Nuevo sistema electoral, viejas prácticas políticas
Los santafesinos definirán el mes próximo, a través de internas abiertas y obligatorias, quiénes serán los candidatos de cada fuerza política para las elecciones generales de renovación de autoridades en julio.
El sistema, que además gana calidad y transpwwarencia con el mecanismo de la boleta única, fue votado en la provincia para reemplazar el vilipendiado mecanismo de la ley de Lemas, concediendo a la ciudadanía participación directa en lo que se considera las dos etapas de una misma elección, y en relevo de los acuerdos cerrados entre camarillas políticas o el peso excluyente del aparato partidario.
A las organizaciones contendientes, a la vez, les da la posibilidad de dirimir en términos civilizados y de cara a la comunidad su representación más genuina, para los casos en que no prosperen las gestiones de consenso en orden a conformar listas únicas.
En la inteligencia de la normativa opera la convicción de que ella habilita los mecanismos para descomprimir las negociaciones dentro de los partidos y permitir que todos los sectores expresen libremente sus ideas, de modo que el electorado opte por la variante que más lo convenza en cada caso.
Lejos de eso, los distintos candidatos de cada una de las distintas fuerzas políticas que integran la coalición de gobierno en nuestra provincia, se vieron envueltos en los últimos días en un crescendo de imputaciones y descalificaciones. La decisión del gobernador de jugar fuerte en la interna de su partido elevó en su momento la tensión dentro del socialismo, pero más recientemente desembocó también en fuertes cruces con el intendente santafesino, a la sazón también candidato del Frente Progresista, pero por el radicalismo.
Así, más allá del marcado y destacable esfuerzo que los postulantes pusieron para difundir sus propuestas, no menos energías fueron consumidas en debates de otra naturaleza: una verdadera “guerra de carteles” -que abarcó tanto la pretendidamente indebida utilización de la imagen de uno por el otro, como referencias a las agresiones que se realiza sobre los afiches en la vía pública- y otra, mucho más grave, vinculada al manejo de fondos públicos y subsididos en función de la campaña.
Las acusaciones tocaron el ritmo y discrecionalidad en la remisión de partidas, la asignación de recursos a municipios y comunas, y los criterios en base a los cuales se lleva adelante la obra pública. Conductas todas inadmisibles desde el punto de vista del interés público -en todos los aspectos-, tanto como la eventual falsedad de las imputaciones al respecto. Pero que, además, formaron parte del repertorio de vicios atribuido a otras gestiones y partidos, que la coalición gobernante vino a desterrar y reemplazar por buenas prácticas institucionales y políticas.
Ese fue el compromiso asumido y respaldado como tal por los santafesinos, que apostaron por el cambio que se les prometía y optaron por confiar en una alternativa, por encima del consabido y facilista discurso que extiende a toda la dirigencia la misma y negativa valoración. Es el momento de hacer honor a esa confianza y la ocasión para demostrar lo contrario.
