Editorial

Una ley cuya tardanza costó miles de vidas

Las estadísticas vinculadas con los perjuicios que provoca el cigarrillo son arrolladoras. También lo son las evidencias que demuestran las ventajas de abandonarlo a tiempo. Sin embargo y a pesar de que la Argentina firmó en 2003 un tratado mundial para el control del tabaco, el país demoró ocho años para aprobar una ley que pusiera algún freno a este fenómeno.

En realidad, el proyecto obtuvo el año pasado media sanción en el Senado de la Nación, pero recién ayer logró sortear el resto de los eslabones legislativos como para convertirse en ley. Una vez que la norma sea promulgada, la Argentina se convertirá en el octavo país libre de humo del tabaco en América latina.

No se podrá fumar en lugares públicos cerrados; se prohibirá publicitar de manera masiva el consumo de cigarrillos; los paquetes deberán incluir advertencias sanitarias con imágenes sobre los efectos de esta adicción y el dato sobre la línea gratuita para quienes deseen pedir ayuda.

La multa mínima tendrá un valor equivalente a 250 atados de cigarrillos de 20 unidades del mayor precio. Es decir que, con los valores actuales, sería como mínimo de 1.750 pesos. No la pagará el fumador, sino el propietario del local en donde se cometió la infracción.

Este punto seguramente generará controversias, ya que obliga a los propietarios o responsables de los locales a convertirse en garantes del cumplimiento de la ley. Además, en el caso de que la infracción se produzca en oficinas pública, debería ser el Estado el pague la multa.

Las cifras oficiales indican que, desde 2003 a la fecha, murieron 320 mil personas en el país por enfermedades relacionadas con esta adicción. Al parecer, el lobby de las tabacaleras fue demasiado fuerte y la cantidad de dinero que mueve el negocio, demasiado importante.

Existen ejemplos claros de que es posible luchar contra la adicción al tabaco y contra la presión de estas empresas multinacionales. En Uruguay, por ejemplo, el consumo se redujo 25% desde 2006, cuando se sancionó una ley similar a la aprobada ayer.

Pero no es necesario salir del país para encontrar ejemplos de que era posible actuar antes: estadísticas públicas y privadas de la provincia de Santa Fe revelan que se redujo el 28% la cantidad de pacientes atendidos por infartos en tan sólo un año, luego de que se aprobara una ley restrictiva del consumo de cigarrillos.

En general, quienes se niegan a acatar la norma argumentan que tienen el derecho de fumar porque, en definitiva, son ellos los que deciden qué hacer con su salud. Sin embargo, se trata de una postura falaz por varias razones: cada año, el país gasta 7 mil millones de pesos para la atención de estos enfermos y los fumadores pasivos tienen altas probabilidades de contraer las mismas enfermedades que los adictos.