Pidieron una audiencia al gobernador y al Senado

Profesionales claman por políticas

públicas efectivas para la infancia

Cuatro Colegios de profesionales denunciaron que es exiguo el presupuesto para atender las demandas del sector, el desmantelamiento de las instituciones de alojamiento y que el “avance desmedido” de las drogas “hace estragos en la población más joven”, sin que “puedan acceder a programas de atención”.

Los titulares de los colegios trasladaron que “las condiciones por las que transitan los trabajadores a diario dan cuenta del desfinanciamiento y el posicionamiento político de esta gestión con la infancia”.

Foto: Amancio Alem

De la redacción de El Litoral

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Tres preocupaciones respecto a la vulnerabilidad en la que se encuentra la niñez santafesina instaron a los Colegios de Asistentes Sociales, Psicopedagogía, Psicología y Abogados a enviar una nota al gobernador Hermes Binner: las condiciones de precariedad laboral en la que trabajan sus profesionales, la desarticulación de programas para el sector que no fueron reemplazados y la falta de reglamentación de la Ley de Niñez 12.967, aprobada hace casi un año.

Esta mañana ofrecieron una conferencia de prensa para hacer público el reclamo, mientras esperan respuestas a un pedido de audiencia que elevaron en febrero al mandatario provincial y al presidente de la Cámara de Senadores.

Estos trabajadores desarrollan tareas en la Subsecretaría provincial de Niñez, en los distintos programas orientados a atender a niños y niñas en situación de vulnerabilidad para garantizar el cumplimiento de sus derechos: salud, educación, recreación, identidad, convivencia familiar y comunitaria.

Sin embargo, “dichos programas vienen sufriendo el deterioro, vaciamiento y desabastecimiento de recursos materiales y humanos. Y a ello, debemos sumar las condiciones de vulnerabilidad laboral que afectan quienes desempeñan funciones en esta Dirección, implementando de este modo políticas pobres ejecutadas por trabajadores precarizados para los pibes pobres”, afirmaron los representantes de los Colegios.

Principales problemas

Los profesionales que están en permanente contacto con la infancia más vulnerable sintetizaron los principales problemas.

Respecto a los equipos de atención -que son quienes deciden, por ejemplo, separar a un niño de su medio familiar- advierten que trabajan en condiciones de hacinamiento, sin espacios físicos para sostener entrevistas privadas con los niños y sus familias; y que no cuentan con “ningún tipo de recurso para la ejecución de medidas ordinarias, es decir programas y proyectos con anclaje comunitario, ni con movilidad ni teléfono a disposición permanente”.

Denuncian, además, que “los niños son separados de sus progenitores, alojados con familias por tiempos prolongados sin regularización en función de lo que manda la ley” y la ausencia de difusión pública de la necesidad inminente de abrir un registro de familias de tránsito, desatendiendo necesidades urgentes de niños en situación de vulnerabilidad.

Avance de la droga

Otra preocupación es que “cada vez más niños y adolescentes viven en situación de calle en la provincia, sufriendo el desamparo y la persecución policial, y un Estado cada vez más excluyente. Muchos de ellos, con sus familias sin vivienda digna y sus padres fuera del mundo laboral”. Ante esto, denunciaron que “el avance desmedido de distribución de drogas, el consumo de “poxi’, con la complicidad de quienes deberían controlar y desarticular los circuitos de tráfico, está haciendo estragos en nuestra población más joven, y sin posibilidades de acceder a programas de atención o prevención que dependan de esta Dirección”.

Desmantelamientos

Respecto a las instituciones de alojamiento de menores, los profesionales vienen advirtiendo hace tiempo “el desmantelamiento de recursos de trabajo indispensable”. Enumeran “ la falta de recursos en programas alternativos con los cuales articular para producir egresos, problemas edilicios graves, falta de personal para cubrir guardias y de capacitación de preceptores; presupuesto insuficiente para garantizar el alimento, ropa, útiles, recreación y que las actividades recreativas se hacen por la buena voluntad los trabajadores”.

También repudiaron el “desmantelamiento del equipo de violencia familiar incumpliendo con las respectivas funciones designadas por la Ley Provincial de Violencia Familiar 11.529, que confiere competencia en la asistencia, asesoramiento, articulación, difusión y registro de la problemática de violencia familiar y abuso sexual infantil”.

Bajo esta realidad, los profesionales observan “con gran preocupación, la ausencia o demora en la adopción de políticas dirigidas a satisfacer las necesidades mínimas y a reducir las graves diferencias sociales que impiden gozar de un mínimo de calidad de vida por los niños y sus familias”.

Adolescencia

En pleno auge de debate acerca de la baja de imputabilidad, los profesionales se encuentran con una problemática que no cuenta con el abordaje que su complejidad requiere: “Menores no punibles es la denominación que se le da a niños y adolescentes transgresores de la ley, que en su mayoría tienen sus derechos vulnerados. Desde este dispositivo, pensamos nuestras intervenciones orientadas a la restitución de derechos, a la posibilidad de que estos pibes puedan tener una nueva inscripción social; pero, ¿cómo pensar dicho trabajo cuando nuestros derechos como trabajadores se encuentran vulnerados? Sostenemos la importancia de un trabajo artesanal, desde lo singular, que permita recuperar la historia de los niños/as y adolescentes y a partir de allí pensar otros caminos posibles, pero para ello es necesario una estructura que respalde nuestro trabajo cotidianamente. Consideramos de fundamental importancia poder contar con becas de capacitación que permitan la formación de los adolescentes y un espacio de alojamiento que no reproduzca el sistema carcelario y/o expulsivo. Todo esto sería posible con una verdadera política dirigida a la Restitución de Derechos de niños y adolescentes”.