Hará un planteo ante el Congreso
La Corte quiere tener mayor disponibilidad de recursos
Pedirá modificaciones legales para ganar autarquía financiera y poder utilizar más fondos. Quieren que el presidente vuelva a encabezar la Magistratura.
El presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, junto a los miembros del Consejo de la Magistratura Pablo Mosca, Diana Conti y Mariano Candioti.
Foto: Archivo El Litoral.
Emerio Agretti
Mientras el oficialismo legislativo se apresta a emitir voto favorable para el dictamen del Presupuesto 2010, con la expectativa de aprobar su propia versión antes de que el 10 de diciembre cambie la relación de fuerzas con la oposición en el parlamento, un nuevo flanco de conflicto se abrió con la Corte Suprema de Justicia, embarcada en un decidido accionar para ganar autonomía y disponibilidad en el manejo de los recursos del Poder Judicial.
Según publica en su edición de hoy el diario La Nación, el Tribunal encabezado por Ricardo Lorenzetti solicitará la próxima semana una audiencia con los presidentes de las Cámaras legislativas, dirigida a impulsar un proyecto de ley que permita a la Corte manejar fondos sin depender de la Jefatura de Gabinete o el Consejo de la Magistratura.
Modificaciones
Fuentes del organismo reconocieron a El Litoral la intención de propiciar el encuentro, y también la existencia de un documento que circula desde hace un tiempo entre los ministros, cuyo contenido se inscribe en la misma línea de las declaraciones públicas del propio Lorenzetti o de su par Carmen Argibay. Y que, puertas adentro, se define como la base para una eventual “resolución exhortativa”, del tipo de las que la Corte saca a relucir cuando aspira a que los otros poderes se muevan en determinado sentido.
Entre las aspiraciones del organismo se encuentra la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, para permitir que la presidencia del cuerpo quede reservada al titular de la Corte. En realidad, esto fue así hasta la cuestionada reforma kirchnerista de 2006, y es un punto que comparten muchos de los consejeros, como la forma más apropiada de dar coherencia a la administración de los recursos y aventar los conflictos que jalonaron la primera etapa de convivencia con el flamante cuerpo asesor. Estos conflictos de competencia -cabe recordar- llevaron incluso a plantear ante la propia Justicia la discusión sobre un fondo especial.
Respaldo
En diálogo con El Litoral, el consejero Mariano Candioti -representante del estamento académico y ex presidente de la Magistratura- se mostró de acuerdo con que la Corte recupere autarquía financiera, como un componente destinado a completar la independencia judicial.
“Acompaño la idea de la necesaria presencia de la Corte en la administración de los recursos del Poder Judicial. Me parece favorable cualquier iniciativa en ese orden, y que debe ser debatida”, sostuvo. Y también avaló la idea de que el presidente de la Corte esté a la cabeza del Consejo de la Magistratura.
“El modelo constitucional apunta a que el Consejo administre”, reconoció, al mencionársele los conflictos desatados cuando se puso en marcha el organismo encargado de seleccionar y sancionar jueces. Pero, aun así, consideró que la naturaleza administrativa de la disposición de los fondos es más propia de la cabeza del Poder Judicial -al menos, de manera concurrente- y que el Consejo debe concentrar sus energías en las otras funciones para las cuales fue creado por la Constitución Nacional.
Autarquía
La iniciativa de la Corte propondría incluso que sea el propio Tribunal, y no el Consejo de la Magistratura, el que se ocupe de las contrataciones. Pero también que se modifique la Ley de Autarquía Judicial, para permitir que elabore su presupuesto y lo remita directamente al Congreso para su tratamiento, sin que deba atravesar el filtro -y los recortes- del Ministerio de Economía.
De la misma manera la Corte, que concentraría el poder de decisión sobre el destino de los fondos y reservaría al Consejo de la Magistratura sólo la administración de los mismos, tendría también la posibilidad de disponer de todas las reestructuraciones presupuestarias, sin tenerle que pedir autorización a la Jefatura de Gabinete.