El puerto retaceado
Gustavo J. Vittori
Todos apoyan, en el plano discursivo, la reconversión del Puerto de Santa Fe. Se trata de una posición políticamente correcta. Por eso, quienes se oponen, usan máscaras. En rigor, aquí y en otras ciudades, hay quienes no dicen lo que verdaderamente piensan; y, mucho menos, lo que efectivamente hacen para bloquear la iniciativa.
En una situación como ésta, donde los que trabajan en contra dicen que están a favor, importa manejarse con los hechos. Vale, entonces, después de las tres presentaciones realizadas en esta ciudad, Rosario y Buenos Aires por el gobierno provincial para promover la iniciativa portuaria, revisar las partidas previstas en el proyecto de presupuesto 2011 remitido por el Poder Ejecutivo a la Legislatura. Allí están consignados los números que revelan la exacta importancia que el gobierno confiere al proyecto. Los números, al cabo, son más reveladores que las palabras. Y ¿qué es lo que dicen? Expresan que en 2011 la partida asignada contempla $ 3.220.000 menos que la del año en curso. De modo que mientras el proyecto avanza hacia su concreción, las previsiones en vez de aumentar, disminuyen. Podrán al respecto, desplegarse argumentos técnicos que lo justifiquen, quizá los tiempos que median hasta su proyectada adjudicación, prevista para fines del año próximo. Pero hay que convenir que la contradicción entre el avance del proyecto y la reducción de los recursos para financiarlo llama la atención y emite un mensaje de alerta. Máxime cuando en el mismo presupuesto y en la jurisdicción del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente -categoría Puertos de la Provincia- se prevén partidas por $ 12.200.000 asignados a los puertos de Rosario ($ 12.000.000), Reconquista ($ 100.000) y Villa Constitución ($ 100.000). En lo que corresponde a esta cartera no hay ninguna cifra prevista para el Puerto de Santa Fe. En cambio, para el de Rosario, el valor mencionado integra un programa quinquenal que establece un desembolso por año de $ 12.000.000 hasta 2015. Esta partida está destinada a la construcción de un nuevo muelle como compensación por el terreno que la Nación le transfiere a la provincia para erigir el denominado Puerto de la Música, obra que, a su vez, cuenta con una partida de $ 40.000.000 para 2011; y otra, de $ 41.432.280 para 2012. A estos números hay que agregarle el monto ya ejecutado de $ 3.942.003 en el área del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. De modo que el costo total de inversión pública para este extraordinario proyecto -que puede incrementarse- asciende hoy a $ 145.374.283, monto que expresado en dólares equivale aproximadamente a 37 millones, cifra similar a la que expresa la suma del crédito gestionado ante el Fonplata y su contrapartida aprobada por la Legislatura provincial para la reconversión del Puerto de Santa Fe. Otra vez, los números son reveladores.
No tengo nada contra el Puerto de la Música, que me parece un proyecto formidable. No tengo dudas de que el exquisito implante arquitectónico concebido por el estudio Niemeyer se alzará a la vera del Paraná como un convocante hito cultural de Latinoamérica. De seguro, esa imagen pasará a identificar a la orgullosa ciudad de Rosario en el mundo, de manera semejante a lo que ocurrió con el edificio del Museo Guggenheim diseñado por Frank Ghery junto a la ría de Bilbao. Enhorabuena.
El problema radica en lo que ocurre con su contracara, el Puerto de Santa Fe, un “puerto-puerto”, sin metáforas, concebido como pieza significativa de un sistema productivo en expansión traccionado por la nueva agricultura y la puesta en producción de tierras vírgenes en las entrañas de la Cuenca del Plata. Ese proceso ubica a Santa Fe en el centro de una nueva realidad económica y le abre perspectivas de solución a lacerantes problemas sociales.
