mejorar la gestión de aquellos de más compleja administración, como Ganancias, avanzar en la descentralización y el federalismo fiscal.
Adicionalmente, la recaudación fácil alivia las exigencias del otro lado de la ecuación. Ya no se hace imperioso hacer más eficiente, transparente y equitativa la gestión del gasto público, bolsa en la que entran desde las asignaciones a Educación y Salud y el gasto en Seguridad hasta los fideicomisos de Obra Pública que tanto entusiasman al ministro de Planificación, Julio De Vido, los subsidios que sabiamente distribuye el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y los planes sociales que administra la cuñada presidencial, Alicia Kirchner.
¿Por qué -se preguntarán algunos lectores- un espacio sobre política nacional dedica tanto espacio a los impuestos? Bueno, porque el primer desafío interno serio al modelo político kirchnerista ha sido precisamente una rebelión fiscal. Más allá de las características que fueron adquiriendo el paro y los piquetes del campo, su decisión de enfrentar casi al límite de la sangre la voracidad fiscal de la era K bien puede preanunciar los límites del modelo en otras áreas.
Ciertamente, los gobernadores tienen argumentos políticos y constitucionales para quejarse. La Argentina está, desde hace más de once años, en falta con el mandato de la Constitución de 1994 de disponer de una nueva ley de Coparticipación Federal a más tardar en 1996. Peor aún, el esquema fiscal actual, en el que el peso de impuestos como las retenciones (que van derechito y exclusivamente a las arcas del Tesoro nacional) socava a otros como Ganancias, de cuyo producido sí participan las provincias. Y peor que peor, en el nuevo entramado de relaciones productivas y de servicios del campo, en el que los fideicomisos se han transformado en articuladores clave de recursos (financiación, tierra, maquinaria, insumos) y sectores (propietarios de diverso tamaño y pelaje, arrendatarios, proveedores de servicio, empleados, aseguradores), su renta, por ser de carácter "financiero", sigue siendo materia no imponible.
En vez de modificar ese estado de cosas y dar certeza y previsibilidad en serio, el fisco K prefiere dar el manotazo cerca de los barcos, y anunciar el quantum de su tajada entre la siembra y la cosecha.
íLo otro sería demasiado trabajo.
La evolución del gasto fiscal y de los resultados financieros de las provincias fueron los temas centrales del primer encuentro de este año del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que encabezó el ministro de Economía, Martín Lousteau.
La reunión se realizó en el salón Belgrano del Palacio de Hacienda con la presencia de los ministros de Economía de las jurisdicciones adheridas, bajo la premisa de avanzar en el cronograma de actividades que tendrá el organismo en este ejercicio.
Así lo informó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado de prensa en el cual se remarca que se abordaron tanto "aspectos referidos al funcionamiento del Consejo, como a la implementación de técnicas de aplicación del Régimen vigente".
El Consejo Federal se reúne trimestralmente y es la autoridad de aplicación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y las provincias de San Luis y La Pampa son las únicas que no se encuentran adheridas.
Los participantes, además, pasaron revista a los desafíos que enfrentan las provincias y los sectores económicos, así como a los principios que definen la posición argentina en las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales.
En anteriores encuentros también se habían debatido las pautas macrofiscales previstas para el período 2008-2010, que contienen la estimación de los Resultados Financiero y Primario de la Administración Pública No Financiera Nacional y del conjunto de Jurisdicciones Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo de Responsabilidad Fiscal apunta, entre otros objetivos, a mantener el superávit fiscal y avanzar en la política de desendeudamiento, reforzar el gasto social e incrementar las inversiones en infraestructura.