Megaminería y financiamiento de la educación superior
La Alumbrera, 40 universidades
y un “dilema ético” por fondos
Por ley, desde 2008 las universidades nacionales reciben parte de las utilidades económicas generadas por la explotación minera La Alumbrera, en Catamarca, denunciada por contaminación ambiental. El tema despertó el debate académico y dividió posiciones sobre la legitimidad de esos fondos. Ya son tres las casas de estudios que los rechazaron.
Luciano Andreychuk
Es un tema urticante para los rectorados de las universidades nacionales, pues toca de lleno las fuentes subsidiarias de financiamiento destinadas a la educación superior que provienen de una actividad sospechada de contaminar el medioambiente. La cuestión ya no cabe debajo de la alfombra, y aún más: una encendida discusión ha comenzado a germinar en el interior de los claustros, dividiendo posiciones: ya hay tres casas de altos estudios -y una quincena de facultades en todo el país- que decidieron rechazar los fondos que llegan de la minería a cielo abierto.
En apariencia el tema aparece con matices confusos, pero su núcleo central es fácil de comprender. Todo comienza a fines de la década del “40, cuando un geólogo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) descubrió una mina en la provincia de Catamarca (ver mapa). En 1958 se sancionó una ley nacional -la Nº 14.771- que estableció que la UNT podría recibir un porcentaje de las utilidades económicas generadas a partir de la explotación de ese yacimiento metalífero, años más tarde
conocido como Bajo la Alumbrera. Hasta 2007, sólo esa universidad había recibido los aportes. Ya en 2008 aparece involucrado todo el sistema universitario público.
La mina es explotada por una empresa de capitales extranjeros (Minera Alumbrera Ltd.), dedicada a la extracción a cielo abierto de oro, cobre, etc., en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (Ymad). El Ymad es un ente público conformado por el gobierno de la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán -por la participación de sus investigadores en el descubrimiento- y el Estado Nacional.
Los fondos no son una donación, ni un subsidio: se asignan por ley. El Ymad los administra, y la distribución se da a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). A su vez, Minera Alumbrera Ltd. ha sido denunciada por organizaciones ambientalistas de contaminar el medio ambiente con su actividad extractiva a cielo abierto, y por un eventual “saqueo” de recursos naturales.
Distribución
El CIN -que agrupa a los rectores- aprobó en mayo de este año la segunda distribución de utilidades provenientes de la explotación minera y las repartió entre las universidades del Estado: 36,8 millones de pesos. La primera había sido en julio de 2008 -50 millones de pesos-. En menos de un año, a las casas de altos estudios públicas se les asignó más de 86 millones de pesos en concepto de utilidades provenientes de la minería.
¿Cómo se distribuyeron estos fondos? El artículo 18 de la Ley 14.771, inciso c, dispone que “los resultados que se obtengan por la explotación de esa mina se distribuirán en distintos porcentajes (...): un 50% para la Universidad Nacional de Tucumán, y el 50 % sobrante corresponderá al resto de las universidades del Estado”.
De acuerdo al acuerdo plenario Nº 672 (mayo de 2008), resuelto por el CIN y al que accedió El Litoral, de este 50 % para todo el sistema, 500 mil pesos van al propio Consejo. “El 75 % (de lo que reste) se distribuirá en proporciones iguales entre las universidades del Estado, y el 25 % por los porcentajes correspondientes al “modelo de pautas objetivas’ de distribución presupuestaria” excluida la UNT, dice el acuerdo.
Debate
Los fondos de la megaminería han despertado un encendido debate académico sobre la legitimidad de estos aportes. Lo que se discute es si está bien o no aceptarlos, dado que provienen de una actividad que se presume es contaminante, en contradicción con los postulados de las universidades públicas cuyas mayores proclamas reivindican la defensa del medio ambiente, los recursos naturales y el modelo de desarrollo sustentable. De esa división de posiciones surgieron tres universidades nacionales y una quincena de facultades que decidieron rechazar los fondos mineros, las llamadas “antimineras” (ver nota aparte).
“Esos fondos derivan de lo que establece una ley, y punto. Aquí se está desenfocando la cuestión central. Si hay una norma nacional que prevé la obligación de distribuir tales fondos, esa ley debe cumplirse, más allá de cualquier debate ético que quiera imponerse”, justificó ante este diario el presidente del CIN, Darío Maiorana.
“Así como somos críticos ante el monocultivo sojero o la utilización incorrecta de agua, lo mismo ocurre con la actividad minera, entendiendo que toda actividad humana genera un impacto en el medio ambiente. Pero no hay que caer en el facilismo de creer que las universidades son culpables de la actividad minera en el país”, sentó posición.
¿Debe el sistema de educación superior nacional aceptar dineros -aún dispuestos por ley nacional vigente- provenientes de una actividad sobre la que pesan serias sospechas de contaminación ambiental? Esta parece ser la encrucijada kantiana y el centro del debate abierto en el que cayeron las universidades públicas. Es, además, el ojo de una tormenta de posiciones enfrentadas que, tal como se presenta el panorama, se intensificará el año entrante.
