El mensaje ya ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación

Ley de Medios: opositores piden

tratarla en el nuevo Congreso

Será analizada por las Comisiones de Comunicación y Presupuesto y Hacienda. La UCR considera que no puede obviarse la opinión de Libertad de Expresión. Partidos de la oposición rechazan un tratamiento apurado y exigen que se lo analice a partir del 10 de diciembre.

De la redacción de El Litoral

polí[email protected]

DyN/Télam/

Anoche llegó al Congreso el proyecto de ley de radiodifusión, que horas antes había anunciado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa aumenta el control del Estado sobre el mercado audiovisual y reduce el número de licencias que por empresa se puede tener. Además, posibilita que las telefónicas puedan convertirse en actores centrales de la radiodifusión.

El mensaje ingresó a la Secretaría Parlamentaria, desde donde iba a ser remitido a las comisiones de Comunicación e Información y de Presupuesto y Hacienda (ambas presididas por justicialistas), en tanto, inicialmente, no estaba previsto que fuera a Libertad de Expresión, cuya titular es la radical Silvana Giudici.

En la tarde de ayer, los partidos de la oposición plantearon su discrepancia con el tratamiento ahora del proyecto, aduciendo que ya había sido elegido una nueva composición para las Cámaras, que se pronunció mayoritariamente en contra del modelo kirchnerista y por lo tanto debía esperarse que asuman los nuevos legisladores.

Esta mañana, el diputado de Unión-PRO Francisco de Narváez volvió a pedirle al gobierno que no se apure en el tratamiento del proyecto para reemplazar la Ley de Radiodifusión, para permitir que sea el ex presidente y legislador electo Néstor Kirchner “quien defienda” la iniciativa oficialista a partir del 10 de diciembre. No obstante advirtió que “esta ley u otras van a ser revisadas por la composición del nuevo Congreso Nacional”.

El legislador reelecto insistió con que el proyecto gubernamental “es un intento del kirchnerismo de controlar los medios y condicionar la opinión pública”, y destacó que es “muy parecido” al que en Venezuela impulsó Hugo Chávez. “Es verdad que es una ley de la dictadura y necesita ser modificada, pero también ha sido modificada 170 veces en estos últimos 26 años”, dijo el legislador.

Para De Narváez, el proyecto oficialista “no es en contra de los medios ni de los dueños de los medios, sino en contra del ciudadano y la libertad de expresión. Ya sabemos qué pasa cuando comienza ese tipo de acciones. El mandato que nosotros hemos recibido el 28 de junio es bien distinto: ésta no es la forma en la cual la mayoría de los argentinos quiere que el país, tanto en lo legislativo como en lo ejecutivo, se conduzca”, agregó.

Desde la UCR

Por su parte, el radicalismo llamó a “resistir” el proyecto de ley de radiodifusión del oficialismo y consideró que una iniciativa de este tipo “debe ser sancionada con la mayoría que expresó el pueblo en las urnas” el pasado 28 de junio.

El jefe de bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, afirmó en rueda de prensa que “vamos a resistir esta ley, porque una vez más el gobierno apela a ideologizar los temas para sacar provecho propio”.

En tanto, el titular del bloque de Diputados de la UCR, Oscar Aguad, sostuvo que “este Congreso no está habilitado ni legitimado para analizar un tema de gran trascendencia para el futuro del país”, y añadió que “una ley de este tipo debe ser sancionada con la mayoría parlamentaria que expresó el pueblo argentino en las urnas”.

Aguad afirmó que el proyecto oficial requiere ser analizado en la Cámara Baja por la Comisión de Libertad de Expresión, que encabeza la legisladora radical, Silvana Giudici, y sostuvo que en diálogo telefónico con el titular de la Cámara y del bloque oficialista, Eduardo Fellner y Agustín Rossi, éstos les comentaron que les parecía una buena idea.

Desde el comité nacional de la UCR se afirmó que “no hay condiciones democráticas de debate” en torno a esa norma y que la Argentina necesita una legislación moderna e integral sobre medios de comunicación y sus realidades tecnológicas, pero sobre todo precisa una ley que garantice las libertades de expresión, de opinión y de prensa”.

/// análisis

¿Debate o guerra?

Rogelio Alaniz

Coincido con la presidente que una nueva ley de radiodifusión es vital para la democracia. Es el único punto de coincidencia. Nada personal, por supuesto, pero si una ley es decisiva para la democracia desde la más alta responsabilidad del poder, lo que se aconseja es que se la presente como un logro colectivo y no como la imposición de un sector sobre otro.

El más elemental tratado de teoría política señala que el consenso es indispensable para sancionar las grandes leyes. No se puede aprobar una ley con la mitad del país en contra. Estas verdades de la política la señora Cristina las ignora.

Su discurso de ayer es la muestra más cabal de esa ignorancia. En lugar del consenso lo que predominó fue la confrontación; en lugar de dirigirse a todo el país, la presidente se dirigió a incondicionales excitados. Hace casi cincuenta años, palabras parecidas concluyeron con el incendio del Jockey Club, la Casa del Pueblo, el local de la UCR y los principales templos católicos de Buenos Aires. ¿A eso quieren llegar?

La pregunta en este caso se impone por su propio peso: ¿el gobierno quiere una ley de radiodifusión, o lo que desea es un dispositivo legal que le permita poner en línea a los medios de comunicación y a los periodistas que no los halagan?

A nadie se le ocurriría lanzar una ley sindical atacando a los sindicatos y a los trabajadores; a nadie se le ocurriría promover una ley universitaria atacando a los docentes y a los estudiantes... a nadie... menos a los Kirchner. Una vez más el lenguaje delata las reales intenciones de los emisores. Nada bueno se puede esperar de una ley que se presenta con el tono de una declaración de guerra. Una vez más, hay que recordarle a la señora Cristina que el presidente de una democracia construye discursos no arengas.

El gobierno debe saber que la libertad de prensa es una conquista social permanentemente amenazada. Puede ser que la concentración monopólica sea una amenaza, pero la amenaza más seria a la libertad de prensa a lo largo del siglo veinte no ha provenido de los grupos privados sino del Estado. El tono del discurso de la presidente, su gestualidad crispada demuestran, una vez más, que los enemigos de la libertad de prensa suelen ser los titulares de un poder que se supone absoluto y discrecional.