El secretario de Políticas Universitarias de la Nación estuvo en Santa Fe
Dibbern: “La nueva ley de educación superior debe surgir del consenso”
El funcionario consideró que “hay que esperar el momento adecuado” para reabrir el demorado debate sobre una nueva norma que reemplace a la controvertida ley Nº 24.521. Gratuidad, cogobierno, autonomía y criterios de distribución del presupuesto para universidades.
Alberto Dibbern, secretario de Políticas Universitarias de la Nación.
Foto: Amancio Alem
Luciano Andreychuk
El debate legislativo por una nueva ley de educación superior que reemplace a la actual Nº 24.521 -sancionada en 1995 durante el gobierno menemista, y hoy cuestionada por casi todos los actores universitarios- está estancado. Hay varios proyectos en las comisiones de Educación de Diputados y el Senado de la Nación, impulsados por distintos sectores, pero las diferencias políticas se han impuesto: se trata de definir una norma que, adaptada a los tiempos actuales, regule el funcionamiento de las universidades, motores del desarrollo de las naciones modernas. Nada menos.
¿Qué implica hablar de una nueva ley de educación superior? De más garantías a las autonomía y autarquía universitaria, al cogobierno y a la gratuidad de la enseñanza universitaria. Pero también de ampliar la evaluación y acreditación de carreras, de impulsar la expansión planificada de ofertas y de promover redes de educación a distancia, o de fijar criterios equilibrados de distribución presupuestaria para las universidades nacionales, entre otras cuestiones.
“No hubo avances recientes respecto del tratamiento de la nueva ley. Tuvimos reuniones con legisladores, se trabajó sobre documentos que se han presentado en las comisiones de Educación, pero no se siguió avanzando. Personalmente creo que es una norma que tiene que alcanzar la mayor cantidad de consensos”, expresó Alberto Dibbern, secretario de Políticas Universitarias de la Nación, durante su última visita a Santa Fe.
Para el funcionario nacional “hay que buscar la oportunidad política (para el debate por la nueva ley), y a veces los momentos de turbulencia no son los mejores para discutir una ley de consenso. La oportunidad llegará cuando todos los actores nos pongamos de acuerdo y haya una ley por consenso. Una ley que salga por una “mayoría impuesta’ no será una ley posible para su aplicación”, dijo, aludiendo al actual escenario del Congreso, donde la oposición ha logrado marcar los tiempos.
Presupuesto
—¿Sobre qué temas clave del sistema universitario nacional deben construirse esas coincidencias, llegado el debate?
—Estamos de acuerdo en que la educación debe ser un bien público, en respetar la autonomía y la autarquía universitaria, la gratuidad de la enseñanza, la accesibilidad, la expansión planificada, más garantías de la calidad, el sistema de pasantías, los voluntariados durante un trayecto de la currícula... Hay temas como el medioambiente o los derechos humanos que quizás deban cruzar transversalmente los programas de carreras, y otras muchas cuestiones que si se plantean y discuten, se pueden consensuar.
—¿Y los criterios de distribución presupuestaria? Se pueden generar consensos sobre cómo se distribuyen las partidas para cada una de las universidades nacionales?
—Los criterios de distribución siempre deben tener pautas objetivas: al CIN (consejo que agrupa a los rectores nacionales) le llevó 10 años encontrar un sistema de distribución con esta característica. Desde el Ministerio de Educación de la Nación tratamos de respetar esto, todos los mecanismos de asignaciones presupuestarias fueron acordados en conjunto.
Es cierto que hay distorsiones que se pueden presentar. Si las distribuciones o participaciones presupuestarias entre las universidades se han modificado, primero fue porque de 40 pasaron a ser 46 universidades nacionales, y segundo porque si se incorporan aumentos salariales siempre se genera una distorsión. En la nueva ley, tendrán que estar expresados de una manera clara los criterios de distribución de los dineros para las casas de estudio.
