Fiscalía de Estado, el Ministerio de Educación y el gremio Amsafe buscan resolver en conjunto los reclamos comunes presentados por educadores y que llegaron hasta el fiscal. Pretenden evitar que los casos terminen en juicio.
Cientos de expedientes presentados por docentes están a la espera de un dictamen -muchos desde hace varios años- en Fiscalía de Estado. Los casos están vinculados, en su mayoría, con cuestiones relativas a las condiciones laborales de los educadores tales como titularizaciones no efectivizadas en el marco de la "ley Rébola" o problemas con las cargas horarias de determinados cargos.
Ante esta situación, se vienen realizando reuniones entre la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe), Fiscalía de Estado y el Ministerio de Educación provincial a los efectos de buscar alguna forma de que esos conflictos no lleguen a la instancia judicial, "lo que generaría graves perjuicios económicos al Estado y daños al ejercicio de los derechos laborales de miles de compañeros", dijo José Testoni, secretario gremial de Amsafe.
"Muchos de esos expedientes, por vencimientos de los plazos o por la respuesta que reciban, van a tener habilitada la vía judicial, que es larga para el trabajador, no resuelve su problema concreto y es onerosa para el Estado. Nosotros pretendemos evitar esas cuestiones, sobre todo para que el docente tenga una respuesta en el corto plazo", añadió.
Desde Fiscalía reconocen la demora y ven con buenos ojos que se trate de encontrar una salida conjunta al problema. Como existen reclamos que son similares, la idea es detectarlos, agruparlos e instrumentar disposiciones generales desde el Ministerio de Educación que solucionen de una sola vez esos conjuntos de expedientes.
De esa manera, "se logrará que devenga abstracta la mayor cantidad de presentaciones realizadas por los compañeros en Fiscalía", destacó el secretario gremial de Amsafe. Varios de esos reclamos tuvieron como patrocinador al propio sindicato.
Preceptores y ley Rébola
Hace 15 días se realizó una primera reunión entre representantes de Amsafe y el fiscal del Estado, Jorge Barraguire. El jueves pasado, en tanto, hubo un segundo encuentro, al que se sumaron funcionarios de la cartera educativa.
El gremio planteó puntualmente dos casos que necesitan celeridad en el tratamiento. "De hecho, Fiscalía ya fijó criterio para algún caso particular y lo que queremos es que se haga extensivo a los reclamos similares", amplió Testoni.
Uno de los temas es la carga horaria de los preceptores que se podría fijar en 25 horas reloj. "Hay directores que les exigen más tiempo de trabajo a sus preceptores y eso ha generado numerosos expedientes que fueron siguiendo la vía jerárquica, no se resolvieron por la vía administrativa y llegaron hasta la Fiscalía", destacó el sindicalista.
Otra cuestión que planteó litigiosidad al por mayor es la ley de titularizaciones N° 11.934, más conocida como "ley Rébola". "No hubo un mismo criterio para esas titularizaciones y, a veces, bajo las mismas condiciones un docente logró estabilizarse en un cargo, y otro no", remarcó.
"Cultura del expediente"
"Para nosotros estas reuniones son importantes porque desde el ministerio queremos terminar con la cultura del expediente", dejó en claro Leonardo Panozzo, director provincial de Bienestar Docente.
El funcionario endilgó el "altísimo" nivel de conflictividad a la "paradojal, contradictoria y vieja normativa que regula el sistema educativo". Ante algún reclamo administrativo -explicó- los directores de escuela no tienen disposiciones rápidas al alcance de la mano y hasta deben lidiar con diversas interpretaciones.
Por eso, rescató la "total predisposición de Fiscalía de trabajar en reuniones mensuales para ir resolviendo colectivamente los casos retenidos, atrasados, que tienen un hilo común".
Aseguró que, paralelamente, el Ministerio de Educación trabajará sobre el sistema de normas que regula la educación a los efectos de hacerla "más simple, sencilla e igualitaria".
"Queremos un sistema regido no por expedientes sino por la política educativa", cerró Panozzo.