Por eso el Ente Administrador de nuestra alicaída estación fluviomarítima, rema y rema, dinámica acción en la que cuenta con la colaboración de la Mesa de Entidades y la Mesa del Diálogo. Pero hacen falta respaldos más decididos dentro y fuera del gobierno. Binner está convencido, al menos en términos políticos, de la necesidad de concretar la extensión portuaria a la ribera del Paraná. Bonfatti, también. Pero no ocurre lo mismo con los tres ministerios -Hacienda, Aguas y Producción- vinculados con los aspectos operativos del tema y en los que hay distintos grados de resistencia al proyecto. No obstante, se debe reconocer que Sciara, quizá contra su voluntad, ha cumplido los pasos necesarios para redefinir -y mejorar- la iniciativa ante el Fonplata.
Hecha la salvedad, vuelvo sobre el fondo de la cuestión. La semana pasada di a conocer las catastróficas cifras de la involución económica operada en el departamento La Capital entre 1970 y 2001, datos relevados por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y confirmados por una extensión estadística realizada en 2004.
En este sentido, el puerto regional cuya reconversión se impulsa creará una importante plataforma de actividades económicas con impactos positivos sobre el empleo de mano de obra, el consumo, la inversión y el consiguiente incremento de la recaudación de impuestos nacionales, provinciales y municipales. En la etapa de construcción de la infraestructura brindará respuestas al segmento de la mano de obra no calificada y las reproducirá luego con la instalación de cada planta fabril, en tanto que en el ciclo de producción y servicios logísticos le abrirá las puertas del empleo a recursos humanos calificados.
Por lo tanto, se trata del trabajo, de la salida laboral para nuestros universitarios, del encadenamiento de actividades, del desarrollo. Es un antídoto contra el hambre, la indigencia, la pobreza, la conflictividad social, el delito que nace de la marginación y la falta de oportunidades. Es un tema de inusitada dimensión. Por eso producen asco las maniobras subterráneas y la constante creación de obstáculos artificiales para trabar el proceso. La conducta de quienes incurren en tales prácticas es asimilable al delito de genocidio. Y no exagero, porque estos bloqueos conspiran contra una mejor vida de centenares de miles de ciudadanos, y en muchos casos, al privarlos de trabajo, no sólo se matan ilusiones y expectativas, sino que la ausencia de respuestas cobra vidas reales por un camino poco visible pero de eficiente letalidad.
A quien le quepa el sayo que se lo ponga. Que oigan los que en estos días han hecho circular en Rosario tóxicos rumores de un inminente fracaso del llamado a manifestación de interés. Que despierten los burócratas que complican trámites para desalentar presentaciones o desacompasan los tiempos de un proceso que reclama ajustadas articulaciones. Que reaccionen los santafesinos en este momento crucial cuando ya no se habla de la tasa de retorno de la inversión o del costo-beneficio de la obra pero se intenta crear nuevas dudas sobre el proyecto.
Mientras tanto se van a cumplir siete años del inicio de las gestiones para financiar los estudios de factibilidad de la reconversión portuaria. Ningún puerto sobre el río Paraná ha sido tan estudiado como éste. Su problema es ser un puerto público, y lo curioso es que muchos de los teóricos de la función del Estado -sobre todo en sitios en los que no alcanza el capital privado local- argumentan como recalcitrantes neoliberales; esto es, esperan, como única alternativa la aparición del gran capital privado para costear, incluso, parte de la infraestructura de acceso y vinculación, cuestiones que en cualquier país de Europa dependen de la inversión pública.
El planteo, por discriminatorio, nos lleva a preguntar cuál fue la tasa de retorno del puente Rosario-Victoria, obra que se repagaría a las constructoras privadas con el producido del peaje y terminó siendo absorbida por el Estado con tarifas subsidiadas. No hubo un santafesino que, pese a ello, objetara esa obra de integración regional. Pero no hay reciprocidades, ni generosidad, ni comprensión cabal de los daños que a Santa Fe y la gente de su región, le provocan las manipulaciones de trastienda.
