Apuntes preliminares
La exclusión social es la
principal problemática
“La creciente desigual distribución del ingreso” es marcada en un documento que está en discusión entre universidades nacionales. Parte del texto fue presentado en el cierre del IV Coloquio Regional, II Local Universidad - Organizaciones de la Sociedad Civil y I Foro de Economía Social. Propuestas para superar la situación.
De la redacción de El Litoral
“Con una sociedad caracterizada por vastos sectores de la población en situación de pobreza, con una distribución del ingreso cada vez más regresiva, y la mitad de la población económicamente activa con problemas laborales, tales como el desempleo abierto, desempleo encubierto, subempleo visible o subempleo invisible, la exclusión social aparece como la principal problemática social del país”. Así lo enunció el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Albor Cantard, en el cierre del IV Coloquio Regional, II Local Universidad - Organizaciones de la Sociedad Civil y I Foro de Economía Social que se desarrolló en el ámbito de la casa de altos estudios.
En el acto de clausura, celebrado en la sala del Consejo Superior de la propia Universidad, Cantard expuso los puntos centrales de un documento que está siendo consensuado por un grupo de universidades públicas nacionales.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) marcó una serie de temas a abordar desde las casas de estudios superiores como ser pobreza, alternativas energéticas, desarrollo de nuevas tecnologías. El texto sobre pobreza está siendo abordado por un grupo importante de casas entre ellas Tucumán, del Litoral, Rosario, Entre Ríos y Cantard adelantó aspectos del documento en el encuentro con organizaciones de la sociedad civil celebrado en esta capital.
El trabajo parte de considerar que “la universidad pública tiene el indelegable deber ético de constituir espacios de pensamiento y de impulsar propuestas concretas que posibiliten la instrumentación de medidas que contribuyan a una mayor inclusión social”.
El rector destacó que “el tema de la pobreza es uno de los problemas centrales en el que las universidades se sienten comprometidas a sumar esfuerzos compartidos con el Estado en sus diferentes jurisdicciones y las organizaciones de la sociedad civil”.
Entre los datos relevantes comprendidos en el documento, se inscribe la descripción de un escenario económico -en palabras de Cantard- que muestra “la creciente desigual distribución del ingreso. El 20 % de la población con ingresos superiores pasó de obtener el 39,4 % del ingreso nacional a mediados de la década del ‘70, a apropiarse del 51,4 % a comienzos del nuevo siglo. El 30 % de la población con ingresos inferiores descendió del 12,2 % al 7,9 % en el mismo período”.
El titular de la UNL precisó “si tomamos como referencia el presupuesto nacional de 2008, el gasto social del gobierno nacional estuvo en 97.000 millones de pesos. El gasto social discrecional del gobierno rondó los 10.000 millones de pesos. La estimación calculada para la propuesta de ingreso social, tomando como referencia los ancianos sin cobertura provisional, las asignaciones familiares universales, jefe de hogar desocupados y jóvenes desempleados, significa un monto estimativo de 14.000 millones. Con un PBI de 1.100 billones de pesos, significa que la propuesta de ingreso social equivale al 1,27 % de dicho PBI”.
La propuesta
Ante ese panorama, la propuesta de las universidades apunta a “modificar diferentes planes sociales de la política nacional -como los planes Trabajar o Familia- en una asignación universal directa a todas aquellas familias que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, que contengan en su núcleo familiar a niños, ancianos, personas con discapacidad y jóvenes y jefes de hogar de-sempleados”.
También se propone “generar un ingreso básico aceptable para las 500.000 personas mayores que hoy no tienen jubilación o pensión, y los casi 6 millones de niños cuyos padres no perciben asignaciones familiares, lo que insumiría alrededor de 10.000 millones de pesos”.
Por otro lado, “los jefes de hogar desocupados con niños a cargo son alrededor de 200.000. Un programa para ellos con labores de contraprestación oscila los 1.400 millones de pesos”.
Con relación a la franja joven de la población, hay unos 400.000 jóvenes de 19 a 25 años desocupados y sin estudios medios completos. Un ingreso con contraprestación educativa implicaría unos 1.900 millones de pesos.
Tras exponer tales datos, Cantard señaló que “la solución propuesta es perfectamente factible. Lo que hace falta es la voluntad política y social de poner en marcha cuanto antes esas acciones”.
El rector de la UNL indicó a propósito de los denominados “excluidos” que “no es así como se sienten aludidos todos aquellas argentinas y argentinos que no tienen acceso a condiciones de vida digna. No están fuera de la sociedad, ni fuera de la Nación. Están fuera de poder satisfacer sus necesidades básicas, y del acceso a bienes sociales y culturales estipulados en el marco del desarrollo humano. Si realmente queremos un país distinto, tenemos que empezar por instalar este tipo de debates y propuestas”.
