Normativas

El DNU de la Caja de Pandora

Félix Canale

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El sorpresivo Decreto de Necesidad y Urgencia 441, que elimina el límite para la designación de directores estatales en las compañías en las que la Anses tiene acciones, subrayó nuevamente la actitud gubernamental de cambiar arbitrariamente las reglas de juego.

Inicialmente, esas acciones fueron tomadas por la AFJP, como respaldo para el financiamiento, con el compromiso de no exigir una representación en los directorios mayor a la correspondiente al 5 % del paquete accionario, aún cuando en algunos casos esa participación superaba el 30 por ciento.

Cuando las AFJP fueron estatizadas, Amado Boudou, por entonces jefe de la Anses, aseguró que el Poder Ejecutivo no iba a incrementar su participación en las empresas financiadas, y ésa fue la prenda de cambio para que el Congreso aprobase la estatización. La semana pasada, en su informe ante una comisión bicameral, Diego Bossio, actual director de la Anses, explicó rampante que “el Estado quiere ejercer los derechos políticos de sus acciones en la misma medida que su participación económica”.

Desde Rosario, un dirigente industrial que habló a título personal, comentó a El Litoral: “Este cambio brusco de reglas de juego no me parece correcto. Sí, me parecería correcto que la Anses me diese primero la opción de recomprar mis acciones y, si no lo puedo hacer, recién entonces me exija su participación en el directorio”.

El empresario, quien milita entre quienes ven en “el modelo” la mejor alternativa, admitió sin embargo que , a su juicio y en términos políticos, el gobierno cometió un desliz. “Hoy gana las elecciones, pero con medidas como ésta pierde aceptación, porque genera incertidumbre y eso daña su imagen”, dijo.

Otra realidad

La opinión del dirigente empresarial puede no tener correlato con la dura realidad. En principio, porque ninguno de los integrantes del Senado (particularmente los opositores) que atendieron la exposición de Bossio, criticó el fondo de la medida. Por el contrario, estuvieron de acuerdo, pero cuestionaron que surgiese de un DNU y no de un debate parlamentario. De hecho, esto muestra su alineamiento ideológico con la Casa Rosada, más allá de la pirotecnia electoral.

Esta constatación obliga a revisar un reciente concepto del sociólogo Eduardo Fidanza: “El kirchnerismo ha construido un relato estigmatizante de la economía privada y contra los medios. Desde su posición concentrada, tiene la pretensión de representar los intereses del Estado y entonces los de toda la sociedad”.

Fidanza se equivoca en algo: la estigmatización de la economía privada trasciende el pensamiento del kirchnerismo cerril, permea a casi la totalidad de los segmentos del arco político con representación parlamentaria y, yendo más a fondo, alcanza a mayoritarios sectores de la sociedad aun cuando sus integrantes perciban salarios de la actividad privada.

Las fisuras

Otra cara de la realidad, es que la decisión del Poder Ejecutivo provocó, nuevamente, fisuras entre la dirigencia gremial empresaria, que navega a media agua entre la ideología y el pragmatismo. Desde la UIA y AEA, surgieron fuertes críticas a la resolución oficial, pero desde el pragmatismo, que nadie expresa abiertamente, la argumentación central es que la designación de directores estatales en las compañías no altera la relación de fuerzas dentro de los directorios y, por lo tanto, el pataleo no tiene mucho sentido.

En voz aun más baja, se argumenta que en realidad no se trata de una expresión estatizante, inherente a la ideología del modelo, sino de una jugada política para presionar sobre algunas empresas en particular: Techint, (la Anses tiene el 25,97 % de su subsidiaria Siderar) y el Grupo Clarín, donde el Estado detenta el 9 % del paquete accionario. “¿Se imagina dos directores estatales en la mesa que preside Magnetto?”, ironizó un empresario de línea pragmática.

Como se sabe, la asamblea anual de Techint rechazó el viernes la incorporación de tres directores estatales, pero abrió un cuarto intermedio hasta mayo para calibrar si negocia o recurre a la Justicia. La decisión provocó una insólita reacción del ministro Boudou con una no menos insólita argumentación: “Nos parece un fortísimo ataque del grupo Techint a la seguridad jurídica; es una violencia contra el derecho de propiedad”. Debió aclarar que hablaba de la propiedad estatal, que teje una especie de take over sobre una empresa privada.

Pandora

La reacción de la UIA, menos dura que la de AEA, peticiona en el ultimo párrafo de su comunicado que “se revea la medida adoptada, reiterando que dentro del marco jurídico y de control que todo Estado debe ejercer, la promoción de la actividad empresaria privada es una de las claves del progreso de nuestro país”.

Difícilmente habrá tal revisión, porque a partir del DNU 441 se abrió una inesperada Caja de Pandora, donde entran en acción otras fuerzas con poderosa influencia electoral. Ya no sólo se trata de abrir algunos espacios de decisión (y de sueldos) en compañías privadas para integrantes de la agrupación La Cámpora. También la CGT exige participar en el juego, colocando a representantes de extracción sindical en esos cargos sobre los que ahora intenta avanzar el Estado.

La posición cegetista no es una arrebato circunstancial para pescar en río revuelto; viene de antes. Lo recordó el diputado Héctor Recalde, apoderado de la CGT, en declaraciones al portal La Política on line: “La Constitución dice en el artículo 14 bis que los trabajadores tienen derecho a la participación en las ganancias como también en el control de la producción. Aquel sindicato que quiera plantearlo estará en su derecho y no veo cuál es el problema”.

El anteproyecto de ley sobre participación en las ganancias fue presentado hace meses, y es bien visto por lo que genéricamente se denomina oposición. Habría que agregarle una iniciativa del Poder Ejecutivo, aparentemente en gestación, modificando la ley de sociedades comerciales, y la estructura de las empresas privadas podría cambiar para siempre en la Argentina.