“No es necesario cambiar la integración actual del Consejo de la Magistratura”
Héctor Masquelet entiende que es posible mejorar el funcionamiento con decisiones internas. Admite demoras en el funcionamiento de la justicia y una mayor denuncia sobre la tarea de los magistrados. El mapa judicial de Santa Fe.
Mario Cáffaro
El secretario de Justicia de la Nación, Héctor Masquelet, se pronunció por no variar la actual integración del Consejo de la Magistratura, cuerpo que él integra por el Poder Ejecutivo, aunque sí reconoció que se puede mejorar el sistema de elección de sus miembros en cada estamento y en lo interno tener procedimientos más ágiles.
El integrante del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación estuvo en Santa Fe para inaugurar la primera Oficina de Acceso Ciudadano Gratuito a la Justicia del interior del país. En su visita a El Litoral, se refirió a la necesidad que tiene gran parte de la población a ser escuchada por el Estado y dio sus puntos de vista sobre la discusión en el Congreso sobre el Consejo de la Magistratura, órgano instituido por la reforma constitucional de 1994.
—¿Se debe reformar el Consejo o usted está conforme con el funcionamiento actual?
—Los argumentos en pos de la reforma del Consejo de la Magistratura han sido básicamente falsos. El principal es el de una supuesta mayoría o capacidad de bloqueo del Poder Ejecutivo para determinadas iniciativas como el juzgamiento de jueces o aprobación de ternas. En ninguno de los casos ha ocurrido, nunca se ejerció ese supuesto poder de veto. El Consejo actual ha demostrado ser más eficiente que en su composición anterior: aprobó mayor cantidad de concursos, tuvo más trámites de denuncias.
Este cuerpo ha resuelto en casi tres años, 1.500 trámites de denuncias formuladas y en el 95 % de los casos lo ha hecho por unanimidad y en los casos en que se votó, en ninguno votaron los cinco supuestos miembros del oficialismo contra el resto, hubo votaciones cruzadas.
No se ha demostrado que este Consejo no sea eficiente. Hay posibilidades de mejorarlo, hay proyectos que buscan mejorar el funcionamiento pero no la composición; sí, se puede modificar la forma de elección de algunos de los estamentos, como por ejemplo los abogados o los legisladores.
—¿ La Corte debe o no estar presente en el órgano?
—Es un tema discutido, inclusive, en la propia Corte. Más allá que la Corte no toma una posición oficial, algunos miembros opinan que sí y otros que no, que entienden que la Corte está para fallar, y no para llevar adelante trámites administrativos ni para gestionar la administración del Poder Judicial. El problema de la incorporación es que haciéndola, significa darle a la Corte la presidencia.
Cuando se habla de incorporar la Corte, se habla de darle la presidencia del Consejo y la Constitución dice otra cosa, dice que la administración le corresponde al Consejo de la Magistratura. Por otro lado, el miembro de la Corte que vaya al Consejo deja el tribunal porque va a estar todo el día resolviendo licitaciones, compra de papel, alquiler de locales, etc. La labor cotidiana del Consejo es la labor de administración de toda la Justicia nacional y la federal. No es conducente su incorporación aunque es una discusión del Congreso.
—¿Ésa es la postura del Poder Ejecutivo?
—Nuestra posición es mantener la composición actual, sí mejorar el funcionamiento. Este año hemos modificado el reglamento de concursos. Se puede hacer mejoras, darle más celeridad al procedimiento de sanciones disciplinarias. Se puede mejorar la forma de selección de miembros, etc.
—Mencionó que en tres años, trataron 1.500 denuncias. ¿Por qué tanta denuncia contra jueces?
—El hecho de que el 95 % haya sido resuelto por unanimidad indica que hay una enorme cantidad de ellas que carecen totalmente de fundamentos. Hay un conjunto de denuncias que son realizadas por denunciantes crónicos, otros por estar en desacuerdo con la sentencias, pero también hay algo que se ha ido ganando progresivamente que es la mayor capacidad de cuestionamiento de la labor judicial. Durante años, esto era imposible, ahora se está transparentando progresivamente el procedimiento y el ciudadano se ve con más derecho a poner en tela de juicio la labor de los magistrados. En muchos casos, se ha llegado a sanciones -producto de demoras injustificadas, o de conductas inadecuadas de los magistrados- y se ha llegado a la destitución. Hay una enorme cantidad de casos que tienen que ver con la ineficiencia del Poder Judicial que también es una realidad. Hay una demora extraordinaria en el trámite de los procedimientos, a veces por sobrecarga de tareas, a veces por ineficacia de la labor judicial.
—¿Cuál es su postura acerca del proyecto del diputado Alejandro Rossi de evaluar periódicamente a los jueces?
—Hay países que la tienen. Habría que determinar cómo se instrumenta para despejar expectativas. El proyecto no habla de poner en comisiones a los jueces, sino de un sistema de evaluación que en el peor de los casos daría lugar para que la conducta sea girada para ser evaluada por una comisión del Consejo.
El proyecto fomenta una mejor capacitación de jueces, una actualización. Nuestro actual sistema lleva a que muchos jueces que no tienen intenciones de concursar cargos superiores, hayan abandonado por completo la actualización y capacitación, y se deteriora el ejercicio de la función jurisdiccional. Lo concreto hoy es que la escuela judicial que se creó en el Consejo de la Magistratura tiene problemas para funcionar porque los jueces no van porque hay una suerte de sentido común de que el juez ya no tiene más nada que aprender a partir de llegar al cargo.
—Pero a la hora de concursar cargos ante el Consejo, ¿tienen posibilidades los que están fuera del Poder Judicial?
—Todavía es poca la gente que ingresa por fuera de la Justicia, es un poco más en el interior del país. Una de las propuestas de Rossi es favorecer los mecanismos de participación de abogados que ejercen la profesión. En el sistema actual, las calificaciones por antigüedad y especialidad, todavía benefician a los magistrados. El nuevo sistema de concursos tendió a buscar un mayor equilibrio, pero es todavía difícil lograrlo porque los jueces acreditan per se la especialización, mientras que a los abogados le cuesta más.
