El conflicto político entre el gobierno y la oposición de Bolivia pareció reactivarse, cuando el presidente Evo Morales se negó a cumplir una resolución judicial que ordenó la excarcelación del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusado de genocidio por la muerte de al menos 18 personas en los graves disturbios del 11 de setiembre.
"No acataremos el fallo", afirmó Morales y explicó: "Ustedes saben que yo tengo mucha diferencia con la mayoría de la Justicia boliviana; quieren tomar decisiones políticas y por eso se sospecha que hubo mucha plata", según reportó la agencia noticiosa alemana DPA.
La sala penal de la Corte Superior de Chuquisaca ordenó la excarcelación de Fernández, un tenaz opositor de Morales, quien expresó que aguarda que otras instancias del sistema judicial se pronuncien para que el prefecto no salga de la cárcel.
"Una persona con semejantes cargos de corrupción, de nepotismo y genocidio, no es posible que algunos miembros de la Justicia boliviana traten de ayudar a un delincuente", agregó Morales.
"Es un fallo ilegal, infundado, viola el proceso debido y por eso presentaremos un amparo constitucional contra los vocales que beneficiaron a Leopoldo Fernández", declaró el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, informó la agencia noticiosa estatal ABI.
El funcionario agregó que el gobierno espera tener acceso a una copia del fallo de la aceptación del recurso de hábeas corpus y la orden de excarcelación.
Según la Corte de Chuquisaca, Fernández deberá ser trasladado en un plazo de 48 horas de la cárcel pública de La Paz a Sucre, para ser puesto a disposición del fiscal general, Mario Uribe, y ser procesado en un juicio de responsabilidades.
Sin embargo, el diputado oficialista Gustavo Torrico dijo que el juicio de responsabilidades es para autoridades que cometieron faltas administrativas, mientras Fernández "está implicado en hechos delictivos que tienen que ser sometidos a la Justicia ordinaria".
Fernández, llamado "el cacique de Pando", está acusado de haber dado protección a grupos irregulares que causaron el 11 y el 12 de setiembre la muerte de al menos 30 personas, hecho que es investigado por el Parlamento boliviano y una misión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
El gobierno de Bolivia, que nombró un alto jefe naval como prefecto interino en Pando, y la Fiscalía General de la Nación acusaron a Fernández de "genocidio" y "asesinato" por su presunta responsabilidad en esos hechos.