Al margen de la crónica
Avances de la democracia
Edgardo Bistoletti fue designado juez correccional de la Justicia rosarina, en tiempo récord, desde 1983 a la fecha. Desde mediados de 1989 hasta hoy, viene ocupando el cargo. Su pliego fue remitido por el entonces gobernador Víctor Reviglio, un días antes de que se se reuniera una Asamblea Legislativa que debía discutir otros siete pliegos, enviados semanas antes. En una “travesura” que todavía hoy es recordada en los pasillos legislativos, el pliego fue incluido en la misma asamblea, por la “habilidad” o “picardía” del entonces presidente de la Comisión de Acuerdos, el diputado justicialista Oscar Somma, y el oficialismo -por obediencia partidaria-, lo votó. Cuando alguien pidió conocer los antecedentes, se dijo que no estaban en el expediente.
Por casos bochornosos como éste, se dejó de lado el proceso secreto de elección de jueces. La prensa se enteraba de los nombres, una vez que la Asamblea Legislativa aprobaba a los candidatos. Nula participación ciudadana. Una gran parte de los actuales jueces santafesinos fue designado de esa manera.
Después hubo asambleas legislativas abiertas, luego Consejo de la Magistratura; más tarde la Legislatura abrió la posibilidad de escuchar impugnaciones a candidatos y entrevistó a los propios propuestos.
Bastó que el gobernador Binner propusiera a Bistoletti como Defensor del Pueblo, para que surgieran objeciones de distinto tipo -algunas burdas chicanas y otras serias- y gran parte del arco político adelantó la decisión de rechazar esa postulación por cinco años. Los anteriores Defensores del Pueblo surgían de la misma Legislatura y era una especie de premio a algún legislador oficialista y sin oportunidad alguna de participación ciudadana.
Son avances del sistema democrático, de la participación ciudadana. Los legisladores y algunas entidades y particulares entienden que Bistoletti no reúne las condiciones para ser Defensor del Pueblo, y por lo tanto seguirá siendo juez de la Provincia, porque goza de la inamovilidad que le otorga la Constitución.
