Santa Fe no nuclear: ¿un debate cerrado?

Hace 20 años la provincia prohibía el desarrollo de la energía atómica

En 1991, la provincia sancionó una ley que prohíbe la instalación de plantas y/o depósitos nucleares transitorios o permanentes. También el transporte de desechos atómicos por cualquier medio en el territorio santafesino. La norma -producto de un contexto singular- sigue vigente.

Luis Rodrigo

[email protected]

“Eran épocas de debates muy encendidos, muy apasionados en la Legislatura. No existía como hoy el hábito institucional de las reuniones de jefes de bloques, así que no se anticipaban los temas de la sesión... Cada reunión era una sorpresa; a veces, eran interminables”, relata Adriana Bulacio, hija del autor de la ley que en Santa Fe -hace ya casi 20 años- prohibió el desarrollo nuclear en la provincia.

La Ley 10.753 se aprobó a de fines de 1991. Fue impulsada en la Cámara de Senadores por el Dr. Horacio Bulacio, que representaba al departamento Castellanos, quien falleció en Humberto Primo, en 2006.

“El sector científico y tecnológico local nos criticó mucho, yo colaboraba con mi padre en la redacción de los proyectos, pero pienso que se dio un paso importante. Y creo que la forma como salió la ley, sin tanto debate en su aprobación definitiva en Diputados fue lo que permitió su sanción”, sospecha aún hoy Adriana, que ha visto con frecuencia la capacidad de presión de los diferentes sectores sociales, económicos y políticos en los pasillos de la Legislatura.

“Es una ley -agrega- que se aprobó junto a muchos otros temas, cuando ya se terminaba el período ordinario, y si bien sé que es un texto legal perfectible (porque no contempla las excepciones para la medicina, por ejemplo) entiendo que marca una decisión que es una bisagra en la provincia. Después de esa ley hubo otras provincias que hicieron lo mismo”.

Viejas crónicas

“Si una millonésima parte de plutonio penetrara en nuestro cuerpo nos ocasionaría cáncer. Y si esa partícula se encontrara en el pasto y fuera comida por una vaca, su carne y su leche se contaminarían y por consiguiente el hombre, al ser el último eslabón de la cadena alimentaria”. Con estos argumentos y una extensa fundamentación, el senador Horacio Bulacio obtuvo la aprobación del cuerpo para su proyecto de ley que declara zona no nuclear a la provincia de Santa Fe, informó el desaparecido diario El Matutino (que editaba El Litoral) sobre la sesión del 4 de octubre de 1991.

Adriana recuerda así a su padre: “Peronista desde siempre, carismático y muy respetado por su honestidad y atención de los más humildes, tanto durante sus 50 años como médico, como en su mandato como legislador. Papá ejerció otros cargos pero siempre ad honórem”. Hoy ella trabaja en el Senado santafesino, en la Comisión de Salud, que presidió su padre cuando terminaba el ciclo del peronismo pre-reutemannista.

“Apoyado por datos provenientes de países en los que se ha desechado esta fuente de energía, Bulacio concluyó expresando que ‘la energía nuclear es económicamente ineficiente, causa daños a la salud y aún no se ha encontrado una solución para los desechos nucleares, además de ser la fuente de proliferación del armamento nuclear. Es tiempo de sustituir a ésta por fuentes de energía renovables que son económicas, no contaminan y satisfarían plenamente la demanda de energía’ ”, citaba a Bulacio la crónica parlamentaria de El Matutino.

Un contexto muy especial

Vista desde la perspectiva de los críticos de la energía atómica, la ley que en 1991 declaró a Santa Fe zona no nuclear fue pionera en el ámbito nacional: a la sanción de esa norma le siguieron leyes de otras provincias, que incluso llevaron esa restricción a sus Constituciones.

Quien revise el contexto informativo de esos años verá que las opiniones adversas a la energía nuclear crecían tras la catástrofe de Chernobyl de 1986, y al calor de otros dos hechos, que ya no se recuerdan tanto: el llamado Proyecto Gastre y el barco con desechos radioactivos que pasó por el sur argentino.

En el primer caso, se trata del repositorio de desechos nucleares producidos en Argentina, que iba a construirse en Gastre (Chubut), aprovechando una zona que los científicos consideran ideal desde el punto de vista geológico.

Plan trunco

El plan nuclear argentino, de la década del ‘70, preveía la necesidad de un repositorio para 2005. Pero el panorama cambió: ese lugar iba a recibir los residuos de las 6 centrales nucleares planeadas hace 40 años. La realidad es que hoy Argentina tiene sólo 2 centrales, y una tercera en construcción, muy próxima a habilitarse.

Además, desde que nació el proyecto Gastre se crearon nuevas tecnologías como la vitrificación de residuos en las propias centrales.

Una ley santafesina anterior, de 1988, luego derogada por la Ley Bulacio, se ocupaba de prohibir la construcción de “los llamados Basureros Nucleares, bajo cualquier aspecto, forma y/o denominación”, según el texto legal que impulsó el diputado justicialista Oscar Máximo Somma.

