Los docentes nucleados en Amsafe han decreto un paro para el 8 de julio. Tal vez no sea casualidad que la medida de lucha esté programada un día antes del feriado nacional. En los tiempos que corren, la supuesta combatividad de algunos gremios suele ser compatible con la apetencia por los llamados "fines de semanas largos". Se trata de combinar la lucha con el placer.
Los reclamos de la burocracia docente son de orden salarial. Según los dirigentes gremiales, la inflación de los últimos meses licuó el aumento salarial otorgado en el primer trimestre del año. Resulta significativo, por no decir sorprendente, que mientras el gobierno nacional niega o falsifica los índices inflacionarios, los dirigentes de Amsafe, muchos de ellos solidarios con el régimen de los Kirchner, invoquen la inflación para decretar un paro.
Coherencias políticas al margen, no hay indicios de que los índices inflacionarios hayan superado el aumento salarial de febrero-marzo. Sin embargo, nada de ello parece representar un obstáculo para que Amsafe lance un paro, es decir, para privar a los niños de un día de clases. Admitiendo incluso que la inflación haya relativizado el aumento salarial, a ningún dirigente sindical responsable se le puede escapar que la crisis política y económica que vive el país debe ser tenida en cuenta a la hora de exigirle aumentos salariales a una provincia donde se cortan las cadenas de pago.
En reciente conferencia de prensa, los funcionarios de Hacienda advirtieron sobre las consecuencias de la crisis política nacional en las cuentas santafesinas. La máxima autoridad económica de la provincia simbolizó esta realidad con la imagen de "una luz amarilla". No hay duda que la provincia de Santa Fe es una de las más perjudicadas por la política tributaria del gobierno nacional.
Dirigentes gremiales de larga y reconocida trayectoria también consideran que la inflación se está "comiendo" los aumentos salariales otorgados a principios de año. A diferencia de Amsafe, en la mayoría predominó la responsabilidad. Coincidieron que hay que empezar a discutir la recomposición salarial, pero una cosa es empezar a discutir y otra muy distinta lanzar un paro.
La huelga es un derecho constitucional, pero no es el único instrumento al que recurren los sindicatos para hacer oír sus demandas Para los gremialistas con experiencia, la huelga es una medida a la que se recurre cuando los otros caminos se han cerrado. En el caso que nos ocupa, la burocracia de Amsafe procede a la inversa: la huelga es la primera instancia.
Se sabe que todo derecho conlleva una responsabilidad. En la Argentina pareciera que este principio es subestimado. La huelga docente prevista para el 8 de julio es, en ese sentido, paradigmática. Tal como se plantean los hechos, da la impresión de que la medida de fuerza es más una disposición orientada a resolver las tensiones internas de las cúpulas gremiales que una verdadera necesidad de los trabajadores de la educación.
En consecuencia, el interrogante que corresponde hacerse es si resulta justo que los niños se queden sin clases a causa de necesidades internas de las burocracias sindicales.
