La construcción de escuelas en territorio provincial para afrontar las necesidades que surgen de la obligatoriedad del ciclo secundario, conforme a la actual ley educativa, generó una polémica que involucra cuestiones vitales del déficit de aprendizaje en nuestro país, pero encuentra sus raíces en la distorsión del esquema de ingresos y distribución de recursos.
Según un reciente relevamiento de Unicef, menos de la mitad de los adolescentes termina el secundario en Argentina, un problema cuyas consecuencias ya se advierten en el desenvolvimiento de la sociedad y al que se intenta afrontar con las nuevas disposiciones en la materia.
En este marco, el promocionado Plan Nacional 1.000 escuelas se inició con la licitación de 350 edificios en todo el país. Pero de ellos, solamente tres estarán destinados al territorio de nuestra provincia, cifra que se encuentra muy por debajo de las necesidades y expectativas, y que no se compadecen con la vastedad de su territorio y población.
El gobernador santafesino planteó su preocupación al respecto en el marco de su pormenorizado análisis de la problemática docente y la disponibilidad de recursos del Estado para afrontar los requerimientos en ese ámbito, al momento de anunciar la política salarial para el sector público. Allí puntualizó que la imposición del secundario obligatorio involucra inversiones en infraestructura, cargos y horas cátedra que exceden las posibilidades de la provincia y que no están cubiertas por el gobierno central.
La advertencia del mandatario mereció la inmediata réplica del ministro de Educación de la Nación, en el sentido de que "hay distritos más necesitados que Santa Fe" y en el criterio de otorgar prioridad a las provincias más pobres, a la vez que enarboló la distribución del Fondo de Incentivo Docente como respuesta a la cuestión salarial.
Pero el problema de fondo es, en realidad, recurrente y está por encima de las particularidades de la problemática educativa. Se trata, como también lo marcó el mandatario santafesino en la referida alocución, y es un cuestionamiento que se repite cada vez con mayor fuerza y frecuencia, de la creciente concentración de recursos en manos del gobierno central, en simultáneo con la derivación de cargas y responsabilidades a los demás distritos, sin la correspondiente contrapartida de fondos.
El juego de estas dos variables, pervirtiendo las normas más elementales de sustentabilidad económica y empujando a las provincias a distintos grados de asfixia financiera y latente conflictividad social, producido con la venia silente del Congreso y de la mayoría de los gobernadores, ha horadado el esquema fiscal y desactivado su concepción federal, propiciando un modelo de sometimiento a la medida del poder central. Así, la polémica por la construcción de escuelas y la creación de cargos atraviesa una problemática crucial para el desarrollo y el modelo de sociedad a que se aspira, pero es un aspecto más de una concepción de fondo que debe modificarse para recuperar las bases republicanas que rigieron la organización nacional, y que progresiva e indolentemente, han quedado relegadas a poco más que letra muerta.