En rigor, por el tipo de suelos que posee Santa Fe pocos lugares son adecuados como para un proyecto de este tipo.

En los primeros años de la década del ‘90, tenían una fuerte difusión -y repudio de las organizaciones que rechazan la energía nuclear- el transporte de los residuos radioactivos. Un barco que partió de Francia a Japón no obtuvo el permiso necesario para pasar por el Canal de Panamá y eligió otra ruta: el Cono Sur para pasar del Atlántico al Pacífico.

El paso de la embarcación fue seguido día a día, con títulos propios de una amenaza. Ese contexto influyó en la norma santafesina que aprobó la Legislatura que acompañó la gobernación de Víctor Reviglio y que Carlos Reutemann promulgó al inicio de su primera gestión.

 

Todo costaba miles de australes

En 1991, gobernaba Carlos Menem, había Convertibilidad, la palabra “desregulación” era entonces tan aceptada por el peronismo como hoy ocurre con “redistribución”.

Hojear el diario de los ‘90 es ver a infinidad de nombres de los dirigentes políticos que juraban lealtad incondicional a la libertad de mercado, a las privatizaciones y el pragmatismo, y que hoy hacen otro tanto con el llamado “modelo”. Ya en el ‘91 un título de El Litoral preguntaba: “Ruta 19: ¿para qué se cobra peaje?”.

Al terminar aquel año estaba claro que iba a cerrarse el Frigorífico Municipal, que podía caer el ingenio Arno y que por muchos años -que parecían una eternidad- el dólar seguiría anclado en 10.000 australes (restaba la conversión a pesos). El diario salía 6.500 australes.

En la provincia, el gobernador Víctor Reviglio se acercaba al final de su mandato, cuando se sancionó la ley que hizo a Santa Fe Zona No Nuclear. El debate político local tenía otros ingredientes: iba a fracasar un último intento por lograr una ley que declarase la necesidad de la reforma constitucional. El ya electo (en septiembre) gobernador Carlos Reutemann la rechazaba.

Además, había una polémica dura porque el entonces presidente de la Corte santafesina, Casiano Iribarren, había asistido a un acto partidario del Justicialismo, y había cantado la marcha.

Nombres y proyectos

Mientras transcurría la transición de un equipo de gobierno a otro, siempre dentro del PJ, tomaba forma el reutemannismo con los dirigentes electos del sublema Creo en Santa Fe y otros nuevos, elegidos por el gobernador para su gabinete, que en sus inicios tuvo más extrapartidarios que lo que resistían los estómagos peronistas: entre los ministros y secretarios había gente del PDP, ex funcionarios del proceso y sobre todo dirigentes de otros ámbitos, extraños a la vida de los partidos políticos.

Sorprendía la presencia del demoprogresista Andrés Mathurín, de Juan Carlos Mercier y del primer candidato a diputado nacional, el ruralista Marcelo Muniagurria.

En la municipalidad, el intendente electo Jorge Obeid debía lidiar con una decisión que ya era cosa juzgada: la transformación de Rincón en una comuna, extraña a la jurisdicción de la capital santafesina.

Los legisladores electos rechazaban la idea de convocar a una reforma constitucional y lo mismo hacía la mayor parte de la oposición radical (liderada por el ex intendente de Rosario, Horacio Usandizaga, que había perdido los comicios con el ex piloto).

Mercier se comenzaba a probar un traje de superministro (de Hacienda de Hacienda y de Obras Públicas, con las empresas Dipos y EPE bajo su órbita) y se reunía con el ministro saliente de Reviglio, Daniel Germano. Por esos días, partía rumbo a Rafaela como interventor Jorge Fernández.

Vanrell

Los últimos meses de 1991, la vida política santafesina fue sacudida porque se presentaba a la Justicia el depuesto y prófugo vicegobernador, Nito Vanrell.

En materia deportiva, como ahora, había un equipo en primera y otro en la B, pero para entonces la taba se había dado vuelta. En Italia, más precisamente en Nápoles, Diego Maradona debutaba en su condición de perseguido por la policía por su afición a la cocaína.

Héctor Cavallero, que era socialsita, ganaba la elección de intendente de Rosario. Contra la corriente neoliberal mayoritaria advertía que las ideologías no habían muerto (luego se pasaría al PJ).

¡Merde!

Eran otros tiempos en la velocidad de la circulación de la información. Sin Internet, las agencias de noticias dominaban: alguien había hecho rodar la idea de que Francia exportaría sus desechos de aguas residuales urbanas (su legendaria merde), y un diputado nacional menemista, titular de la comisión de medio ambiente, preparaba su proyecto de ley para prohibir el ingreso de la polémica materia, que -según los temores ambientalistas- en cantidades industriales serían “guardadas” en la Argentina.

En declaraciones al diario El Matutino, el embajador de Francia -de visita en Santa Fe- desmentía el absurdo. El tema iba en tapa, al lado de un título de alto impacto para la época: “Otro astro con sida”, con foto del pobre Freddie Mercury.