Editorial

Grecia, el ajuste y las protestas

Finalmente el gobierno de Giorgios Papandreu logró aprobar en el Parlamento el plan de ajuste reclamado por la Unión Europea y el FMI para lograr los fondos que eviten el default. El oficialismo griego logró la mitad más uno de los votos a pesar del abierto rechazo de la izquierda y los partidos opositores, cuyos principales dirigentes dicen identificarse con los manifestantes que en las principales ciudades de Grecia protestan airadamente contra medidas “destinadas a hambrear al pueblo”.

Los dirigentes oficialistas admiten que las decisiones aprobadas son ingratas, pero negarse a hacer lo que reclaman los acreedores internacionales significaría un endurecimiento mucho más grave de las condiciones de vida de las clases populares. Según este criterio, el ajuste que reduce el empleo público, recorta planes sociales e incrementa impuestos, permitirá que los organismos de crédito liberan unos doce mil millones de euros que oxigenarán la economía en lo que queda de 2011 y el 2012. Más adelante está prevista otra línea de créditos que garantizarían la estabilidad económica y financiera, esta vez reforzada -siempre de acuerdo con las lecturas optimistas de los funcionarios internacionales- con un genuino crecimiento económico, pues se descuenta que luego de estas medidas la economía empezará a sanearse y el mercado asegurará la expansión.

El ajuste de Papandreu ha sido valorado por los operadores económicos y los técnicos de los organismos internacionales por el sinceramiento que implica y la audacia de la propuesta. Los críticos del liberalismo señalan que lo sucedido en Grecia es la crónica de una quiebra anunciada. Grecia sostuvo en las últimas décadas un floreciente Estado de bienestar sin disponer de los recursos necesarios para financiarlo y sin contar con una estructura productiva a la altura de estas exigencias sociales. Se estima que hay más de 200.00 empleados públicos innecesarios y que los repartos y aumentos de jubilaciones y pensiones se realizaron con absoluta discrecionalidad. A ello se suman los negociados y las concesiones a sectores corporativos que se enriquecieron a costa del Estado. Por último, los bancos repartieron créditos a mansalva y muchos de sus titulares son los que ahora protestan en las calles.

De todos modos, el interrogante hacia el futuro -en Grecia, pero también en el conjunto de la economía capitalista occidental- refiere a la viabilidad de estos ajustes y, sobre todo, a la viabilidad de una lógica que periódicamente reproduce crisis cada vez más profundas y cuyas principales víctimas son las clases populares. La experiencia de los últimos años enseña que los ajustes suelen ser tan dolorosos como estériles y que su implementación nunca cumple con los fines previstos. Por el contrario, a menudo agravan los problemas económicos que prometían resolver y, quizá como efecto no querido, suelen destruir liderazgos políticos y deteriorar las instituciones de la democracia.