Representantes de entidades ambientalistas del norte santafesino reclamaron a las autoridades provinciales por los permanentes desmontes en la zona, a pesar de la vigencia de la ley nacional que veda totalmente esa actividad. Pusieron de manifiesto los severos perjuicios ambientales que ha generado y genera la tala indiscriminada, y pidieron mayor celeridad en la respuesta del Estado ante las infracciones.
En representación de los vecinos de Romang (departamento San Javier) y de las entidades ambientalistas Planeta Azul y Ecos de Romang, Roberto Lerf y Andrés Kees entregaron personalmente un petitorio al subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, Néstor Biasatti Äcon quien estuvieron reunidos durante dos horasÄ, y también concurrieron a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
"Vinimos a plantear que estamos muy preocupados por el desmonte que se está haciendo en la zona. Las leyes están, pero se desmonta sin permisos, o con permisos indebidamente otorgados", resumió Lerf a El Litoral.
Como también corroboró a este diario el subsecretario de Medio Ambiente, la ley N´ 26.331 Äconocida como Ley de BosquesÄ establece presupuestos mínimos para el manejo del recurso y establece un período de veda de un año, a partir del 28 de noviembre del año pasado, para que cada provincia realice una zonificación y fije sus propias pautas. Mientras tanto, está prohibida la tala y el desmonte de cualquier tipo.
El problema surge por la aplicación de la norma. Biasatti dijo a El Litoral que los ciudadanos no deben vacilar en hacer la denuncia, ya que esto permite la intervención inmediata de la Secretaría de Medio Ambiente, sin que esto implique para el denunciante quedar inmerso en un proceso, ni nada parecido.
"Denuncias hay, pero es necesario que se agilicen los trámites. Porque en pocos días se desmontan varias hectáreas, así que hace falta una acción inmediata", sostuvieron los ambientalistas. Ello, dado que, en el tiempo que lleva la tramitación, "las topadoras avanzan y, para cuando llegan las autoridades, el bosque no existe más".
Según Biasatti, "se han hecho decenas de procedimientos y se siguen haciendo permanentemente. Muchos de ellos han derivado en expedientes que están en trámites y que, cuando se conozca la sanción, van a tener mucho impacto y a servir para dejar en claro las consecuencias de violar la ley".
Por lo mismo, explicó que se puntualizó la manera de realizar las denuncias, para que operen con mayor agilidad y efectividad. "Nos pidieron que le expliquemos a la gente que no debe tener miedo de hacer la denuncia, ni que piense que eso le va a traer complicaciones, venir a declarar, ese tipo de cosas. La denuncia es simple, mandar un fax o llamar por teléfono a la Secretaría de Medio Ambiente. Ellos toman el caso y actúan. Solamente piden que se consignen con claridad las dimensiones del campo, la ubicación y, si es posible, el nombre del propietario, porque a veces reciben la denuncia y tienen dificultades para encontrar el lugar", agregaron Lerf y Kees.
De todos modos, Biasatti dejó en claro que la celeridad de la respuesta "está condicionada por la normativa institucional y legal, asociada a una cuestión de esta envergadura, donde las multas pueden ser del orden de los 300 ó 400 mil pesos. El Estado no puede cometer errores de procedimiento".
En este punto, consignó que, apenas recibida la denuncia, se notifica al propietario del campo a través de la Guardia Rural Los Pumas, y se lo intima a que cese con la tala. Tras este primer apercibimiento, se requiere una orden judicial de allanamiento para ingresar a la propiedad del supuesto infractor. "Por eso, a veces hay demoras de 48 horas o más. Admito que la capacidad de respuesta no siempre está a la altura de las expectativas, pero está sujeta a las condiciones en que el Estado debe proceder".
Biasatti valoró la actuación de los grupos ambientalistas que, "en lugar de limitarse a una manifestación mediática, piden una reunión y se comprometen realizando denuncias concretas, acercando información y reclamando respuestas".
Del mismo modo, consideró "una verdad de perogrullo" que con más recursos se podría hacer más y que esta dependencia sufre los mismos inconvenientes que cualquier otra área, pero negó que carezcan de vehículos y añadió que hay personal especializado Äingenieros agrónomosÄ específicamente afectado a la tarea. Por lo demás, recordó que se trata de una dependencia administrativa que aplica una sanción administrativa (las multas), pero que está impedida de, por ejemplo, hacer detener a los infractores. Sobre todo porque, al menos hasta el momento Äya que hay proyectos en tal sentidoÄ, la tala no es un delito penal.
Desertificación
Los ambientalistas consignaron que en la provincia quedan sólo 570 mil hectáreas de bosques Äalgo más del 10 % que siete décadas atrásÄ y que se pierden unas 40 por día. Sin ir más lejos, mientras venían en camino para denunciarlo por la Ruta 1, se encontraron con un nuevo caso en la zona de arroceras, en San Javier. Los efectos se hacen notar: aumento de procesos erosivos y del riesgo de desertificación, pérdida de fertilidad y del paisaje forestal, pérdida de la regulación de aguas superficiales y del subsuelo Äpor menor absorciónÄ, pérdida de diversidad biológica y de posible uso sustentable de la fauna silvestre, migraciones internas.