Un problema crónico, que empeoró en los últimos años

El 30 % de las familias argentinas no es propietaria de su vivienda

La toma de terrenos públicos pone en evidencia las consecuencias de la impericia en la gestión pública y la voracidad del oportunismo político y de la corrupción. Pero indudablemente tiene como trasfondo problemas sociales masivos e intensos.

De la redacción de El Litoral

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Idesa

Aunque en los últimos años el crecimiento en la actividad económica y sobre todo en el gasto público fue muy intenso, errores de estrategia llevan a que no se avance en la resolución de las cuestiones sociales más básicas. Para eliminar los fuertes déficits de vivienda es imprescindible recomponer el mercado de créditos a largo plazo y focalizar el gasto público en las familias de más bajos ingresos.

La masiva ocupación de espacios públicos por parte de familias en estado de alta vulnerabilidad social es un fenómeno que merece varias lecturas. Por un lado, pone en evidencia la ineficacia de los sistemas de seguridad; que se mueven en un péndulo entre la pasiva inacción y la represión violenta. Por otro lado, testimonia las facetas más patéticas del oportunismo y la corrupción que cobija el sistema político. Pero, lo más importante, es que constituyen una manifestación de la extensión e intensidad de los problemas sociales. Se trata de fenómenos muy complejos que responden a una multiplicidad de factores causales. En este caso concreto se exteriorizan a través de familias muchas de ellas migrantes internos- que frente a la realidad que viven y la desesperanza sobre su futuro están dispuestas a sumarse a la aventura de incursionar en la ilegalidad y a los riesgos de asentarse en terrenos que no son de su propiedad.

Datos estadísticos

Si bien el problema de la vivienda es crónico en la Argentina, es interesante analizar su dinámica en los últimos años. Según datos oficiales de la EPH, que cubre a los principales centros urbanos, la situación habitacional de la población muestra los siguientes cambios:

* En el año 2000 el 76% de los hogares manifestaba ser dueño de la vivienda que habitaban, mientras que en el 2010 esa proporción había bajado al 70%.

* En las mismas fechas los hogares que declaran alquilar aumentan del 16% al 18%.

* La proporción de familias que declaran “otra forma de tenencia” aumentan en un 50%, ya que pasan del 8% al 12% entre los años 2000 y 2010.

Con reservas

Aunque los datos oficiales adolecen de limitaciones importantes en términos metodológicos y de cobertura (por ejemplo, es previsible que la gente tienda a no declarar a los encuestadores del Indec la ocupación ilegal de viviendas), son suficientes para delinear tendencias que confirman que los problemas habitacionales continúan agravándose. Prueba de ello es que la proporción de familias que afirma ser dueña de la vivienda se reduce, mientras que crecen las que alquilan y fundamentalmente las que ocupan un inmueble de manera informal o irregular.

Llama la atención que la continuidad y profundización de este problema social se dé en el marco de un proceso de bonanza económica. En los últimos años, la Argentina viene disfrutando un contexto inéditamente favorable que ha motorizado un fuerte crecimiento en la actividad económica. Medido en términos per cápita se estima que la producción creció entre los años 2000 y 2010 un 37%.

Desequilibrio

Aun más llamativo es que no se han revertido los problemas de vivienda cuando el gasto público creció a un ritmo mucho mayor que el nivel de actividad económica. El gasto público total, consolidado los tres niveles de gobierno, que en la década de los “80 era del 30% del PBI, pasa en los “90 al 32% y estimativamente habría llegado en el año 2010 al 40%.

El default y la pesificación de depósitos, la inflación, la eliminación del régimen de capitalización y, en general, la discrecionalidad y la poca transparencia destruyeron el incipiente mercado de capitales con que contaba la Argentina. Bajo estas condiciones, los ahorros son masivamente desviados al exterior (incluyendo el atesoramiento de dólares o euros) o a la compra de inmuebles. Muy marginalmente son canalizados al sistema financiero para que este cuente con recursos que sustenten créditos bajo condiciones que le permita a las familias comprar su vivienda. Mientras tanto, la vivienda social ha tenido un espacio muy acotado dentro de la vertiginosa expansión del gasto público motorizada por el desbordante crecimiento de los subsidios a empresas públicas y privadas.

1.186.390

viviendas

hay en la provincia, según el último censo, para 3.200.736 habitantes.

123 mil

familias

están inscriptas en los planes oficiales de vivienda.