El gobierno nacional presenta a la estatización de Aerolíneas Argentinas-Austral como un acto de soberanía nacional. Los festejos de los legisladores peronistas y las manifestaciones eufóricas de dirigentes sindicales Äe incluso de algunos empresariosÄ se nutren de una añeja tradición populista. Más allá de la propaganda y de la retórica oficialista, lo que queda claro es que el Estado deberá hacerse cargo de una empresa virtualmente quebrada.
El debate acerca de si lo conveniente es la quiebra, la fundación de una nueva empresa o la estatización lisa y llana, aún no ha sido clausurado. Asimismo, la empresa española Marsans no ha dicho la última palabra y es posible que ésta la tenga algún tribunal internacional cuyo fallo partirá del principio elemental de que los compromisos firmados se cumplen.
Pero lo más preocupante del caso Aerolíneas no es tanto el presente como el futuro. En principio, queda claro que la gestión de la empresa estará a cargo del Estado en colaboración con los siete sindicatos. Los antecedentes de esta asociación no alientan el optimismo. La tradición corporativa gremial en la Argentina ha estado viciada por la corrupción y la ineficiencia, y no hay motivos para pensar que en este caso vaya a ocurrir algo diferente.
Sin duda que diferentes causas han contribuido a la virtual quiebra de Aerolíneas. Lo que el gobierno nacional no puede desconocer es su responsabilidad. El acuerdo entre burócratas estatales y sindicatos ha sido letal para el desarrollo de la empresa y fue el gobierno el que lo ha alentado. La alianza o el contubernio entre sindicatos y funcionarios del Estado ha sido más el problema que la solución.
A la empresa Marsans, le caben responsabilidades ineludibles, pero para que los desaguisados pudieran concretarse era necesaria la connivencia de funcionarios del gobierno. En rigor, no hubo un Estado que controlara con autoridad y legitimidad el desempeño de la empresa, plasmado en sucesivos ejercicios contables que tuvieron la venia de los representantes estatales.
Aceptándose incluso una mala gestión empresaria, habría que preguntarse qué hizo el poder público para ponerle límites. Es necesario saber por qué motivos un Estado que no fue capaz de controlar a una empresa, podrá ahora gestionarla con éxito, desafío de una complejidad mucho mayor, máxime en el peor momento de la aeronavegación mundial.
El negocio de los vuelos se ha vuelto extremadamente competitivo y está en un ciclo de ajustes por la caída de actividad económica en el mundo. Poderosas empresas internacionales han quebrado o se han debido fusionar para sobrevivir. Los estudios técnicos señalan que los vuelos de pasajeros no son rentables y que, por lo tanto, se hace necesario reforzarlos con transporte de cargas y ventas de paquetes turísticos que incluyen hotelería y transporte terrestre para lograr una ecuación rentable.
En el orden interno, la supuesta defensa de la soberanía nacional no se compadece con los escasos aeropuertos nacionales y el bajo porcentaje mínimo de usuarios. Festejos al margen, por el momento da la impresión de que el gobierno nacional carece de una respuesta válida a cada uno de estos interrogantes.