La política en materia social ha sido, tradicionalmente, una cuestión sensible para la comunidad. La problemática involucrada tiene raíces en cuestiones tan de fondo como la generación y distribución del ingreso, y efectos directos en el desarrollo de la población y en su calidad y expectativas de vida, e incluso en la seguridad.
Históricamente, la generación de estructuras asistencialistas se acrecentó al ritmo de políticas populistas, se interrumpió en un contexto de retracción del Estado Ähasta llegar al punto del abandono de personasÄ y se reactivó al influjo de los picos de crisis económica, en una suerte de desparramo más indiscriminado que universal, fundado en el imperio de la necesidad y la urgencia.
Normalmente, se trató de esquemas con un fuerte componente clientelístico partidario que, en el mejor de los casos, tendió a paliar sin modificar sustancialmente situaciones de miseria, a través de la entrega de mercaderías o vales, módicos subsidios o la adscripción a planes que difícilmente encuadraban en un modelo de inserción o rehabilitación de la cultura del trabajo.
El discurso basado en el remanido aforismo bíblico de "enseñar a pescar" quedó, en el mejor de los casos, como una declaración de buenas intenciones y escueta aplicación y, en el peor, como una cobertura hipócrita para justificar presupuestos y planteles, preservando las disposiciones de base que les proveen las condiciones para su existencia. No por nada, las dependencias públicas vinculadas con la acción social han sido normalmente consideradas un espacio apetecible para dirigentes con vocación de proyectarse electoralmente.
Las actuales autoridades del área invocan criterios diferentes como guía de gestión y, a la vez, dan cuenta de los escollos con que se topan acumulados por décadas de liso y llano asistencialismo, o de su interesado aprovechamiento. La permanente puja por la intermediación que desarrollan algunos referentes u organizaciones de tipo comunitario, y la escasa proporción de personal con formación y dedicación a la tarea directa en el territorio, son dos signos elocuentes de la situación descripta. El hecho de que existan cien mil familias en estado de vulnerabilidad en nuestra provincia, a despecho del crecimiento económico de los últimos años y de la manipulación estadística que tiende a reducir en las planillas lo que desborda en la vida real, es tanto el resultado de un período tan dilatado de desaprensión, como otra muestra cabal de ella.
La estrechez de miras, la subversión de los fines propios del desempeño estatal, el mantenimiento de un status quo funcional a determinados proyectos de poder o la simple desidia, no son compatibles con la idea de un Estado integrador y proclive al desarrollo equilibrado. Remontar los efectos de estos vicios será seguramente una tarea ardua y con escasa visibilidad, pero es a lo que ineludiblemente debemos aspirar Äy exigirÄ los santafesinos para nuestro futuro.