Retoque a la Ley Nº 2.439

Bajan la edad para acceder a cargos en comisiones comunales

Hasta hoy el mínimo es 22 años y la Cámara de Diputados votó por llevarlo a 18. Además posibilitan que los empleados de comunas puedan ser candidatos, siempre y cuando soliciten licencia en la función.

Mario Cáffaro

mcaffaro.ellitoral.com

La Cámara de Diputados bajó de 22 a 18 años uno de los requisitos para ser candidato a integrar comisiones comunales en la provincia al modificar el artículo 22 de la Ley 2.439 (orgánica de comunas), asunto que quedó a revisión del Senado. Lo novedoso es que la posibilidad fue incorporada en la Comisión de Asuntos Constitucionales a instancias del demoprogresista Gabriel Real cuando se discutía una reforma a dicho proyecto pero propiciada por el bloque kirchnerista. Luis Rubeo, presidente del Frente para la Victoria, había presentado un proyecto para modificar el criterio de incompatibilidad que hoy establece la ley orgánica para los empleados comunales que pretenden postularse a cargos electivos.

En congruencia con la reciente modificación del Código Civil que estableció la mayoría de edad a los dieciocho años; Real propuso establecer como edad mínima para postularse a cargos electivos comunales, también la edad de 18 años. “Debemos favorecer la participación de la juventud en la actividad política y para ello es imprescindible actualizar la vieja normativa. Aproveché la iniciativa de mi par Rubeo para incorporarle esta nueva modificación que posibilitará a los jóvenes ciudadanos dejar de ser meros espectadores en el gobierno de su comuna, para poder convertirse en actores principales de su destino”, dijo el demoprogresista. Además hizo notar que unos 200 mil jóvenes santafesinos, que hoy tienen entre 18 y 22 años, podrán ser candidatos el año próximo.

“No son pocos años para comerciar, para decidir cuándo se quieren casar, para elegir un presidente de la República y no eran pocos años cuando los mandaron a la guerra; quienes piensan que son inmaduros, lo hacen porque ven a los jóvenes como sujetos de obligaciones sin ningún derecho o subestiman su capacidad creadora y transformadora. Proponemos este cambio porque estamos convencidos, que en la fuerza de sus jóvenes años y de sus ideales, incontaminados por la politiquería, radica la esperanza argentina”, dijo el demoprogresista.

Por otra parte, también la reforma al artículo 22 estableció la posibilidad de que los actuales empleados comunales -sean permanentes o contratados- puedan ser candidatos siempre que soliciten la correspondiente licencia sin goce de haberes para el desempeño del cargo aclarándose que no podrá desempeñar simultáneamente ambos cargos. Por último se aclara que en caso de que el empleado electo no se encuentre beneficiado por la remuneración prevista para la autoridad comunal, se le establecerá y garantizará en las condiciones previstas en el artículo 25 de la ley orgánica..

Patovicas

Por otra parte, Diputados dio nuevamente media sanción a la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley 26.370 que establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia en espectáculos públicos, norma sancionada por el Congreso en mayo de 2008.

El radical Leonardo Simoniello impulsó el tema que también tuvo apoyo de Diputados el año pasado pero que perdió estado parlamentario al no ser aprobado por el Senado.

“Insistimos en su presentación porque entendemos que el Estado debe promover la formación, capacitación e idoneidad de las personas que pretendan desarrollar esta actividad”, explicó. El proyecto tiene dos artículos y determina que el Poder Ejecutivo será el encargado de reglamentar la ley mientras que los municipios y comunas serán autoridad de aplicación.

De acuerdo con la norma nacional vigente, no pueden trabajar como personal de seguridad aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad, así como aquéllos que se encuentren en actividad revistando en fuerzas armadas, penitenciarias, de seguridad e inteligencia, que hayan sido condenadas por delitos cometidos en el desempeño de la actividad que la misma regula, o con penas privativas de libertad que superen los 3 años.

La ley determina que los trabajadores serán encuadrados en tres categorías: controlador, controlador especializado y técnico en control de admisión y permanencia. Para cada categoría, el controlador deberá aprobar un curso con materias que apuntan especialmente a la comunicación no violenta, derecho penal y constitucional, derechos humanos, seguridad en siniestros y primeros auxilios.

“Todo esto intenta mejorar los niveles de formación y educación de aquellas personas destinadas a realizar las actividades de control y admisión y que, dentro de los marcos legales, puedan llevar adelante tan delicada tarea”, explicó el radical.