Estará a cargo de Sebastián Cáceres

La Procuración Penitenciaria tiene

ahora una delegación en la ciudad

La repartición debe garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Sólo tiene injerencia sobre los presos federales. En la provincia, 300 internos dependen de ese sistema, pero no hay ninguna cárcel.

De la redacción de El Litoral

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Con la presencia del procurador penitenciario de la Nación, Dr. Francisco Mugnolo, se inauguró en esta ciudad una delegación local de la repartición, que estará a cargo de Sebastián Cáceres. Oficinas similares ya funcionan en otras provincias como Jujuy, Salta, Corrientes, Misiones, La Pampa, y pronto en Chubut.

“El objetivo institucional del área es la defensa de los derechos humanos en la privación de la libertad, ya sea en unidades penitenciarias o en cualquier otro lugar donde la persona esté detenida”, dijo Mugnolo en diálogo con El Litoral. El funcionario, que también disertó en la Corte Suprema de Justicia, defendió la apertura de nuevas oficinas en el interior del país “porque hemos aprendido que el trabajo debe hacerse en la inmediatez, cerca de la cárcel; si no, no tiene sentido. Así, el procurador tiene su sede central en Buenos Aires, pero cuenta con estas delegaciones en las provincias para ser más eficaz”, explicó.

La Procuraduría Penitenciaria tiene injerencia exclusiva sobre las cárceles federales del país. Respecto de la situación de los penales, dijo que uno de los principales problemas que se detectan es la sobrepoblación. “Cuando vamos a una unidad que es para cincuenta y había una cama, ahora hay una cucheta. No se trata sólo de la ocupación de la cama; es también la infraestructura de los servicios y los espacios de circulación”, mencionó.

Otro de los problemas que identificó fueron los malos tratos. “Tenemos que prestar mucha atención a esto porque son gravísimos y muy frecuentes, más de lo que se cree. En algunos casos, las intervenciones son virulentas de tal manera que se cometen actos de tortura lisa y llana. Acá hablamos de apremios, pero el apremio es una manera más morigerada de sólo punir lo que es la tortura, que es un delito de máxima gravedad y no excarcelable. Es una cuestión que hay que atender en la inmediatez y que hay que corregir con la visita a la cárcel, articulando nuestras gestiones con el Poder Judicial”, expresó.

Cómo trabajan

Mugnolo aclaró que más allá de los delitos graves intramuros, existen otras situaciones anómalas y de disfuncionalidad que también agravan y atentan contra los derechos de las personas privadas de libertad.

“Para esto hacemos una tarea que implica visitar a los presos en las cárceles, tomarles audiencia, brindarles asesoramiento y procurar los medios para que estén más cerca de sus familiares”, relató. El funcionario contó que ponen a disposición de los internos un vínculo telefónico gratuito, a través de un 0800, que funciona como centro de denuncias que permite que todas las delegaciones de la Procuración empiecen a funcionar en red.

La Procuración cuenta con un cuerpo de profesionales médicos, que visitan los penales. También hay psicólogos, dedicados a atender “el aspecto más negativo” que tienen los penales, y que es la salud mental.

“Por otra parte -mencionó-, tenemos algo que es nuestro mayor orgullo: un observatorio nacional de prisión que recupera todo el trabajo que hacemos, y que monitorea las actividades. A partir de allí, investigamos. Somos un organismo nuevo que investiga para generar conocimiento. No hablamos por el conocimiento empírico -aclaró-; generamos un conocimiento científico a partir de la realidad”..

En la provincia

El flamante delegado local de la Procuración, Sebastián Cáceres, reparó en la particularidad de que la provincia de Santa Fe, a pesar de su extensión, no tenga una cárcel federal para alojar a los detenidos de esta región.

“Tenemos 300 presos federales detenidos aproximadamente en 44 centros. Sin dudas que sería conveniente tener un penal; esto lo hemos conversado con autoridades de los distintos poderes, y hay una unidad de opiniones acerca de la necesidad de la creación de una cárcel federal. Hubo intentos para construirla y hasta la Legislatura y el Concejo Municipal de Coronda aprobaron que un terreno fuese donado a la Nación para esta cárcel, sin embargo, nunca se construyó”, recordó.

A su criterio, hace falta “decisión política y una asignación presupuestaria” para que se pueda concretar la construcción. De todas maneras, aclaró que la ausencia de un penal “no quita las responsabilidades y la necesidad de que estos detenidos, que por la ley deben tener la garantía y el control de sus derechos humanos, puedan llegar a la Procuración Penitenciaria. Creo que tenemos un rol importante que cumplir desde el punto de vista institucional, no sólo con los detenidos, sino con la sociedad toda”, concluyó.

Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación, y Sebastián Cáceres, delegado local de la repartición.

Foto: Guillermo Di Salvatore

300

son los presos federales en territorio santafesino. Pero están alojados en 44 centros de detención que dependen del gobierno provincial, porque no existe una cárcel federal en la región.