Pronunciamiento unánime en Diputados
Santa Fe se suma a la Ley de Niñez
De la redacción de El Litoral
La Cámara de Diputados dio media sanción -por unanimidad- a la adhesión de la provincia ley nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (la 26.061) que tiene por objeto la promoción y protección integral de los derechos y garantías de la población menor a 18 años, derechos y garantías considerados de orden público, irrenunciables e interdependientes.
El proyecto aprobado surgió de la consideración de iniciativas firmadas por Marcelo Brignoni (Encuentro); Lucrecia Aranda (socialista) y Marcelo Gastaldi (justicialista). El texto definitivo es el resultado de numerosos aportes recibidos durante el trabajo en comisiones así como de las opiniones vertidas por gran cantidad de especialistas y organizaciones dedicadas a esta temática.
La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en el año 2005, establece un marco nacional a la que cada provincia debe adecuar sus propias estructuras procedimentales para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos. Se considera necesario para Santa Fe contar con una norma que le permita avanzar en el diseño e implementación de las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes y que brinde los instrumentos para la coordinación entre el Estado provincial, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil.
Brignoni, Aranda y Gastaldi, al fundamentar el voto al proyecto, se encargaron de recalcar el grado de consenso alcanzado por las distintas fuerzas políticas y lo mucho que queda por hacer en la materia de minoridad a partir de los nuevos enfoques marcados por la norma nacional.
“Es un día de profunda satisfacción, hace mucho tiempo que bregamos por dotar a la política de infancia y adolescencia en la provincia de un marco normativo que realmente proteja a nuestros niños, nuestras niñas, y nuestros adolescentes, y que avance en el efectivo cumplimiento del interés superior del niño, que propugnan la convención internacional y la ley nacional 26.061, a las que nuestra provincia, todavía no ha adherido”, señaló Brignoni.
Aranda destacó que a partir de la ley 26.061 “se producen cambios significativos en los lineamientos de las políticas públicas y la adecuación de las organizaciones a un nuevo modo de intervención. De esta manera, se deben instrumentar desde los Estados un cambio de paradigma, pasando de pensar a los niños y niñas como objeto de tutela e incapaces a sujetos de derechos. Resulta necesaria la sanción de una ley provincial que responda a la realidad propia de nuestra zona y procure un marco único desde el cual organizar las diversas prácticas tendientes a la protección de las infancias y articulando los diferentes poderes del Estado y la sociedad civil”.
A su turno, Gastaldi subrayó la necesidad de “cumplir con la asignatura pendiente de la provincia” y saludó la madurez política que permitió aprobar la norma e incluso reclamó a Binner el envío del tema a Extraordinarias para que el Senado pueda hacerlo ley.
Algunos alcances
El proyecto votado tiene 74 artículos y establece que “el Estado provincial promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, entorpezcan el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes y su efectiva participación en la comunidad”.
El título segundo determina los principios, derechos y garantías. Entre los primeros, figuran los de igualdad y no discriminación y de efectividad. Entre los derechos mencionados están a la vida, la integridad personal, a la identidad, a la convivencia familiar y comunitaria, a la salud, a la educación, a la libertad, al descanso, recreación, deporte y juego; a la propia imagen; de libre asociación, reunión y tránsito; a opinar y a ser oído; al trabajo de los adolescentes, a la protección contra la explotación económica y a la seguridad social. El tercer título de la futura norma establece el sistema provincial de promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con autoridades administrativas a cuya cabeza estará la actual Subsecretaría de los Derechos de la niñez, adolescencia y familia y crea una comisión interministerial y un consejo provincial. Los otros capítulos refieren a los procedimientos de medidas de protección integral y al tratamiento de las víctimas de delitos.
