Marcha en Buenos Aires para pedir otra ley

El Financiamiento Educativo, a diciembre

La inversión del 6 % del PBI en Educación para el 2010 pudo concretarse. Sin embargo, quedaron varias metas educativas sin cumplirse. Piden una nueva ley que aumente la inversión y plantee nuevos objetivos.

Laura Hojman (DyN)

educacion@ellitoral.com

La Ley de Financiamiento Educativo sancionada hace cinco años vence en diciembre próximo y una de sus metas, la de alcanzar una inversión del 6% del PBI para la enseñanza, que prácticamente se cumplió, es hoy, para muchos, insuficiente y necesitaría un incremento de dos puntos.

Maestros de varios sindicatos y puntos del país, confluirán el próximo miércoles en una concentración frente al Congreso para reclamar una nueva norma o la continuidad de la actual, como un modo de garantizar la paz social en las metas inclusivas, pedagógicas, institucionales y laborales.

La idea es que se sancione una nueva herramienta financiera por diez o quince años más, que se eleve de 6 al 8 por ciento del PBI en el área y, además, se inviertan los roles de inequidad. Según sostienen: “Que Nación se haga cargo del 60 por ciento del aporte económico y las provincias del 40 por ciento, no como sucede actualmente, que es a la inversa”.

Durante estos últimos meses se abrieron varias rondas de debate entre sindicatos docentes y el Ministerio de Educación, incluida la gestión anterior de Juan Carlos Tedesco y la actual de Alberto Sileoni, y también entre las comisiones educativas del Parlamento, para encontrar una “herramienta” que garantice la continuidad o el reemplazo de la norma que está próxima a caducar.

La Ley de Financiamiento Educativo asomó en 2005, tras nacer en las “estacas” de los 1.003 días de la Carpa Blanca, frente al Congreso, con un anterior intento del fracasado impuesto a “vehículos, embarcaciones y aeronaves” de la gestión de Carlos Menem, que pocos se avinieron a pagar, y luego con la inclusión en el presupuesto como un ítem más durante el gobierno de la Alianza.

En ese momento, el país orillaba el 4 por ciento del PBI para la enseñanza, pero en 2007 se pegó un salto cuantitativo importante al lograrse lo que se consideró “la máxima inversión educativa desde 1980”.

Metas incumplidas

Sin embargo, pocos saben que, además del financiamiento, la citada ley proponía otras metas pedagógicas, que aún no se cumplieron como universalizar las salas de 4 años, e incluir al 100 por ciento de los niños de 5 años en la educación inicial, dando prioridad a los sectores sociales más desfavorecidos.

¿A qué otros objetivos apuntaba la ley? Por ejemplo, garantizar un mínimo de 10 años de escolaridad obligatoria y asegurar la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. Además, lograr que, como mínimo, el 30 por ciento de los alumnos primarios tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa, dándole prioridad a los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas.

El Sadop nacional, que conduce el filósofo Horacio Ghilini, sostuvo que “el financiamiento educativo es un problema estructural que debe trascender las respuestas coyunturales y a corto plazo”. Además, agregó que “es esencial para sostener un proyecto de país justo y autónomo, donde se privilegie el trabajo y se protejan los derechos de las personas”.

Otras organizaciones ligadas a la educación, como la Fundación Sustentabilidad Educación y Solidaridad (SES), Cippec, Cáritas y Cimientos, se pronunciaron sobre la necesidad de la continuidad de la norma. Entre otras consideraciones, subrayaron que “los países en donde el nivel educativo experimentó una evolución favorable, demuestran que una inversión sostenida en el tiempo produce mejoras significativas”. También precisaron, por un lado, que es “indispensable” que la Argentina cuente con un marco legal que garantice un aumento progresivo de la inversión educativa y que “explicite tanto el origen como el destino de los fondos”.

Adhesiones

El próximo miércoles la Confederación Trabajadores de la Educación de la República (Ctera), junto a los otros gremios nacionales (Amet, UDA, Sadop y la CEA) realizará una movilización al Congreso de la Nación para exigir una nueva ley de Financiamiento Educativo, ya que la actual vence este año.

Amsafe adherirá a la manifestación con una comitiva de delegados que viajará a Buenos Aires. En la provincia, en tanto, no habrá paros ni otra medida de protesta. “Desde el gremio estamos sensibilizando y juntando adhesiones de distintos partidos políticos, tanto de los Concejos Deliberantes como de la Legislatura, a los fines de que hagan un pronunciamiento a favor de la continuidad de esta ley que beneficia a la educación”, dijo Sonia Alesso, de Amsafe.

“La ley de Financiamiento Educativo ha posibilitado en estos años más inversión del gobierno nacional para Educación, la Paritaria Nacional Docente, un Fondo Nacional de Compensación de Desigualdades Salariales, incremento del 6 % del PBI para educación”, señaló la Ctera en un comunicado.

“Hoy se hace imprescindible que esta ley continúe con más inversión para lograr puntos de la ley Nacional de Educación que todavía quedan pendientes como la universalización del nivel inicial, la obligatoriedad del nivel medio, la extensión de la jornada completa (estas metas se lograrán con la creación de más escuelas y la incorporación de más docentes), entre otros puntos”.