De la Redacción de El Litoral
Con una escasa presencia de legisladores provinciales, ninguno nacional y de apenas una parte de los intendentes de las municipalidades afectadas, se celebraba en el Senado santafesino la primera audiencia pública, con relación al problema de la discriminación nacional sobre las provincias respecto de los subsidios al transporte de pasajeros como tema exclusivo de discusión.
La vicegobernadora Griselda Tessio abrió la reunión y explicó que al no existir en la provincia el instituto de la audiencia pública, la presidencia decidió procurar una forma de funcionamiento "algo sui géneris" que básicamente consistió en ceder la palabra a los expositores con un límite de 10 minutos y aclarar que la reunión no podría ser el ámbito para impulsar mociones propositivas o establecer alguna conclusión.
Destacó que el único documento surgido de la audiencia pública sería la versión taquigráfica de cada participante, la que será enviada a las autoridades del gobierno nacional, los diputados y senadores nacionales y en especial la Secretaría de Transporte de la Nación que tiene competencia en la atribución de los recursos.
La titular del Senado dijo que se había cursado invitaciones a todos los legisladores nacionales (sólo Sylvestre Begnis presentó sus formales excusas para no venir) y que lo mismo se había hecho con los diputados santafesinos.
Obviamente, no hubo invitaciones formales sino sólo comunicaciones respecto del horario y día para los senadores provinciales que por unanimidad dispusieron la celebración de la audiencia pública. La resolución de la Cámara Alta fue impulsada por el socialista Juan Carlos Zabalza, titular del bloque del oficialismo.
El intendente Mario Barletta subrayó que las decisiones nacionales que determinan la estructura de costos del transporte por colectivos tienen, sin embargo, como último escenario a los gobiernos de cada ciudad.
"A las consecuencias las vivimos hoy en la ciudad" , expresó en obvia referencia al paro total de colectivos y describió como un "perverso mecanismo" el procedimiento que define costos "en ámbitos ajenos a cada gobierno local, que luego debe no sólo concesionar los servicios, sino también poner la cara y asumir el costo político al definir el costo del boleto: que termina pagando el ciudadano", destacó.
Después de algunas exposiciones, la concejala socialista Marta Facino advirtió que es a los ediles a quienes les cabe la última decisión, la de aumentar el boleto de los colectivos, en un proceso que en realidad se define en Buenos Aires cuando se fijan subsidios nacionales insuficientes para el interior, salarios y costos como el precio del gasoil.
Alejandro Boggiano, secretario de Servicios Públicos, confirmó que la discriminación nacional es a las provincias en general y no a algunas en particular, y destacó que la Auditoría General de la Nación en junio 2006 describió a las normas que rigen los polémicos subsidios como "una profusión normativa" o una "compleja trama normativa", que dificulta los controles .
Aseguró que la Nación hizo caer en una trampa a las provincias al autorizarlas a fijar tarifas (que estaban congeladas a nivel nacional), porque con ese procedimiento se ha permitido que la discriminación resulte aún más funcional.
Unos minutos después el senador Juan Carlos Mercier (PJ-La Capital) recordó que el Senado a fines de 2007 no aceptó refrendar un convenio del gobernador Jorge Obeid con la Secretaría de Transporte de Nación porque los legisladores lo consideraron "desventajoso" para Santa Fe. Habló de una suerte de "presión" por parte de los funcionarios provinciales de entonces que dijeron que era este convenio (con menos subsidios) "o nada" y advirtió que ese acuerdo entre ambos Ejecutivos nunca fue convalidado por el Legislativo santafesino.