Los diputados radicales Darío Boscarol y Leonardo Simoniello presentaron un proyecto de comunicación, por el que reclaman una gestión del Poder Ejecutivo y de la comisión bicameral para consensuar una reducción horaria, en el funcionamiento de los casinos de la provincia haciendo partícipes a los municipios involucrados.
"A partir de la apertura de las actividades de los casinos, se han detectado situaciones que merecen una discusión para lograr un servicio que, por un lado, sincere una oferta adecuada acerca de la temática del juego y por el otro reduzca el impacto en el resto de la actividad productiva y comercial de las zonas cercanas" dicen en los fundamentos.
El Taller Ecologista de Rosario y el diputado Pablo Javkin (ARI - Coalición Cívica) presentaron dos proyectos de ley relacionados con la gestión integral de los residuos urbanos: antiincineración y basura cero.
El primero propone prohibir en toda zona urbana, suburbana y rural de la provincia de Santa Fe la instalación de plantas de incineración de residuos peligrosos, sólidos urbanos, patogénicos o de cualquier otro tipo. El legislador explicó que "todas las plantas de incineración liberan desechos al ambiente, y algunos de esos compuestos no se degradan y permanecen contaminando y causando daños a la salud humana, como alteraciones en el sistema inmunológico, malformaciones congénitas, diabetes, retraso en el desarrollo y cáncer". La segunda iniciativa insta a adoptar en la provincia el concepto de "basura cero" que apunta a la reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la minimización en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el reciclado.
La diputada Victoria Ramírez (Frente para la Victoria) presentó un proyecto instando al Poder Ejecutivo para que solicite a municipalidades y comunas que efectúen la periódica constatación de la erradicación y desactivación de instalaciones destinadas al almacenaje de hidrocarburos, en estaciones de servicio, que hubieran cesado en su actividad. Esto es ante el posible riesgo de contaminación ambiental y el potencial peligro explosivo que presentan las instalaciones abandonadas.
En los fundamentos destacó que desde el 2005 cerraron sus puertas en la provincia ciento veintiséis estaciones de servicio expendedoras de combustibles. Esta situación no sólo deja de lado la explotación comercial del inmueble sino que la infraestructura abandonada, que incluye tanques, cañerías e instalaciones que contienen (o han contenido) combustibles e hidrocarburos generan un potencial riesgo ambiental, ya que los restos contienen gases altamente inflamables y tóxicos.