EDITORIAL

La caída de programas para la niñez

Los DNU, los paros, la puja entre kirchneristas y la oposición en el Congreso, el enfrentamiento de peronistas y socialistas en la Legislatura de Santa Fe. Las últimas semanas han estado cargadas de noticias vinculadas con enfrentamientos políticos a escala nacional y provincial que dificultan nuestro desarrollo.

Pero en medio de tamaña turbulencia, se produjo un hecho que prácticamente pasó desapercibido. Los Colegios profesionales de Asistentes Sociales, Abogados, Psicólogos y Psicopedagogos se unieron para denunciar que el gobierno de la provincia viene desmantelando distintos programas tendientes a atender a la niñez en riesgo y que no puso en funcionamiento ningún tipo de alternativa que suplante el trabajo que se venía realizando durante los últimos años en la materia.

Tal vez, el caso más resonante fue el cierre del Comité de Maltrato Infantil del Hospital de Niños Orlando Alassia. Luego de aquella medida, conocida a principios del año pasado, profesionales de distintas áreas y hasta la Defensoría del Pueblo de la Provincia plantearon ante el gobierno su preocupación, ya que el Comité se había convertido en un punto de referencia en la atención de niños maltratados en todo el centro y norte santafesino. En aquel momento, el gobierno escuchó los planteos. Sin embargo, el Comité jamás volvió a funcionar.

Ahora, se denuncia que se agravan las condiciones de amplias franjas de población infantil que no están siendo correctamente atendidas por el Estado provincial. Lo dicen profesionales que, incluso, trabajan en la Subsecretaría de Niñez, pero aseguran sentirse presos de la impotencia.

Según los abogados, psicólogos, asistentes sociales y psicopedagogos, dichos programas vienen sufriendo el deterioro, vaciamiento y desabastecimiento de recursos materiales y humanos.

Los profesionales afirman que los equipos de atención directa -encargados de decidir, por ejemplo, si un niño debe ser separado de su familia- trabajan en condiciones de hacinamiento, sin espacios físicos para sostener entrevistas privadas y que no cuentan con “ningún tipo de recurso para la ejecución de medidas ordinarias, es decir programas y proyectos con anclaje comunitario, movilidad o teléfonos a disposición permanente”.

Pero eso no es todo. Poder Ejecutivo provincial tampoco reglamentó la Ley de Niñez 12.967 aprobada hace casi un año, a través de la cual la tutela de los niños en riesgo dejó de estar en manos de los Juzgados de Menores. Esta demora resulta llamativa y genera incertidumbres y vacíos legales que complican todavía más la situación.

La falta de respuestas en materia de minoridad agudiza los problemas del presente y los multiplicará en el futuro inmediato. Miles de niños en situación de riesgo y prácticamente abandonados por sus familias, no están siendo atendidos por el Estado. Muchos de ellos caen de manera casi irremediable en el mundo de las drogas y la delincuencia callejera y, cada día que pasa, será más difícil auxiliarlos y sacarlos de ese camino.