Emerio Agretti
Si bien contaría con número suficiente para la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reestatización de las jubilaciones, el oficialismo aceptaría una serie de modificaciones en el texto original, para ampliar la base de consenso y enviar un contundente mensaje al Senado, donde los tantos podrían estar más comprometidos.
Los puntos a retocar atraviesan los dos factores clave señalados por las bancadas que avalan el retorno al Estado del sistema previsional, pero exigen garantías: uno es el destino de los fondos y el otro, los mecanismos de control.
Sobre este último punto, se trabaja en la idea de dar mayor participación al Congreso, aunque todavía no hay mayores definiciones. Y aun quienes reclaman al respecto, admiten que las comisiones bicamerales no han dado en el pasado suficientes garantías de efectividad.
Las cosas podrían estar más encaminadas en cuanto al primer aspecto. Según el diario La Nación, el matrimonio presidencial habría aprobado anoche una de las alternativas que se venían manejando: poner un techo del 25 % a la parte del superávit que la Anses podrá destinar a inversiones en títulos de la deuda pública. También se analizan otras posibilidades, la mayoría de ellas sugeridas oportunamente por los sectores de la oposición proclives a acompañar la iniciativa, bajo ciertas condiciones, y de justicialistas críticos. Así, se habla de impedir que el dinero de las jubilaciones pueda ser usado para gastos corrientes y también que sea depositado en el exterior.
En diálogo con El Litoral, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, confirmó la disposición del oficialismo a hacer cambios en el proyecto para "ampliar las bases de consenso", aunque negó que ya existan precisiones al respecto.
"El manejo de los fondos tiene una reglamentación, que es de Anses. Desde los bloques opositores que acompañan al proyecto nos estaban pidiendo que esto esté incluido dentro de la misma ley, y sobre esa base estamos trabajando", sostuvo.
La incorporación al articulado de la ley de disposiciones que limiten y regulen el flujo y la administración de los fondos, que estarán en el orden de los 15 mil millones de pesos por año -conforme a lo que manejan actualmente las administradoras privadas-, es un factor decisivo tanto para obtener votos remisos, como para proporcionar algún nivel de seguridad al respecto.
Y es que, naturalmente, resulta mucho más confiable un reglamento que forme parte de la propia ley, que otro autorizado por ella, pero librado a lo que disponga el Poder Ejecutivo, sea el actual o uno próximo. En un caso, la decisión seguirá estando en manos del Congreso. En el otro, bastará con una simple resolución para disponer libremente de una importante cantidad de millones de pesos, que a la vez son el fruto de los aportes al sistema.
La discusión es de fondo y no deriva de una inadvertencia oficial, producto de la imprevisión o el apuro: el tema fue planteado en el ámbito de la Casa Rosada antes de la remisión del proyecto, y fue una decisión de los Kirchner eliminar la reglamentación del articulado, consagrando un nivel de discrecionalidad que avivó las críticas a la iniciativa oficial y las sospechas sobre su verdadera finalidad.
En cuanto a los controles parlamentarios, Rossi indicó que "no veo que podamos hacer más que crear una bicameral, que es una institución que ha sido bastardeada por las críticas, pero es algo muy importante. Por ejemplo, el Banco Central y el Nación manejan fondos mucho más cuantiosos que Anses, y no están controlados por una bicameral".
Rossi también marcó que las expectativas del oficialismo están puestas en obtener un respaldo mucho mayor de los demás partidos, pero "la verdad es que la oposición no está opinando sobre la cuestión de fondo, sino que privilegia su rol de oposición. Hay bloques que, proponga lo que proponga el oficialismo, van a estar en contra".
En cualquier caso, las definiciones no podrán demorar: la comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados espera tener mañana el dictamen de comisión, que el jueves se tratará en el recinto, en la sesión especial convocada por el justicialismo.
Plazo
El gobierno fijó un plazo de tres días para el retorno de los ahorros previsionales invertidos por las AFJP en Fondos Comunes de Inversión del Mercosur, con el objetivo de que "el ahorro de los argentinos impulse proyectos productivos o de infraestructura dentro del territorio nacional". La Superintendencia de Administradoras de Fondos y Jubilaciones y Pensiones, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina, resolvieron que "resulta conducente promover en forma inmediata el ingreso de los ahorros previsionales invertidos en la actualidad en la especie Fondos Comunes de Inversión" del Mercosur (FCI Mercosur).
El superintendente de las AFJP, Sergio Chodos, afirmó hoy que "en líneas generales" no se detectaron irregularidades en la gestión relevada durante la última semana en las Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
"No tenemos algo que hayamos visto y que nos haya llamado poderosamente la atención en cuanto a la actividades de esta semana", manifestó Chodos a radio América respecto de los controles y la supervisión ordenada por la Justicia Federal.
Chodos aclaró que la medida adoptada por la Corte Federal de Manhattan, a cargo de Thomas Griesa, "técnicamente no es un embargo sino una inhibición" de cuentas en Estados Unidos pertenecientes a las AFJP. "Es una medida cautelar que tomar el juez Griesa en el marco de los juicios de la deuda en default que llevan adelante con mucho ahínco los fondos buitres", manifestó el funcionario.
Añadió que "aquí los activos no tienen nada que ver con la actividad estatal sino que son administrados por las AFJP en beneficio de los presentes y futuros jubilados, y con destino para la seguridad social". Para Chodos, "con estos activos, el gobierno no tiene nada que hacer, y sí las AFJP, que tienen que defender los activos que están siendo administrados por ellas".
La mayoría de los diputados nacionales electos por Santa Fe espera que haya cambios sobre el mensaje del Ejecutivo para la reestatización de las jubilaciones.
Los reclamos por modificaciones al texto enviado a las Cámaras provienen tanto de la oposición como del oficialismo, en un amplio arco que va desde los legisladores liderados por el ex gobernador Jorge Obeid hasta los socialistas que responden al gobernador Hermes Binner, pasando por el nuevo partido del SÍ (que se ha desprendido del ARI).
Son pocos los que ya adelantan su voto, porque la mayoría de los diputados nacionales electos por Santa Fe (en el oficialismo y en la oposición) cree que aún puede haber modificaciones en las comisiones antes del tratamiento del proyecto por la mayoría.
Sólo Susana García y Fabián Peralta que siguen en la estructura de Carrió, han anticipado un rotundo no al proyecto de ley. Lo mismo que el radical Pedro Morini.
Sus votos están tan definidos como los de los kirchneristas por la afirmativa: Paulina Fiol, Gustavo Marconato, Juan Sylvestre Begnis y por supuesto los Rossi, Alejandro y -el titular de la bancada del oficialismo en la Cámara baja- Agustín buscan convencer a sus pares del oficialismo de votar por la afirmativa, lo mismo que a quienes históricamente se han opuesto a la privatización de las jubilaciones.
Mientras se preparan para las reuniones de mañana en comisiones, los obeidistas, socialistas y ex aristas esperan que se den garantías suficientes sobre el destino de los fondos que hoy están en poder de las AFJP. Obviamente, si no prosperan en comisiones esas modificaciones, no pulsarán el botón por la afirmativa en sus bancas.